domingo, 22 de diciembre de 2013

Europa rechaza la denuncia contra el Observatorio Ambiental del Puerto

Vía: Foro Contra la Incineración de Residuos

Ben Magec estudia presentar alegaciones en la Comisión de Medio Ambiente 

Ylenia Lorenzo 21.12.2013
Europa no ve irregularidades en los trabajos realizados por el Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) y se fía de la labor de esta fundación para velar por la conservación medioambiental de las zonas afectadas por la construcción del puerto sureño. Ésta es la respuesta que ha dado la Comisión de Medio Ambiente a Ben Magec–Ecologistas en Acción, que el pasado mes de julio presentó un informe en el que acusaba a este órgano de incumplir su finalidad de vigilar el impacto de las obras.
La federación asegura en su documento que el OAG no es una entidad independiente y que, por tanto, contradice al requisito fijado por el Ejecutivo comunitario, ya que sus componentes "están relaciones con el promotor del puerto" y el director, Antonio Machado, "es un antiguo cargo y personal de confianza del Gobierno de Canarias, además de que es un defensor del muelle y un firme detractor de cualquier otra persona u organización que presente argumentos en su contra".
Ben Magec recuerda que la Comisión europea estableció en 2006 condicionantes medioambientales para poder ejecutar la obra que debían ser supervisados por el Observatorio, pero según los ecologistas, esta fundación "está más preocupada por desbloquear el proyecto y eliminar todos los obstáculos para poder continuar con los trabajos", según denunció ayer la portavoz de la federación, Yasmina Encinoso, que aclaró que el director del OAG "en vez de vigilar que se cumplan las medidas impuestas por Bruselas, ofrece soluciones".
Uno de los argumentos utilizados por los ecologistas es el mal estado de la Zona de Especial Conservación de la piña de mar, una planta en extinción que vive junto al Puerto de Granadilla. Este vegetal, aparte de formar parte del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, está protegida por el Ejecutivo comunitario, que obligó en 2006 a la Comunidad Autónoma a delimitar el espacio donde se encuentra para ser salvaguardado ante la futura construcción.
La piña de mar quedó incorporada en 2009 a esta zona especial establecida por Bruselas y, ante el deterioro que presenta, reconocido por el OAG, "en vez de cuidar de la planta, lo que hace es emitir una serie de recomendaciones encaminadas a eliminar esta barrera de protección", denunció Encinoso.
Tanto éste como el resto de argumentos utilizados por Ben Magec para defender "la no independencia" del Observatorio fueron archivados a principios de este mes por la Comisión Europea de la Dirección General de Medio Ambiente. Los ecologistas denuncian también el retraso en la construcción de un trasvase de arena mientras que las obras del puerto "se encuentran avanzadas en un 70% en el contradique y en un 20% en el dique de abrigo, estructuras que interrumpen el flujo de arena. El OAG no ha alertado sobre ello".
Bruselas, sin embargo, afirma que se ha solicitado información al respecto y que, después de argumentársele por qué aún no se ha desarrollado este bypass para evitar la pérdida de arena, considera que "el retraso en la ejecución no supone riesgos ni perjuicios para el medio ambiente".
Respecto a la independencia o no de la fundación, la Comisión Europea indica que esta cuestión ya fue contestada en 2008 ante una queja anterior y recuerda que "esta petición se cerró a partir de la información obtenida por las autoridades competentes sin que diera lugar al inicio de un procedimiento de investigación".
En cuanto a las demás de quejas, no entra en detalle sobre si las zonas de protección o las medidas para compensar los efectos del proyecto se desarrollan de forma adecuada, sino que se limita a decir que existe la declaración de un nuevo lugar de importancia comunitaria para la protección de la piña de mar, así como las áreas que albergan bancos de arena denominadas Sebadales de Güigüi y de Antequera. Agrega, además, que también se han establecido las directrices para compensar los efectos del puerto respecto a la tortuga boba y Montaña Roja.
"A través de la información aportada por la autoridad competente en todos estos puntos, se ha considerado que ha acreditado el cumplimiento de las exigencias de la legislación de la Unión Europea y del dictamen de 2006", sentencia la Comisión de Medio Ambiente.
Ben Magec estudia ahora presentar alegaciones a esta decisión y subraya que seguirá "luchando para frenar la construcción" del muelle. Encinoso recuerda, de hecho, que aún hay otras denuncias abiertas, como la presentada ante la Fiscalía para que se investigue si "el director de la OAG ha dado por buena canteras ilegales para la extracción de áridos".
Dado los últimos acontecimientos, el Puerto de Granadilla seguirá adelante pese a las fuertes críticas de diversos colectivos verdes. La última palabra al respecto la ha dado Bruselas en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy Meyer.
La Comisión manifestó a principios de semana que la competencia para paralizar la construcción corresponde al Gobierno central, que para el próximo año contempla en sus presupuestos dedicar 42,8 millones de euros para las obras del dique de abrigo de la futura infraestructura del Sur.



martes, 17 de diciembre de 2013

Parar la construcción del Puerto de Granadilla corresponde a España, según CE


La decisión de parar la construcción del puerto de Granadilla y sus infraestructuras adjuntas, en Santa Cruz de Tenerife, es competencia de España, ha indicado la Comisión Europea (CE).
"Corresponde a las autoridades nacionales evaluar si deben pararse las obras del puerto de Granadilla e informar de ello a la Comisión", explicó el Ejecutivo comunitario en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy Meyer.
Meyer alertó a la CE sobre la construcción de este puerto "en completa ilegalidad" y le preguntó si consideraba "que el Gobierno de España debe detener inmediatamente las obras", según una sentencia del Tribunal Supremo de España y que "ha examinado" la CE.
Pese a ello, "no es competencia suya (de la Comisión) interpretar la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo ni extraer conclusiones".
El eurodiputado dijo que, en cualquier caso, la "construcción ya ha provocado en la zona importantes daños ambientales" de "posible carácter irreversible, sin que ninguna administración haya asumido responsabilidad alguna".
Ante la pregunta del europarlamentario de si "se ha financiado con fondos europeos alguna parte de este proyecto ilegal", la CE "confirma que hasta la fecha no se han abonado los fondos de la Unión Europea para el proyecto del Puerto de Granadilla".
Añadió que corresponde asimismo al Estado miembro "declarar exclusivamente como legales y regulares los gastos contraídos y pagados con respecto a los proyectos".

"La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) interpuso una demanda contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, del 12 de mayo de 2008", al considerar que el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tenerife que incluía el proyecto era contrario a la ley, explicó Meyer en su pregunta.