Mostrando entradas con la etiqueta prensa canaria. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta prensa canaria. Mostrar todas las entradas

sábado, 23 de mayo de 2015

Los biólogos denuncian la gestión ineficaz de la biodiversidad canaria

Nota de la Redacción: A pocas horas de las elecciones locales de 2015 queremos hacer una pequeña reflexión. Durante la lucha del Catálogo de Especies que fue aprobado en 2010 para descatalogar la seba y construir el puerto de Granadilla el PSOE hacía campaña en contra de este infame catálogo llegando a aparecer a las manifestaciones que se hacían en contra del texto. Este partido ha gobernado codo con codo con CC durante estos últimos 4 años y, pese a que se comprometieron a cambiar el texto si gobernaban, no han tocado ni una coma de dicha Ley porque ya sabemos que los intereses de gobierno y de oposición son otros. Es más, cada tres o cuatro meses Ben Magec pedía una reunión con la encargada de Medio Ambiente, Guasimara Medina, y esto nunca pasó. En Granadilla se está construyendo un puerto que nunca va a estar operativo y lo único que hemos sacado en claro, por la imputación de Pedro Fernandez Arcila, que Sí Se Puede durante 2007 2011 se financiaba del Ayuntamiento de Granadilla  gracias al único concejal que tenía, Antonio Cabrera, que mantuvo un pacto repugnante de gobierno con CC y PP. Ya a nadie le interesa ni que se esté construyendo el puerto ni que se modifique el catálogo: Sí Se Puede y la marca robada de Podemos en Tenerife han sacado este tema de su campaña política y en Granadilla ni siquiera se presentan a la alcaldía. Las elecciones no van a cambiar nada de esto, todo va a seguir igual, pero valga esta pequeña nota de redacción para que se sepa que aunque se salgan con la suya los ciudadanos no somos imbéciles.

Vía: eldiario.es



El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ha denunciado este miércoles la instrumentalización política que se realiza en torno a la biodiversidad, así como la falta de una gestión eficaz y de inversiones en la conservación de especies y espacios protegidos.

Además, y con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebrará el viernes, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias pregunta por el Catálogo de Especies Amenazadas.

Afirma el colegio de biólogos que, de forma demagógica, algunos políticos han usado la biodiversidad como "estandarte", cuando la realidad es que no han ejercido sus funciones en esta materia, y como ejemplo pone las polémicas plataformas petrolíferas.

Así, señala que el conocimiento que había de los fondos profundos y su biodiversidad era prácticamente nulo, y tuvo que llegar una fundación privada norteamericana a hacer un estudio detallado de los fondos porque en Canarias "no invertimos en este tipo de cosas".

Se refiere también a que se observa "amargamente" cómo cada día en las instituciones de las islas se abandonan los últimos proyectos de conservación que quedaban en departamentos universitarios, los jardines botánicos, Centro Superior de Investigaciones Científicas, museos de Ciencias.

Y tras esos cierres los investigadores y técnicos, con años de experiencia y con una cualificación de excelencia, dejan sus puestos que de por sí eran precarios, para dejar toda la investigación y la gestión en manos del voluntarismo.

Ante esta situación el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias hace un llamamiento a la sociedad y a los políticos en particular para que se exijan al próximo gobierno las inversiones que precisan los estudios de biodiversidad, los planes de conservación de especies y la gestión de los espacios protegidos.

Critica que mientras que cada año se descubren, de media, seis especies, muchas de las cuales necesitan un plan de conservación y otras, seguimiento específico, los últimos gobiernos de Canarias han hecho "dejación" de funciones en la conservación de la biodiversidad de las islas.

Asegura el colegio de biólogos que la biodiversidad ha sido a menudo un obstáculo en el desarrollo, a consecuencia de una escasa planificación e información.

Afirma que se ha intentado bordear la legalidad con interpretaciones forzadas, y comenta que la máxima de esta práctica fue la aprobación en 2010 del catálogo de especies amenazadas, sin ningún consenso profesional, académico, ni social y con gran "revuelo mediático", pero sin que desde entonces se haya movido algo.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN) se ofreció a mediar entre los sectores implicados (Administración, universidad, centros de investigación, agrupaciones ecologistas), "aunque se nos hizo caso omiso".

Con el cambio de gobierno de la legislatura que ahora finaliza, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias organizó en abril de 2013 una reunión cuyo objetivo era depurar los criterios para la evaluación de especies amenazadas, con el fin de llevar al Parlamento el nuevo catálogo prometido en las elecciones, recuerda el colegio de biólogo.

Pero, añade, dos años después y finalizada la legislatura, la realidad es que no habido ningún avance, y aquel revuelo social, político y mediático ha quedado en nada.

Explica que los programas de recuperación de especies en las administraciones públicas canarias carecen de financiación adecuada y el nuevo catálogo de especies amenazadas prometido no ha visto la luz.

Señala el colegio de biólogos que incluso, en la única iniciativa clara que ha previsto el gobierno canario en biodiversidad, "como fue la creación con fondos públicos (300.000 euros) de la "Base de datos de Biodiversidad Canaria -Atlantis-, presenta problemas y no presta el servicio requerido.

Y para el Colegio de Biólogos de Canarias se trata de una herramienta "fundamental" para el conocimiento y para la correcta gestión de la biodiversidad canaria, así como para la actualización periódica del catálogo.

