La
comunidad científica canaria se rebela contra las obras de esta infraestructura
en Tenerife
Sofía
Menéndez
Los trabajos del puerto de Granadilla, al sur de la
isla de Tenerife, han comenzado, pero la comunidad científica canaria y los
grupos ecologistas (Ben Magec/ Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y
SEO/BirdLife) no pierden la esperanza de paralizar lo que consideran un
disparate medio ambiental y una obra meramente especulativa. El sábado tendrá
lugar una manifestación de protesta en Santa Cruz: ruedas de prensa, charlas y
debates, a los que han invitado también al PP,PSOE, Coalición Canaria y a los
responsables de la autoridad portuaria. Pero todos han declinado la propuesta.
El 6 de mayo de 2002, el Gobierno de Canarias acordó
declarar de interés públicoel proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de
Abona. Las razones esgrimidas -sociales y económicas- fueron "el
agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones [Puerto de Santa
Cruz] de las que depende la economía insular" y " porque no existe
otra localización viable en toda la isla".
Desde entonces, el proyecto ha tenido muchas
vicisitudes, entre otras sortear la protección de una especie protegida, los
sebadales, "praderas marinas de plantas vasculares que en la evolución de
la vida han salido del mar, en este caso han vuelto al mar y se han instalado
en los fondos arenosos, donde han constituido ecosistemas que hoy en día son
básicos para luchar contra el cambio climático". Así definió esta planta
Wolfredo Wildpret de la Torre, botánico internacional, en un acto organizado a
principios de semana por Asamblea por Tenerife.
Las obras de estainfraestructura estaban suspendidas
cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC),
ya que consideraba a las sebas (Cymodocea nodosa) especie protegida. Para
sortear esta paralización, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo
Catálogo Autonómico y cambió los sebadales de categoría.
Según el catedrático de biología marina Alberto Brito,
"el nuevo Catálogo de las Especies Amenazadas de Canarias, cuyo autor se
desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de
muchas de las especies, lo que permitirá el desarrollo de macroproyectos que el
Gobierno canario quiere sacar adelante desde hace tiempo, como es el caso del
puerto de Granadilla en Tenerife".
Las sebas, que en un principio estaban calificadas como
"sensible a la alteración de su habitat" pasaron a ser "especies
de interés para los ecosistemas canarios" y se quedaron sin protección
ninguna en el entorno de Granadilla, según la nueva normativa. Aún sin autor
reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalaban a Domingo
Berriel, el anterior consejero de Medio Ambiente, como su artífice. Berriel,
que en esta nueva legislatura autonómica ha sido trasladado a la cartera
Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, es ingeniero industrial e
inició su carrera en una constructora.
Ayer la organización Ben Magec/Ecologistas en Acción
anunciaba la presentación de una denuncia contra Berriel, como responsable de
la irregular orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla,
promulgada en el año 2009.
Catedráticos como Wolfredo Wildpret de la Torre, que ha
recibido este año el Premio de Canarias de investigación, se niegan a
"tirar la toalla" y dejar que destruyan uno de los ecosistemas
marinos más importantes del archipiélago. Wildpret califica la infraestructura
de"disparate y dislate". Federico Aguilera Klink, catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, también ha seguido el
proyecto de Granadilla y no ve un solo argumento económico para llevar a cabo
la obra. "La Administración lo ha disfrazado de interés público, pero no
hace falta para nada, es una infraestructura, como otras muchas que se han
hecho en España, un simple pelotazo, un fraude, y para ello han creado una
articulación jurídica falsa".
Para el investigador Alberto Brito, que estos días se
encuentra abordo del barco que estudia la erupción del volcán de El Hierro, las
obras son un "atentado". Hoy las cámaras se fijan en un fenómeno
natural, como es la erupción del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro,
pero Wildpret asegura que no estaría de más que también se observará como la
obra del puerto de Granadilla está generando una pluma de materiales en
suspensión que se deslizan por las corrientes hacia el sur, hacia el Médano.
"Ahora mismo podemos decir ya, si las palas continúan trabajando a este
ritmo, cuál va ser el futuro de destrucción y devastación", añade el
profesor, que recuerda que se trata área con una biodiversidad importantísima.
"En los sebadales las especies viven interrelacionadas y en el momento que
un eslabón de la cadena se rompa destruimos un ecosistema único. Todo
desaparecerá", añade Wildpret, "por una artimaña llevada a cabo para
descatalogar estas plantas en el listado de Especies protegidas".
Otro de los críticos es Pedro Anatael Meneses, expresidente
de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica
de Santa Cruz de Tenerife, para quien las obras que se llevan a cabo en
Granadilla "son una barbarie, una sin razón, una ilegalidad".
"Los que defienden este proyecto argumentan que el puerto de Santa Cruz
estaba agotado, cuando sobra espacio por todos lados y está
infrautilizado", denuncia.
El profesor pide que se frene el gasto inútil, que en
esta primera fase de construcción serán 160 millones de euros, que se multiplicarán
por cuatro hasta terminar la obra. "El coste mínimo de millones que se
tiren al mar será de 600".
Lo más absurdo, según Cándido Quintana, de Asamblea por
Tenerife, es que solo se crearán 45 puestos de trabajo en las labores de
construcción, porque luego los fuertes vientos dominantes harán que la mayor
parte del tiempo este megapuerto esté "cerrado a cal y canto".
Por su parte, la Consejería de Obras Públicas recordó
que los ecologistas han denunciado "aspectos relacionados con el puerto
ante las más diversas instancias". "Aun así, la construcción sigue
adelante con todas las autorizaciones correspondientes, incluidas las estatales
y europeas". Y concluyen: "Por tanto, el consejero no se muestra
preocupado por la acusación y dedica su tiempo a trabajar".
