domingo, 13 de noviembre de 2011

Territorio, democracia y bienestar



Faustino García Márquez.

Hace 120 años, un señor de barba y melena definió la sostenibilidad como la obligación que tiene cada generación de gestionar cuidadosamente la tierra para entregarla, mejorada, a la siguiente generación. Nosotros, aquí, estamos incumpliendo gravemente esta obligación. Estamos asistiendo al saqueo sistemático de un territorio particularmente hermoso y valioso, soporte de una biodiversidad única en todo el planeta y base de nuestra principal actividad económica, el turismo.

Este saqueo es consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible, basado en el crecimiento ilimitado y el ilimitado consumo de suelo, y conducido por el desgraciado matrimonio entre el turismo, buena gente, y la construcción, matrona insaciable. Y tenemos límites, porque vivimos demasiados en islas demasiado pequeñas y frágiles y aún tendrán que vivir más en ellas, en los próximos siglos, si les dejamos algo. Pero ellos, la parte más dura de nuestros empresarios y la parte más complaciente y cómplice de nuestros políticos, no quieren saber nada de límites. Ellos han conseguido que desde el año 2000 al 2010, la planta hotelera legal canaria haya crecido un 54%, con un incremento de 70.000 camas, en plena y dicen ellos que nefasta moratoria turística. Y hablamos de camas legales, a las que hay que sumar, según las estadísticas oficiales, más de un 30% de camas ilegales, como media, porcentaje que en islas como Lanzarote y El Hierro supera el 100%. Eso, a pesar de que en estos 10 años el número de turistas extranjeros descendió un 13,5% y se redujo la estancia hotelera media en un 12%. Eso, a pesar de que en los últimos 4 años, el gasto turístico en Canarias también ha bajado casi un 6%. Esto no es un modelo de desarrollo; es un auténtico disparate.

Pero este disparate está consumiendo nuestro territorio a una velocidad vertiginosa: en Lanzarote, Tenerife y La Gomera, se ha ocupado en 15 años más de la mitad del suelo que se había artificializado en los 500 años anteriores. Y en Fuerteventura, en esos mismos 15 años, se ha hormigonado y asfaltado casi el doble de suelo que en los 600 años anteriores.

Y parece que no es bastante. Aún faltan un montón de puertos, aeropuertos, autopistas, trenes y centros comerciales. No ha sido suficiente con un Catálogo de Especies Protegidas para proteger sus intereses en Granadilla; no ha bastado con meter un campo de golf y 600 plazas hoteleras en un Paisaje Protegido de La Palma; no ha alcanzado con una ley de medidas urgentes que ha abierto el suelo rústico de protección agraria a un amplio abanico de usos lucrativos ajenos a su finalidad, vital para nuestra subsistencia, o que permita la demolición de nuestro patrimonio rural con valor arquitectónico o etnográfico. Parece que es poco, y por eso el portavoz de economía del Partido Popular ha anunciado la intención de resucitar la Ley del Suelo de 1998, que declaraba urbanizable todo el territorio, mientras no se demostrara lo contrario.

De nada ha servido que la voracidad de los promotores y la codicia de los bancos haya provocado la creación y el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y haya llevado al paro y a la ruina a miles de familias. Con la excusa de la crisis y el desempleo que ellos mismos han contribuido a generar, aquí también han arreciado las presiones de organizaciones empresariales, de centros atlánticos de pensamiento estratégico y hasta de un futuro e imposible Diputado del Común, para que se desregularice, se desmonten y deroguen los obstáculos legales y públicos a la sacrosanta iniciativa inmobiliaria, para que se derriben normas de protección y utilización eficiente del territorio. Y ya ha empezado la tarea de los grupos políticos en el Gobierno regional, amenazando con una nueva y desafinada ley de armonización, anunciada estrella de una tenebrosa legislatura, y presentando en el Parlamento canario una proposición de ley para eliminar los límites de densidad máxima con los que la ley canaria defiende la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa proposición de ley de Coalición Canaria ha sido tomada en consideración con el apoyo socialista, hace tan sólo un mes.

Ante el persistente saqueo y la redoblada ofensiva, los ciudadanos tenemos que recuperar la iniciativa. No basta con que combatan los vecinos de Tres Palmas, de Guanarteme o de las Torres del Canódromo; tendremos que implicarnos en el cambio de un modelo ruinoso por un nuevo modelo de desarrollo territorial eficaz y eficiente, hermoso y compartido, austero y compacto, duradero y sostenible, tal como lo propugnan nuestras olvidadas y destrozadas leyes. Y eso es lo que pretende el Manifiesto por "más democracia y más bienestar", presentado el miércoles, en el Club La Provincia públicamente: implicarnos democráticamente con el futuro, con el bienestar de las generaciones venideras, las únicas y legítimas dueñas de la tierra.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Puerto de Granadilla: el gran dislate



La comunidad científica canaria se rebela contra las obras de esta infraestructura en Tenerife

Sofía Menéndez



Los trabajos del puerto de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife, han comenzado, pero la comunidad científica canaria y los grupos ecologistas (Ben Magec/ Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife) no pierden la esperanza de paralizar lo que consideran un disparate medio ambiental y una obra meramente especulativa. El sábado tendrá lugar una manifestación de protesta en Santa Cruz: ruedas de prensa, charlas y debates, a los que han invitado también al PP,PSOE, Coalición Canaria y a los responsables de la autoridad portuaria. Pero todos han declinado la propuesta.
El 6 de mayo de 2002, el Gobierno de Canarias acordó declarar de interés públicoel proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla de Abona. Las razones esgrimidas -sociales y económicas- fueron "el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones [Puerto de Santa Cruz] de las que depende la economía insular" y " porque no existe otra localización viable en toda la isla".