El colegio de biólogos se ofreció para difundir esa base y usarla entre los profesionales, pero "no se nos ha tenido en cuenta y la realidad es que languidece, y su acceso público es restringido, tosco y sin procedimientos jurídicos transparentes".

También destaca que atrás queda el intento de crear una Ley de Biodiversidad en 2004, en la que se proponían medidas interesantes para la conservación, entre ellas un Instituto de Biodiversidad Canario y de la Macaronesia, y que hubiera permitido aumentar el conocimiento científico de las especies y hábitat, y adoptar medidas de gestión adecuadas.

Además, critica los "reiterados incumplimientos" de los mandatos legales, como la Ley 2007 del Patrimonio de la Conservación y de la Biodiversidad, que da la prevalencia de la conservación de la biodiversidad, por encima de la ordenación territorial, y los planes de ordenación de los recursos naturales, que incumplen algunas administraciones canarias.

Asimismo se refiere a la obligación de la Comunidad Autónoma de mantener la Red Natura 2000 en un estado de conservación favorable, "incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones mencionadas de la Directiva 92/43/CEE "Hábitats" (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, asunto C-90/2010) y que en alguna ocasión ha sido motivo de multa por la Unión Europea".

El colegio de biólogos alude también a sentencias del Tribunal Constitucional por incumplimiento de la normativa básica estatal del Catálogo de Especies Amenazadas, la insuficiente dotación de personal funcionario para cumplir los servicios ambientales que exige la legislación.

martes, 17 de junio de 2014

Pérez no desvela si Canarias reforzará la protección de especies fuera de los espacios naturales

Román Rodríguez afirma que el Gobierno de Canarias “es medioambientalista con el petróleo, pero no lo es con el puerto de Granadilla”

El consejero de Sostenibilidad y vicepresidente del Gobierno regional, José Miguel Pérez, no ha desvelado si el Ejecutivo regional modificará la actual Ley del Catálogo de Especies Protegidas para asegurar la protección estricta de la flora y fauna sin importar el lugar en el que éstas se encuentren.

Y, posiblemente, esa ambigüedad calculada del número dos del Ejecutivo se debe, en gran parte, a que en la sede del Parlamento quedó “claro que en el Gobierno, en este asunto, no hay una unidad de criterio".

Así lo aseguró el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, tras la intervención del nacionalista José Miguel González, que insistió en defender la categoría canaria del Catálogo pese a que Pérez reconoció que el Ministerio de Medio Ambiente no acepta este concepto.

Rodríguez recordó que la categoría de Especies de interés para los ecosistemas canarios “fue objeto de durísimas críticas por parte de los socialistas” en la pasada legislatura, cuando CC compartía tareas de gobierno con el PP.

Asimismo, Rodríguez ha resaltado que esa categoría limita la protección de un total de 92 especies a aquellos casos en que se encuentren dentro de los límites de ciertas áreas, como los parques naturales.

Son más proteccionistas de nuestras especies la UE y la legislación básica estatal que nosotros”, dijo el líder de NC.

Como se recordará, esta limitación fue denunciada hace cuatro años por los socialistas como una operación destinada a llevar adelante el Puerto de Granadilla, cuya construcción requería destruir el Espacio Natural Protegido de los Sebadales del Sur de Tenerife.

Medioambientalismo a la carta

En este sentido, el portavoz del Grupo Nacionalista recordó que "los sebadales nunca han estado protegidos, pero son fundamentales para el ecosistema", por lo que incluyeron en la polémica categoría que el Estado no acepta.

La biodiversidad solo la tomamos en serio cuando nos viene bien, léase petróleo. No se puede ser medioambientalismo a la carta y ser ecologista con el petróleo y no serlo con el puerto de Granadilla”, insistió el líder de NC antes de pedir al vicepresidente que remita un nuevo texto a la Cámara.

Al respecto, Pérez recordó que “en todo caso no se trata de hacer una nueva Ley sino de ver si esa Ley deber ser en algún aspecto modificada” para que coincida con la norma estatal.

Además, quiso dejar claro que "en Canarias existe protección, no hay ninguna especie desprotegida", pero el Ministerio de Medio Ambiente no acepta la categoría autonómica, por lo que en los últimos tres años “se ha hecho un trabajo a fondo" para acomodar el Catálogo a la Ley estatal y a las recomendaciones de la Directiva Habitat de la UE.

Por su parte, la diputada conservadora Ana María Guerra acusó al Ejecutivo regional de practicar el ecologismo cuando satisface sus intereses partidistas.


"De la única sostenibilidad que se ha ocupado es de la suya propia y la del presidente Paulino Rivero", espetó a Pérez.

miércoles, 23 de abril de 2014

Un juzgado investiga las canteras ilegales que suministran al puerto

Foto: Archivo Foro Contra la Incineración.

ATAN informó a la Fiscalía de Medio Ambiente en agosto de 2012 de que más de 20 explotaciones carecían de los permisos y el Gobierno canario confirmó las actividades ilegales.

El colectivo ecologista ATAN denunció hace más de dos años, en abril de 2012, ante la Fiscalía de Medio Ambiente que en aquel momento más de una veintena de canteras ilegales suministraban piedras a la obra del puerto industrial de Granadilla. Y el asunto está siendo investigado por un juzgado de Granadilla. Meses más tarde, los representantes de esa organización remitieron un escrito a la Dirección General de Industria del Gobierno canario para advertir de estas actividades irregulares.

