Vía: sisepuedecambiar.blogspot.com
En la rueda de prensa conjunta de representantes de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla y Alternativa Sí se puede se hicieron públicos también los informes técnicos sobre la inoperatividad del puerto debido a los vientos en la zona y la denuncia presentada contra los movimientos de tierra realizados el pasado 30 de julio, paralizados nuevamente por el TSJC.
En la convocatoria a los medios celebrada en la mañana del miércoles en Santa Cruz de Tenerife se dieron cita Beatriz González, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, Antonio Cabrera (Concejal de Alternativa Sí se puede en el Ayuntamiento de Granadilla, donde ocupa las concejalías de Medioambiente, Cultura y Agricultura), Fernando Sabaté (Portavoz insular de Sí se puede) y José María Fernández-Palacios (miembro de la Coordinadora Insular de Sí se puede y profesor de Ecología en la Universidad de La Laguna).
Durante la rueda de prensa se ofreció información sobre las 16 preguntas que con la intermediación de Sí se puede y la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla se presentaron el pasado 26 de julio por parte del senador Jordi Guillot Miravet de Iniciativa per Catalunya-Verds. En las preguntas al ejecutivo central se trata de saber el conocimiento que desde el Ministerio de Fomento y el de Medioambiente se tiene de la repercusión social y medioambiental que puede tener el Puerto de Granadilla sobre la zona.
Para Antonio Cabrera “resulta llamativo que hayamos tenido que acceder a un informe independiente para conocer que debido a las condiciones de viento en la zona de Granadilla donde se refleja que el puerto estaría inoperativo debido al viento el 58% de los días del año, por presentar unas velocidades de viento que dificultarían el movimiento de contenedores y otras tareas portuarias”. Con las preguntas formuladas por el senador de Iniciativa per Catalunya-Verds queremos dejar constancia de las graves afecciones que esta obra generará en el entorno natural costero de Granadilla, sobre la circulación natural de arena para las playas de la zona, las poblaciones de sebadales y de tortuga boba o la afectación a espacios de la Red natura 2000.
Por su parte Fernando Sabaté como portavoz insular de Sí se puede considera que el anuncio de la reanudación de las obras en la zona del Puerto de Granadilla el pasado día 30 de julio y los desmontes que se produjeron hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reafirmó en la paralización de las mismas “forman parte de una estrategia con dos posibles motivaciones, por un lado generar desánimo entre la mayoría social de Tenerife que se opone a este infraestructura y por el otro, algo que nos resulta aún más preocupante, permitir que las empresas beneficiadas por esta obra puedan recibir una indemnización pública por el concepto de lucro cesante”. En este sentido Antonio Cabrera apuntó que “de llevarse a cabo esta maniobra sería una forma perversa de gastar fondos públicos en un momento donde miles de familias están pasando por una difícil situación económica”.
Antonio Cabrera también expuso que “para iniciar cualquier tipo de obra pública se requiere que previamente exista una aprobación por parte del órgano competente”. En el caso del Puerto de Granadilla “estas deberían contar con el permiso del Ministerio de Fomento y con un Plan Director de Infraestructuras del Puerto, algo de lo que a día de hoy este proyecto carece”.
Para Beatriz González “en los movimientos de tierra desarrollados en la zona donde se pretende instalar el puerto el pasado viernes los integrantes de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, de Sí se puede y de la Corporación granadillera allí presentes pudimos constatar la falta absoluta de permisos y que incluso el palista parecía desconocer su cometido. Por esto y por existir una sentencia del TSJC paralizando de forma cautelar las obras denunciamos lo sucedido ante el puesto de la Guardia Civil de Granadilla”.
González expone que con la ley en la mano “la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es un organismo incompetente para adoptar la decisión del inicio de las obras y sin embargo son los que han autorizado a las empresas adjudicatarias sin contar con la aprobación del Ministerio de Fomento ni tan siquiera una financiación clara”.