Desde entonces, el proyecto ha tenido muchas vicisitudes, entre otras sortear la protección de una especie protegida, los sebadales, "praderas marinas de plantas vasculares que en la evolución de la vida han salido del mar, en este caso han vuelto al mar y se han instalado en los fondos arenosos, donde han constituido ecosistemas que hoy en día son básicos para luchar contra el cambio climático". Así definió esta planta Wolfredo Wildpret de la Torre, botánico internacional, en un acto organizado a principios de semana por Asamblea por Tenerife.

Las obras de estainfraestructura estaban suspendidas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que consideraba a las sebas (Cymodocea nodosa) especie protegida. Para sortear esta paralización, la Consejería de Medio Ambiente aprobó un nuevo Catálogo Autonómico y cambió los sebadales de categoría.

Según el catedrático de biología marina Alberto Brito, "el nuevo Catálogo de las Especies Amenazadas de Canarias, cuyo autor se desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de muchas de las especies, lo que permitirá el desarrollo de macroproyectos que el Gobierno canario quiere sacar adelante desde hace tiempo, como es el caso del puerto de Granadilla en Tenerife".

Las sebas, que en un principio estaban calificadas como "sensible a la alteración de su habitat" pasaron a ser "especies de interés para los ecosistemas canarios" y se quedaron sin protección ninguna en el entorno de Granadilla, según la nueva normativa. Aún sin autor reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalaban a Domingo Berriel, el anterior consejero de Medio Ambiente, como su artífice. Berriel, que en esta nueva legislatura autonómica ha sido trasladado a la cartera Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, es ingeniero industrial e inició su carrera en una constructora.

Ayer la organización Ben Magec/Ecologistas en Acción anunciaba la presentación de una denuncia contra Berriel, como responsable de la irregular orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla, promulgada en el año 2009.

Catedráticos como Wolfredo Wildpret de la Torre, que ha recibido este año el Premio de Canarias de investigación, se niegan a "tirar la toalla" y dejar que destruyan uno de los ecosistemas marinos más importantes del archipiélago. Wildpret califica la infraestructura de"disparate y dislate". Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, también ha seguido el proyecto de Granadilla y no ve un solo argumento económico para llevar a cabo la obra. "La Administración lo ha disfrazado de interés público, pero no hace falta para nada, es una infraestructura, como otras muchas que se han hecho en España, un simple pelotazo, un fraude, y para ello han creado una articulación jurídica falsa".

Para el investigador Alberto Brito, que estos días se encuentra abordo del barco que estudia la erupción del volcán de El Hierro, las obras son un "atentado". Hoy las cámaras se fijan en un fenómeno natural, como es la erupción del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro, pero Wildpret asegura que no estaría de más que también se observará como la obra del puerto de Granadilla está generando una pluma de materiales en suspensión que se deslizan por las corrientes hacia el sur, hacia el Médano. "Ahora mismo podemos decir ya, si las palas continúan trabajando a este ritmo, cuál va ser el futuro de destrucción y devastación", añade el profesor, que recuerda que se trata área con una biodiversidad importantísima. "En los sebadales las especies viven interrelacionadas y en el momento que un eslabón de la cadena se rompa destruimos un ecosistema único. Todo desaparecerá", añade Wildpret, "por una artimaña llevada a cabo para descatalogar estas plantas en el listado de Especies protegidas".

Otro de los críticos es Pedro Anatael Meneses, expresidente de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, para quien las obras que se llevan a cabo en Granadilla "son una barbarie, una sin razón, una ilegalidad". "Los que defienden este proyecto argumentan que el puerto de Santa Cruz estaba agotado, cuando sobra espacio por todos lados y está infrautilizado", denuncia.

El profesor pide que se frene el gasto inútil, que en esta primera fase de construcción serán 160 millones de euros, que se multiplicarán por cuatro hasta terminar la obra. "El coste mínimo de millones que se tiren al mar será de 600".

Lo más absurdo, según Cándido Quintana, de Asamblea por Tenerife, es que solo se crearán 45 puestos de trabajo en las labores de construcción, porque luego los fuertes vientos dominantes harán que la mayor parte del tiempo este megapuerto esté "cerrado a cal y canto".

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas recordó que los ecologistas han denunciado "aspectos relacionados con el puerto ante las más diversas instancias". "Aun así, la construcción sigue adelante con todas las autorizaciones correspondientes, incluidas las estatales y europeas". Y concluyen: "Por tanto, el consejero no se muestra preocupado por la acusación y dedica su tiempo a trabajar".