Un portavoz de ATAN, Eustaquio Villalba, asegura que, básicamente, estas explotaciones para extraer piedra vulneran la Ley de Minas de 1973, el Real Decreto 2857/1978 sobre el Reglamento General para el régimen de Minería, así como la Ley 11/1990 de 13 de julio de Prevención del Impacto Ecológico. Según Villalba, la mayoría de estas "canteras ilegales" se amparan en licencias municipales que "nada tienen que ver con la actividad minera", como para el sorribo de fincas o el levantamiento de muros. ATAN recuerda que el aprovechamiento geológico requiere unos requisitos legales "que en estos casos no se cumplen". Las canteras supuestamente ilegales están repartidas por casi todos los municipios del Sur y algunas ya no existen, pues se usaron de forma temporal. Las primeras en ser denunciadas fueron, por ejemplo, una ya cerrada en el barranco del Agua (Fañabé), en Adeje; La Zamboa (Vilaflor), cerca de la carretera entre San Isidro y Chimiche; el desmonte de un solar en Llano del Camello (San Miguel) o desmontes de terreno en Valle San Lorenzo y Buzanada, según Eustaquio Villalba.

El director general de Industria, Juan Antonio León Robaina, firmó un escrito en octubre de 2012, al que tuvo acceso EL DÍA, en el que da la razón a ATAN. Y en dicho texto expuso: "La piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del puerto de Granadilla, sin que conste autorización a alguno de los intervinientes, ni de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, ni del Departamento de Obras Públicas de la Administración del Estado".

Dicho director general señala que "las obras de preparación de fincas, con excavaciones y abancalamientos, exceden las condiciones expuestas por los ayuntamientos en licencias municipales que puntualmente se vienen otorgando". Y añade: "En tanto no se obtengan las correspondientes autorizaciones, las labores de explotación y puesta en el mercado de recursos geológicos (...) no pueden continuar en activo".

Según ATAN, tan solo una cantera, situada en Arico, cumple con los requisitos legales para suministrar piedra al puerto.

Fuentes de Autoridad Portuaria señalaron ayer que el Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) lleva el control de las fuentes de suministro de piedra y, si surge alguna duda con la procedencia, dicho organismo para el abastecimiento y se cerciora de que todo se ajusta a la legalidad.


Ayer no fue posible conocer en qué estado se encuentra el expediente remitido por el Ayuntamiento de Fasnia a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por la cantera propiedad del exalcalde de Fasnia Pedro Hernández Tejera.

martes, 22 de abril de 2014

ATAN insta a la Fiscalía a solicitar la prisión provisional para el exalcalde

Foto: Foro Contra la Incineración de Residuos

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) propondrá a la Fiscalía que pida prisión provisional para el exalcalde de Fasnia, Pedro Hernández Tejera, por desoír los requerimientos de las administraciones públicas sobre la cantera de extracción de áridos que posee en el municipio. El colectivo ya denunció este caso y ahora también se suma el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al considerar que el antiguo regidor, de Coalición Canaria, lleva a cabo esta actividad de forma irregular al no ajustarse a los permisos que le fueron otorgados.

El proceso aún está en las diligencias previas y los servicios jurídicos del colectivo ecologista defendieron ayer que, aparte de no contar con las licencias oportunas, también está causando un grave daño medioambiental. Por ambos fundamentos, la organización propondrá a la Fiscalía que, en caso de que prospere la vía judicial, solicite prisión provisional para el exalcalde. Aseguraron, además, que en caso de que se rechace esta petición, ATAN también la tendrá en cuenta porque tiene previsto personarse como acusación particular.

Desde el grupo aseveraron que la extracción en la cantera, que se encuentra en la zona de Arese, comenzó a finales del año pasado y que hasta febrero se han sacado en torno a 30.000 toneladas de áridos, un material que, según el colectivo, se utiliza para la construcción del Puerto de Granadilla de Abona. Los servicios jurídicos también indicaron que todas las extracciones que consideran ilegales se han llevado a la Fiscalía, pero apuntaron que la de Fasnia "es la más descarada y de donde se está llevando la mayor parte del material" para el futuro muelle. Estiman, asimismo, que los permisos con los que cuenta el exalcalde no son para aprovechamiento minero, sino para el adecentamiento de la finca y la creación de nuevos bancales. Desde la organización esperan que al menos Pedro Hernández sea llamado a declarar por este caso.

Algunos vecinos de la zona también criticaron la actividad, pero más bien porque defienden que el paso de los camiones ha terminado por destrozar la carretera. Indicaron que en la parte superior del área de extracción viven en torno a una decena de familias y que una ambulancia no podría subir por la vía debido a su mal estado.


Respecto a la presunta irregularidad, los lugareños defendieron que cualquier vecino debe contar con permiso para hacer una simple obra, por lo que, en caso de que se prueben los hechos, subrayaron que el exalcalde debe tomar todas las medidas necesarias para regularizar la actividad que lleva a cabo.

sábado, 5 de abril de 2014

Arcila denuncia que se extrae material de las obras de Cuevas Blancas para el puerto de Granadilla

