Vía: www.diariodeavisos.com
Vicente Pérez
La
advertencia que ha hecho la Comisión
Europea a España para
que modifique la ley del catálogo
de especies naturales protegidas de Canarias por
vulnerar la legislación comunitaria no afectará sin embargo a las
obras del puerto de Granadilla, puesto que el reparo europeo se
refiere al inventario de flora y fauna que requiere protección, pero
no al sebadal como ecosistema.
Así
lo explicaron ayer tanto el director del Observatorio Ambiental
creado para supervisar la corrección del impacto ambiental de esta
obra, el biólogo Antonio Machado, como la portavoz nacional de
Greenpeace en materia de Costas, Pilar Marcos, y el portavoz de Ben
Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, quienes, sin embargo,
coincidieron en criticar las prisas e irregularidades con las que se
aprobó en 2010 el nuevo catálogo, que permitió desbloquear la
ejecución del este puerto mediante la desprotección de los
sebadales.
El
Gobierno canario debe ahora aprobar una nueva ley de especies que
respete la Directiva sobre Hábitat, pues la Comisión Europea (CE)
la considera vulnerada. Y es que se rebaja en Canarias la
protección a 19 especies protegidas en dicha directiva a las que
sólo se garantiza ya su preservación si están dentro de la red de
espacios naturales protegidos, con arreglo a una nueva categoría,
inexistente en la legislación europea y estatal, denominada “de
interés para los ecosistemas de las Islas Canarias”. “Es
decir, no están protegidas fuera de la red, donde por lógica
necesitan más protección, en lugar de menos”, enfatiza la CE en
el documento sobre su advertencia a España por este motivo.
Sostiene
el ejecutivo europeo que, si bien el Gobierno español le ha
respondido que el Catálogo Nacional -que sí cumple con la citada
directiva- prevalece sobre el canario, la realidad es que “la
existencia de dos sistemas de protección superpuestos [el regional y
el estatal] se traduce en un marco legal ambiguo e incierto”, y
hace que su aplicación sea “poco clara, imprecisa y de efectos
impredecibles”. De ahí que dé un plazo a España para
que modifique la ley canaria o, de lo contrario, denunciará el caso
ante los tribunales de Justicia. Sin embargo, Machado y
Castro indicaron que la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene
preparada desde hace más de un mes una revisión del catálogo, a la
que incluso Ben Magec ha presentado alegaciones, aunque ayer ningún
cargo de la Consejería autonómica de Sostenibilidad hizo
declaraciones al respecto.
El
director del Observatorio Ambiental admitió que la ley de 2010
(aprobada en el Parlamento canario con el no del PSC y el sí de CC y
PP) se hizo “sin rigor y supeditada a presiones de todos lados”,
sin antes cambiar el catálogo nacional y los anexos de la directiva
europea, “y eso ha creado un lío, del que va a salir un
esperpento”. “Se perdió una gran oportunidad”,
apostilló.
Por
su parte, la portavoz de Greenpeace dijo que, si bien esa resolución
de la CE no parará las obras del puerto, ya avanzadas, le queda “la
sensación de algún día la Justicia responderá a esta barbaridad,
pues ha habido connivencia política para que prevaleciera la
destrucción del medio ambiente”. En esta línea, desde
Ben Magec, Fran Castro afirmó que “se ha demostrado que el nuevo
catálogo es un disparate, que se hizo deprisa y corriendo para
permitir el cambio de categoría de las sebas (que la UE protege en
zonas declaradas de especial conservación, no como especie) y hacer
este puerto”. “Y aquello que nos rechinó aquí
entonces, proteger una especie solo en espacios protegidos, les ha
rechinado también ahora en Bruselas”, remachó el ecologista.
