La decisión de
parar la construcción del puerto de Granadilla y sus infraestructuras adjuntas,
en Santa Cruz de Tenerife, es competencia de España, ha indicado la Comisión
Europea (CE).
"Corresponde a las autoridades nacionales evaluar si deben
pararse las obras del puerto de Granadilla e informar de ello a la
Comisión", explicó el Ejecutivo comunitario en respuesta a una pregunta
del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy
Meyer.
Meyer alertó a la CE sobre la construcción de este puerto
"en completa ilegalidad" y le preguntó si consideraba "que el
Gobierno de España debe detener inmediatamente las obras", según una
sentencia del Tribunal Supremo de España y que "ha examinado" la CE.
Pese a ello, "no es competencia suya (de la Comisión)
interpretar la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo ni extraer
conclusiones".
El eurodiputado dijo que, en cualquier caso, la
"construcción ya ha provocado en la zona importantes daños
ambientales" de "posible carácter irreversible, sin que ninguna
administración haya asumido responsabilidad alguna".
Ante la pregunta del europarlamentario de si "se ha
financiado con fondos europeos alguna parte de este proyecto ilegal", la
CE "confirma que hasta la fecha no se han abonado los fondos de la Unión
Europea para el proyecto del Puerto de Granadilla".
Añadió que corresponde asimismo al Estado miembro "declarar
exclusivamente como legales y regulares los gastos contraídos y pagados con
respecto a los proyectos".
"La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)
interpuso una demanda contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, del 12 de mayo de 2008", al
considerar que el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur
de Tenerife que incluía el proyecto era contrario a la ley, explicó Meyer en su
pregunta.