Foro Contra la Incineración de Residuos.
Vía: eldia.es
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció hoy que en las obras del futuro parque tecnológico de Cuevas Blancas, en el distrito Suroeste del municipio, se están extrayendo áridos que posteriormente están siendo trasladados a la zona en la que se construye el puerto de Granadilla.
Arcila, que denunció hoy la ilegalidad de esta práctica, ha pedido al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, la paralización de los desmontes y los acarreos en esa zona, así como que se proceda a sancionar a la empresa que los realiza.
Además, ha solicitado por escrito al alcalde, José Manuel Bermúdez, los expedientes administrativos en los que figure la licencia municipal para el movimiento de tierras o desmontes, así como la preceptiva autorización de la Dirección General de Minas para aprovechamientos geológicos de los recursos obtenidos de excedentes de la citada obra.
El concejal ecosocialista recordó hoy que la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado ante el Juzgado de Granadilla de Abona, previa denuncia de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la extracción de áridos en diferentes canteras del sur de la Isla para destinarlos a la obra del puerto de Granadilla, un proyecto que, al margen de ser innecesario, precisa ingentes cantidades de material geológico para ocupar millones de metros cúbicos de volumen, en lo que constituye una agresión sin precedentes al paisaje insular.
Las denuncias de la Fiscalía se refieren al aporte de materiales de obras que son ilegales al carecer de autorización o por incumplir la autorización que tienen, y han conllevado el cierre de muchas canteras. Esta es la razón por la que los promotores del puerto buscan en otras partes de Tenerife, entre ellas Cuevas Blancas, los materiales necesarios para continuar con la construcción del puerto de Granadilla, al que Sí se puede sigue oponiéndose con todas sus fuerzas.


domingo, 22 de diciembre de 2013

Europa rechaza la denuncia contra el Observatorio Ambiental del Puerto

Vía: Foro Contra la Incineración de Residuos

Ben Magec estudia presentar alegaciones en la Comisión de Medio Ambiente 

Ylenia Lorenzo 21.12.2013
Europa no ve irregularidades en los trabajos realizados por el Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) y se fía de la labor de esta fundación para velar por la conservación medioambiental de las zonas afectadas por la construcción del puerto sureño. Ésta es la respuesta que ha dado la Comisión de Medio Ambiente a Ben Magec–Ecologistas en Acción, que el pasado mes de julio presentó un informe en el que acusaba a este órgano de incumplir su finalidad de vigilar el impacto de las obras.
La federación asegura en su documento que el OAG no es una entidad independiente y que, por tanto, contradice al requisito fijado por el Ejecutivo comunitario, ya que sus componentes "están relaciones con el promotor del puerto" y el director, Antonio Machado, "es un antiguo cargo y personal de confianza del Gobierno de Canarias, además de que es un defensor del muelle y un firme detractor de cualquier otra persona u organización que presente argumentos en su contra".
Ben Magec recuerda que la Comisión europea estableció en 2006 condicionantes medioambientales para poder ejecutar la obra que debían ser supervisados por el Observatorio, pero según los ecologistas, esta fundación "está más preocupada por desbloquear el proyecto y eliminar todos los obstáculos para poder continuar con los trabajos", según denunció ayer la portavoz de la federación, Yasmina Encinoso, que aclaró que el director del OAG "en vez de vigilar que se cumplan las medidas impuestas por Bruselas, ofrece soluciones".
Uno de los argumentos utilizados por los ecologistas es el mal estado de la Zona de Especial Conservación de la piña de mar, una planta en extinción que vive junto al Puerto de Granadilla. Este vegetal, aparte de formar parte del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, está protegida por el Ejecutivo comunitario, que obligó en 2006 a la Comunidad Autónoma a delimitar el espacio donde se encuentra para ser salvaguardado ante la futura construcción.
La piña de mar quedó incorporada en 2009 a esta zona especial establecida por Bruselas y, ante el deterioro que presenta, reconocido por el OAG, "en vez de cuidar de la planta, lo que hace es emitir una serie de recomendaciones encaminadas a eliminar esta barrera de protección", denunció Encinoso.
Tanto éste como el resto de argumentos utilizados por Ben Magec para defender "la no independencia" del Observatorio fueron archivados a principios de este mes por la Comisión Europea de la Dirección General de Medio Ambiente. Los ecologistas denuncian también el retraso en la construcción de un trasvase de arena mientras que las obras del puerto "se encuentran avanzadas en un 70% en el contradique y en un 20% en el dique de abrigo, estructuras que interrumpen el flujo de arena. El OAG no ha alertado sobre ello".
Bruselas, sin embargo, afirma que se ha solicitado información al respecto y que, después de argumentársele por qué aún no se ha desarrollado este bypass para evitar la pérdida de arena, considera que "el retraso en la ejecución no supone riesgos ni perjuicios para el medio ambiente".
Respecto a la independencia o no de la fundación, la Comisión Europea indica que esta cuestión ya fue contestada en 2008 ante una queja anterior y recuerda que "esta petición se cerró a partir de la información obtenida por las autoridades competentes sin que diera lugar al inicio de un procedimiento de investigación".
En cuanto a las demás de quejas, no entra en detalle sobre si las zonas de protección o las medidas para compensar los efectos del proyecto se desarrollan de forma adecuada, sino que se limita a decir que existe la declaración de un nuevo lugar de importancia comunitaria para la protección de la piña de mar, así como las áreas que albergan bancos de arena denominadas Sebadales de Güigüi y de Antequera. Agrega, además, que también se han establecido las directrices para compensar los efectos del puerto respecto a la tortuga boba y Montaña Roja.
"A través de la información aportada por la autoridad competente en todos estos puntos, se ha considerado que ha acreditado el cumplimiento de las exigencias de la legislación de la Unión Europea y del dictamen de 2006", sentencia la Comisión de Medio Ambiente.
Ben Magec estudia ahora presentar alegaciones a esta decisión y subraya que seguirá "luchando para frenar la construcción" del muelle. Encinoso recuerda, de hecho, que aún hay otras denuncias abiertas, como la presentada ante la Fiscalía para que se investigue si "el director de la OAG ha dado por buena canteras ilegales para la extracción de áridos".
Dado los últimos acontecimientos, el Puerto de Granadilla seguirá adelante pese a las fuertes críticas de diversos colectivos verdes. La última palabra al respecto la ha dado Bruselas en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy Meyer.
La Comisión manifestó a principios de semana que la competencia para paralizar la construcción corresponde al Gobierno central, que para el próximo año contempla en sus presupuestos dedicar 42,8 millones de euros para las obras del dique de abrigo de la futura infraestructura del Sur.



