lunes, 16 de agosto de 2010

Greenpeace acusa a la Autoridad Portuaria de Tenerife de ser antidemocrática al iniciar las obras de Granadilla


María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace España, explicó en Radio San Borondón que la modificación por parte del Parlamento autonómico del catálogo de especies protegidas de Canarias a la carta para salvar los obstáculos legales que existían sobre la descatalogación de los sebadales del sur de Tenerife y poder así construir el puerto de Granadilla es un hito medioambiental a nivel europeo, una trampa por parte del Gobierno que tendrá consecuencias medioambientales muy graves y una maniobra absolutamente burda para burlar las leyes que espera que sea puesta en su sitio por parte de la Justicia en cuanto a que sea declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional.
María José Caballero afirma que es difícil de explicar "sin mentir" por qué los gobiernos canario, español y europeo están cometiendo atropellos contra el medio ambiente llevando a cabo políticas altamente desarrollistas mediante la construcción de proyectos como el puerto de Granadilla, porque lo que ha hecho el ejecutivo autonómico con la Ley de especies es injustificable y no admite otro calificativo que el de burla contra la democracia.
Desde su punto de vista, la modificación del catálogo de especies protegidas de Canarias a la carta para salvar los obstáculos legales que existían sobre la descatalogación de los sebadales del sur de Tenerife y poder así construir el puerto de Granadilla es un hito medioambiental a nivel europeo, porque si en el aspecto económico sí ha habido modificaciones legales para poder afrontar asuntos, jamás se había visto en el ámbito ambiental, siendo lo más parecido que podemos encontrar los casos del pantano de Itoiz (Navarra), en donde para poder realizar la obra el gobierno se inventó una Ley para desproteger la zona en donde está ubicado el embalse, así como un caso en Murcia, recurrido actualmente en el Tribunal Constitucional, en donde para poder construir la mayor ciudad turística de toda Europa en el cabo de Cope el ejecutivo autonómico, por medio de una triquiñuela, plantea una enmienda técnica de última hora en la Ley del suelo para desproteger 15.000 hectáreas de un parque natural.
Advierte que la aprobación del catálogo de especies protegidas de Canarias es una trampa por parte del Gobierno que tendrá consecuencias medioambientales muy graves, una maniobra absolutamente burda que espera que sea puesta en su sitio por parte de la Justicia en cuanto a que sea declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional.
Sobre las declaraciones del responsable del PP en Granadilla, Esteban González, en las que acusaba a los movimientos ecologistas de falsear la realidad para retorcer el caso judicialmente, a tiempo que descartó la existencia de reparos jurídicos que impidan que continúen las obras, la responsable de campañas de Greenpeace en España respeta la opinión del político conservador, sin embargo critica que los partidos que sustentan el Gobierno canario trata de aplicar una política de hechos consumados, buscando que mientras la Justicia va caminando en el proceso ya se haya hecho una buena parte del trabajo para provocar el lucro cesante que beneficie a las empresas o para que sea muy dificultoso que se pare el proyecto por las altas indemnizaciones que conllevaría en lo que es una política totalmente desleal.
María José Caballero critica que en el asunto del puerto de Granadilla primen los intereses personales de las empresas que tienen la concesión de las obras que los intereses generales, así como el hecho de que los gestores políticos obvien los mandatos de la justicia y den luz verde a que se reinicien las obras, cuando deberían tener especial cuidado en las formas en las que se invierten los recursos públicos y cómo se transmite a los ciudadanos el respeto a las leyes.
Desde su punto de vista, los políticos deben dar ejemplo de cómo se cumplen los requisitos legales de forma totalmente escrupulosa, sin embargo en torno al puerto industrial, bien por desconocimiento e ignorancia o sencillamente orientados a intereses especulativos, tratan de vender a la sociedad que la Justicia está actuando de forma incorrecta, una postura totalmente intolerable en un cargo público y en un Estado de derecho.