miércoles, 27 de noviembre de 2013

El Gobierno recula con el catálogo de especies, forzado por Bruselas

Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez
La Comisión Europea informó la pasada semana de que ha dado dos meses de plazo para cambiar el catálogo canario de especies por rebajar la protección de forma ilegal a 19 plantas y animales que preserva la Directiva de Hábitats, entre ellas el drago. Pero el Gobierno canario ya temía esta decisión de Bruselas, y por ello desde abril pasado inició el trámite de revisión de la ley 4/2010 que regula este inventario para evitar la denuncia que la CE ha amenazado con presentar.
Así lo reconoció ayer en el Parlamento el consejero de Sostenibilidad, el socialista José Miguel Pérez, quien confirmó que el proyecto legislativo ya ha pasado por la fase de consulta ciudadana y participación institucional (en agosto), que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha contestado a las alegaciones y que falta por recabar informes para poder elevar el texto al Consejo de Gobierno y, de ahí, al Parlamento.
Pérez contestó así a preguntas del diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, quien recordó que el PSOE “fue el que en 2010 más enarboló la crítica al catálogo ya que se hizo sin consenso científico”. “Ahora es la Comisión Europea la que constata lo que muchos dijimos entonces, y ahora se promueve su modificación deprisa y corriendo”, comentó el diputado de la oposición, quien reclamó que se haga con consenso científico, a diferencia del inventario que se pretende corregir, al tiempo que recordó que hace dos años Pérez prometió una ley de protección de la naturaleza y la biodiversidad. El consejero replicó que “hay un continuo seguimiento con las autoridades del Ministerio de Exteriores y de la UE” y que para el nuevo catálogo “se ha contado con la comunidad científica y los ciudadanos”.
Sobre este asunto, ayer, el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, afirmó que este aviso de la CE “no va a solucionar el grave problema de desprotección de las especies en Canarias y la única esperanza está en aprobar una nueva ley de biodiversidad”, cuyos trámites de elaboración, dijo, “están paralizados” por la viceconsejera, Guacimara Medina.

Bruselas ha dejado claro su rotundo rechazo a una figura jurídica de la ley canaria 4/2010 que solo preserva un grupo de especies si están en un espacio natural protegido, pero no fuera.

martes, 26 de noviembre de 2013

Ben Magec pide una nueva ley de biodiversidad

Vía: www.canariasahora.es

Advierten de que el aviso de la Comisión Europea no solucionará el grave problema de desprotrección.
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha advertido de que el aviso de la Comisión Europea acerca del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias no va a solucionar el grave problema de desprotección y ha asegurado que la única esperanza está en aprobar una nueva Ley de Biodiversidad.

El portavoz de la organización, Francisco Castro, ha exigido a la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno canario, Guacimara Medina, que cumpla con una de las promesas electorales del Partido Socialista y que derogue el documento de especies protegidas que fue aprobado por el Parlamento en 2010.

El representante del colectivo ha aclarado en una rueda de prensa que la resolución de la Comisión Europea de Medio Ambiente "no va a solucionar el grave problema de desprotección en el que se encuentran las especies amenazadas de la flora y fauna canaria".

Esta comunicación, ha agregado, "simplemente obliga a proteger las especies recogidas como prioritarias en la Red Natura 2000", que la forman especies y entornos vinculados a las redes europeas.

Castro ha explicado que la advertencia establece que la figura denominada "Especies de interés para los ecosistemas canarios" no ofrece una protección válida, pues "determinadas especies exigen un sistema de protección riguroso, independientemente de su ubicación".

Sin embargo, ha añadido Ben Magec, "lamentablemente la mayoría de la flora y la fauna canaria afectada por el actual catálogo quedará en el mismo estado de desprotección en el que ahora se encuentra, sin más esperanza que la de la aprobación de la nueva Ley de Biodiversidad.

Castro ha recordado que esta nueva legislación, "prometida por el Partido Socialista poco después de hacerse" con las competencias en medioambiente, debe regular también el estado de "indefinición jurídica y emergencia" en el que se encuentra la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que "ha sufrido la desclasificación de numerosos espacios emblemáticos de alto valor ecológico".

El portavoz del colectivo ecologista ha advertido de que todos los trámites iniciados por la Viceconsejería de Medio Ambiente "están paralizados" y que su responsable, Guacimara Medina, ha "incumplido" los plazos indicados a Ben Magec.

"Según los plazos prometidos, a estas alturas ya debería existir un reglamento de participación ciudadana y un borrador de texto legal, y hace dos meses se deberían haber comenzado a reunir las mesas de trabajo para proponer un texto que debería ser sometido a información pública en diciembre, dado que, supuestamente, a principios de 2014 debería entrar al Parlamento", han explicado.

Fran Castro ha indicado que han solicitado una reunión con Guacimara Medina para expresar la "preocupación" del colectivo y conocer las razones de una "inacción", ya que, ha considerado, el Gobierno "parece estar actuando únicamente a golpe de advertencias y denuncias europeas". 


sábado, 23 de noviembre de 2013

El aviso de Bruselas por el catálogo no afecta al puerto de Granadilla


Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez

La advertencia que ha hecho la Comisión Europea a España para que modifique la ley del catálogo de especies naturales protegidas de Canarias por vulnerar la legislación comunitaria no afectará sin embargo a las obras del puerto de Granadilla, puesto que el reparo europeo se refiere al inventario de flora y fauna que requiere protección, pero no al sebadal como ecosistema.

Así lo explicaron ayer tanto el director del Observatorio Ambiental creado para supervisar la corrección del impacto ambiental de esta obra, el biólogo Antonio Machado, como la portavoz nacional de Greenpeace en materia de Costas, Pilar Marcos, y el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, quienes, sin embargo, coincidieron en criticar las prisas e irregularidades con las que se aprobó en 2010 el nuevo catálogo, que permitió desbloquear la ejecución del este puerto mediante la desprotección de los sebadales.

El Gobierno canario debe ahora aprobar una nueva ley de especies que respete la Directiva sobre Hábitat, pues la Comisión Europea (CE) la considera vulnerada. Y es que se rebaja en Canarias la protección a 19 especies protegidas en dicha directiva a las que sólo se garantiza ya su preservación si están dentro de la red de espacios naturales protegidos, con arreglo a una nueva categoría, inexistente en la legislación europea y estatal, denominada “de interés para los ecosistemas de las Islas Canarias”. “Es decir, no están protegidas fuera de la red, donde por lógica necesitan más protección, en lugar de menos”, enfatiza la CE en el documento sobre su advertencia a España por este motivo.

Sostiene el ejecutivo europeo que, si bien el Gobierno español le ha respondido que el Catálogo Nacional -que sí cumple con la citada directiva- prevalece sobre el canario, la realidad es que “la existencia de dos sistemas de protección superpuestos [el regional y el estatal] se traduce en un marco legal ambiguo e incierto”, y hace que su aplicación sea “poco clara, imprecisa y de efectos impredecibles”. De ahí que dé un plazo a España para que modifique la ley canaria o, de lo contrario, denunciará el caso ante los tribunales de Justicia. Sin embargo, Machado y Castro indicaron que la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene preparada desde hace más de un mes una revisión del catálogo, a la que incluso Ben Magec ha presentado alegaciones, aunque ayer ningún cargo de la Consejería autonómica de Sostenibilidad hizo declaraciones al respecto.

El director del Observatorio Ambiental admitió que la ley de 2010 (aprobada en el Parlamento canario con el no del PSC y el sí de CC y PP) se hizo “sin rigor y supeditada a presiones de todos lados”, sin antes cambiar el catálogo nacional y los anexos de la directiva europea, “y eso ha creado un lío, del que va a salir un esperpento”. “Se perdió una gran oportunidad”, apostilló.

Por su parte, la portavoz de Greenpeace dijo que, si bien esa resolución de la CE no parará las obras del puerto, ya avanzadas, le queda “la sensación de algún día la Justicia responderá a esta barbaridad, pues ha habido connivencia política para que prevaleciera la destrucción del medio ambiente”. En esta línea, desde Ben Magec, Fran Castro afirmó que “se ha demostrado que el nuevo catálogo es un disparate, que se hizo deprisa y corriendo para permitir el cambio de categoría de las sebas (que la UE protege en zonas declaradas de especial conservación, no como especie) y hacer este puerto”. “Y aquello que nos rechinó aquí entonces, proteger una especie solo en espacios protegidos, les ha rechinado también ahora en Bruselas”, remachó el ecologista.



viernes, 22 de noviembre de 2013

Asombro europeo por la desprotección de los “tan conocidos” dragos canarios

Creative Commons Foro Contra la Incineración de Residuos
Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez

A la Comisión Europea (CE) le llama la atención que en Canarias se haya creado una categoría de protección que sólo salvaguarda una planta o un animal protegido si está en un espacio natural protegido, pero no fuera. Algo que la CE tacha de “paradójico” en el documento en que avisa a España sobre la ilegalidad de la ley canaria del catálogo de especies, contrario a la Directiva de Hábitats.

Pero si una cosa sorprende a Bruselas es que una de las 19 especies que la ley 4/2010 deja en desamparo fuera de espacio protegido sea una tan famosa como el drago. “Todas las especies en esta categoría controvertida son plantas raras,endémicas de Canarias,para muchas de las cuales no hay siquiera nombre inglés común, aunque una es la tan conocida Dracaena drago (drago de las Islas Canarias)”, comenta el ejecutivo de la UE. Al respecto, el biólogo Antonio Machado ve lógica la nueva categoría, porque hay especies que no están amenazadas y, a su juicio, no tiene sentido que su presencia impida actividades o usos en territorio no protegido, pues una planta se trasplanta y “un perenquén es absurdo protegerlo en el jardín de una casa”. Sobre el drago canario, aclaró que “no está amenazado (sí el de Gran Canaria), y se protege por interés etnográfico”. La realidad es que ejemplares transplantados se han dejado morir, como un magnífico drago llevado desde un jardín de Benito Pérez Armas a una rotonda del enlace entre la TF-1 y la TF-5 por Santa Lastenia, en la capital tinerfeña, como ha denunciado el Foro Contra laIncineración.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

La Comisión Europea ve ilegal el catálogo canario de especies protegidas

Vía: www.diariodeavisos.com



Vicente Pérez.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España a cuenta del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, vigente desde 2010, al señalar que “no cumple lo dispuesto en la Directiva sobre los hábitas”. Por ello, advierte de que si en un plazo de dos meses no modifica la Ley 4/2010 que regula este inventario de flora y fauna en peligro, “el caso puede llevarse ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario recuerda que según esta directiva, “determinadas especies exigen un sistema de protección rigurosa, independientemente de su ubicación”, una disposición legal que no se ha respetado en esta ley autonómica, pues “contiene una categoría de especies, de interés para los ecosistemas canarios”, a la que la norma canaria sólo da protección estricta cuando aparecen dentro de los límites de una zona protegida.
Abundando en su argumentación, Bruselas ha informado hoy en una nota de prensa que algunas de las especies incluidas en este catálogo “requieren protección estricta con independencia de su ubicación”.
El asunto lo denunciaron en su día precisamente por estos motivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al entender que la referIda categoría de protección en realidad “permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un espacio natural protegido”.
Los ecologistas invocan que “uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística”, y denuncian que se ha vulnerado con el sebadal y otras especies en la costa donde se construye el puerto industrial de Granadilla.
De hecho, estas organizaciones ambientalistas han sostenido que con el nuevo catálogo, “tramitado sin participación pública ni científica”, el Gobierno canario ha perseguido “el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a este proyecto por su afección a especies y hábitats amenazados”.

lunes, 4 de noviembre de 2013

La mitad de los áridos utilizados en el Puerto en 2012 son ilegales

Foro Contra la Incineración de Residuos
Vía: www.laopinion.es

Ylenia Lorenzo.


Las extracciones irregulares continúan y desde enero hasta agosto se obtuvieron 72.800 toneladas sin licencia

Más de la mitad de los áridos utilizados para la construcción del Puerto de Granadilla el año pasado procede de canteras ilegales. En el ejercicio pasado se extrajeron 1.770.585 toneladas de rocas y grava, pero el 58,4% de ese material se obtuvo sin tener la pertinente autorización o porque dicha licencia no se correspondía con las obras que ha llevado a cabo la empresa. Este porcentaje equivale a 1.034.585 toneladas sacadas de forma irregular y, ante las elevadas incidencias, la Dirección General de Industria del Gobierno canario decidió ordenar la paralización en noviembre del año pasado el suministro para el desarrollo del muelle.
El Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) ha continuado con la evaluación de los trabajos y señala que las extracciones ilegales han seguido produciéndose a lo largo de este periodo pese a las advertencias del Ejecutivo autónomo. Desde enero hasta el pasado agosto se obtuvieron un total de 446.890 toneladas de áridos procedentes de 24 canteras de la Isla. Del total, el 12,13% proviene de una práctica irregular, lo que equivale a 72.800 toneladas de roca y grava.
Las parcelas que se han utilizado para obtener este tipo de material han disminuido en una decena, ya que en el pasado año se registraron 34, pero aún quedan cuatro que funcionan sin cumplir con la normativa. La de mayor actividad, según registra el OAG, es la de Callao Salvaje II, que desde enero hasta agosto ha producido 31.650 toneladas, seguida de P. G. D. Arquipo (20.800), Amarilla Golf (13.150) y Casablanca (7.200).
Tres de estas cuatro canteras se han abierto este año. El Observatorio detalla que la única que ha permanecido en activo a pesar de no tener licencia es la de P. G.D. Arquipo, de la que en 2012 se obtuvieron 7.150 toneladas. La de mayor explotación, Callao Salvaje II, comenzó los trabajos en el pasado mes de mayo, por lo que en tan solo un cuatrimestre ha conseguido de forma irregular sus 31.650 toneladas.
Aunque las extracciones ilegales representen por el momento el 12%, aún falta por verificar la procedencia de 54.215 toneladas de material, mientras que el Observatorio asegura que 319.875 se han sacado con el correspondiente permiso.
Estas actuaciones fueron denunciadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ante el Gobierno autónomo, quien posteriormente decidió ordenar la suspensión de la actividad en noviembre de 2012. La presión que ejerció el Ejecutivo autónomo se materializó en la decisión del Ayuntamiento de Granadilla de precintar la mayor cantera de áridos y rocas de la que se nutría el futuro recinto portuario. Chimiche llegó a producir un total de 356.900 toneladas durante el año pasado, seguida de las de Vilaflor (Chasna y Rayana), con 142.300 toneladas cada una, y la de Las Chafiras M 20, con 111.300. Las cuatro continúan sin actividad en la actualidad.
ATAN no ha sido la única organización que ha denunciado las incidencias detectadas en la construcción del muelle. De hecho, la formación Ben Magec – Ecologistas en Acción presentó un informe el pasado mes de julio en la Comisión Europea de Medio Ambiente en el que denunciaba una "dejación de funciones" del OAG en la "vigilancia y control" de la procedencia de los materiales utilizados en los trabajos.
La organización avisa del "fuerte deterioro" que esta actividad provoca en el territorio, ya que se trata de daños que suelen ser "irreparables", como ha ocurrido en Güímar, donde se llevaron a cabo extracciones agresivas que impiden ahora que el espacio pueda ser recuperado.


sábado, 24 de agosto de 2013

Frente Amplio exige la paralización de las obras en el puerto de Granadilla

La plataforma ciudadana considera que el proyecto es "una barbarie" e inciden que el proyecto es innecesario y no justifica el daño medioambiental.

El Movimiento por el Frente Amplio enviará una petición a la Comisión Europea para "una vez más" tratar de impedir "la barbarie" del puerto de Granadilla en Tenerife, según ha anunciado en un comunicado.
La organización señala en un comunicado que esta obra no es necesaria para el desarrollo de la isla, consume una importante cantidad de suelo en la costa y alrededores y afectará al litoral colindante cambiando sus características naturales con graves afecciones a los núcleos turísticos.
A su juicio, pondrá en grave riesgo la desaparición de muchas de las playas que actualmente sirven de reclamo para los turistas locales y extranjeros.
El Movimiento afirma también que hay "oscuros intereses" detrás de la construcción del puerto de Granadilla y no entiende cómo finalmente, la Comisión Europea, después de haber reconocido el proyecto inviable desde el punto de vista medioambiental, ahora le ha dado su visto bueno.
Sin embargo, considera que no hay que dar la batalla por perdida ya que el puerto de Granadilla "aún se puede parar", y por ello enviará a la Comisión Europea una petición para que no destine dinero público ni financiación de ningún tipo a una obra "destructiva e innecesaria que va en contra del ansiado desarrollo sostenible".

miércoles, 3 de julio de 2013

Ben Magec denuncia las infracciones del Observatorio de Granadilla ante la UE

El colectivo acusa al OAG de hacer todo lo posible para que continúen las obras del puerto en vez de garantizar que se minimizan sus efectos sobre el medioambiente.
Noé Ramón
El colectivo Ben Magec-Ecologistas en Acción ha cuestionado abiertamente la imparcialidad y la independencia del Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG), cuyo objetivo era velar para que las obras del puerto del sur de Tenerife no afectaran al medioambiente. Muy al contrario, el portavoz de la asociación, Fran Castro, considera que “ha resultado más que evidente” que los miembros de este organismo “parecen ser los más interesados en la ejecución del puerto. No sólo no son independientes, ni objetivos, sino que se han opuesto a que estén presentes en la Fundación colectivos que buscan la defensa de los valores naturales”, de este entorno.
Castro informó que van a presentar ante la Comisión europea una denuncia por “los continuos incumplimientos” en los que supuestamente ha incurrido el Observatorio desde que se iniciaron las obras del controvertido puerto. Recordó que en 2006, la Unión Europea (UE) accedió a aprobar esta actuación pero imponiendo unos condicionantes medioambientales “muy exigentes” que debían ser supervisados por el OAG. “Nosotros venimos denunciando desde un principio que en vez de garantizarse que no se vean afectados los valores medioambientales de Granadilla, lo que está haciendo es eliminar todos los obstáculos para continuar con las obras”.
Castro, en este sentido, recordó que el Observatorio fue uno de los principales defensores a la hora de modificar el catálogo de especies protegidas para que el sebadal quedara fuera en cuanto suponía un problema para la ejecución de la infraestructura. “Estamos hablando de toda una serie de actuaciones que dejan claro que en vez de cumplir con su supuesto objetivo como era garantizar que las obras no iban a afectar al medio ambiente, en realidad están despejando el camino para que todas estas especies no supongan un impedimento a la finalización del puerto”.
El biólogo del colectivo, Juan Carmona, coincidió en la falta de rigor del OAG al que acusó de estar actuando “en contra de la conservación de la naturaleza”. Como ejemplo para sustentar esta denuncia citó el contenido de uno de los últimos informes elaborados en el que se recoge que los sebadales no son importantes para garantizar la conservación de las tortugas. “Esta conclusión contradice numerosos estudios, algunos incluso hechos por ellos mismos, en los que se demuestra que Canarias es una de las principales zonas de alimentación y maduración de esta especie”, dijo el biólogo. Igualmente, los ecologistas critican que el propio Observatorio haya apostado por que no se pongan en marcha reservas para proteger a las tortugas y a los sebadales. “Desde este organismo se está procediendo a manipular de forma grave los datos”, dijo Carmona.
También se critica que la Fundación haya hecho dejación de la conservación de la piña de mar, una especie en peligro de extinción que crece en tierra y que también se localiza en Granadilla. Según los ecologistas la planta se encuentra en estos momentos, “totalmente abandonada” de manera que su último hábitat apenas ocupa ya el tamaño de un campo de fútbol. Otro tanto ocurriría con la orden emitida por la UE para realizar algún tipo de obra que evite el trasvase de arena, mientras que el Observatorio ha querido restar prioridad a esta actuación y ha llegado a señalar que no es importante. “Incluso se están entorpeciendo las soluciones y medidas para evitar los daños medioambientales. La impresión que tenemos es que este Observatorio en realidad es la punta de flecha de la Autoridad Portuaria”, organismo que ejecuta las cuestionadas obras. “Nos gustaría saber en qué se emplean los cientos de miles de euros con los que cuenta de presupuesto este organismo”, aunque lo cierto es que los ecologistas aseguran que a estas alturas aún no saben cuáles son los fondos reales de los que dispone la entidad. Los ecologistas retaron al director del Observatorio, Antonio Machado, a que “dé la cara y salga a la opinión pública. Estamos como siempre dispuestos a mantener un debate público con él”.