domingo, 22 de diciembre de 2013

Europa rechaza la denuncia contra el Observatorio Ambiental del Puerto

Vía: Foro Contra la Incineración de Residuos

Ben Magec estudia presentar alegaciones en la Comisión de Medio Ambiente 

Ylenia Lorenzo 21.12.2013
Europa no ve irregularidades en los trabajos realizados por el Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) y se fía de la labor de esta fundación para velar por la conservación medioambiental de las zonas afectadas por la construcción del puerto sureño. Ésta es la respuesta que ha dado la Comisión de Medio Ambiente a Ben Magec–Ecologistas en Acción, que el pasado mes de julio presentó un informe en el que acusaba a este órgano de incumplir su finalidad de vigilar el impacto de las obras.
La federación asegura en su documento que el OAG no es una entidad independiente y que, por tanto, contradice al requisito fijado por el Ejecutivo comunitario, ya que sus componentes "están relaciones con el promotor del puerto" y el director, Antonio Machado, "es un antiguo cargo y personal de confianza del Gobierno de Canarias, además de que es un defensor del muelle y un firme detractor de cualquier otra persona u organización que presente argumentos en su contra".
Ben Magec recuerda que la Comisión europea estableció en 2006 condicionantes medioambientales para poder ejecutar la obra que debían ser supervisados por el Observatorio, pero según los ecologistas, esta fundación "está más preocupada por desbloquear el proyecto y eliminar todos los obstáculos para poder continuar con los trabajos", según denunció ayer la portavoz de la federación, Yasmina Encinoso, que aclaró que el director del OAG "en vez de vigilar que se cumplan las medidas impuestas por Bruselas, ofrece soluciones".
Uno de los argumentos utilizados por los ecologistas es el mal estado de la Zona de Especial Conservación de la piña de mar, una planta en extinción que vive junto al Puerto de Granadilla. Este vegetal, aparte de formar parte del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, está protegida por el Ejecutivo comunitario, que obligó en 2006 a la Comunidad Autónoma a delimitar el espacio donde se encuentra para ser salvaguardado ante la futura construcción.
La piña de mar quedó incorporada en 2009 a esta zona especial establecida por Bruselas y, ante el deterioro que presenta, reconocido por el OAG, "en vez de cuidar de la planta, lo que hace es emitir una serie de recomendaciones encaminadas a eliminar esta barrera de protección", denunció Encinoso.
Tanto éste como el resto de argumentos utilizados por Ben Magec para defender "la no independencia" del Observatorio fueron archivados a principios de este mes por la Comisión Europea de la Dirección General de Medio Ambiente. Los ecologistas denuncian también el retraso en la construcción de un trasvase de arena mientras que las obras del puerto "se encuentran avanzadas en un 70% en el contradique y en un 20% en el dique de abrigo, estructuras que interrumpen el flujo de arena. El OAG no ha alertado sobre ello".
Bruselas, sin embargo, afirma que se ha solicitado información al respecto y que, después de argumentársele por qué aún no se ha desarrollado este bypass para evitar la pérdida de arena, considera que "el retraso en la ejecución no supone riesgos ni perjuicios para el medio ambiente".
Respecto a la independencia o no de la fundación, la Comisión Europea indica que esta cuestión ya fue contestada en 2008 ante una queja anterior y recuerda que "esta petición se cerró a partir de la información obtenida por las autoridades competentes sin que diera lugar al inicio de un procedimiento de investigación".
En cuanto a las demás de quejas, no entra en detalle sobre si las zonas de protección o las medidas para compensar los efectos del proyecto se desarrollan de forma adecuada, sino que se limita a decir que existe la declaración de un nuevo lugar de importancia comunitaria para la protección de la piña de mar, así como las áreas que albergan bancos de arena denominadas Sebadales de Güigüi y de Antequera. Agrega, además, que también se han establecido las directrices para compensar los efectos del puerto respecto a la tortuga boba y Montaña Roja.
"A través de la información aportada por la autoridad competente en todos estos puntos, se ha considerado que ha acreditado el cumplimiento de las exigencias de la legislación de la Unión Europea y del dictamen de 2006", sentencia la Comisión de Medio Ambiente.
Ben Magec estudia ahora presentar alegaciones a esta decisión y subraya que seguirá "luchando para frenar la construcción" del muelle. Encinoso recuerda, de hecho, que aún hay otras denuncias abiertas, como la presentada ante la Fiscalía para que se investigue si "el director de la OAG ha dado por buena canteras ilegales para la extracción de áridos".
Dado los últimos acontecimientos, el Puerto de Granadilla seguirá adelante pese a las fuertes críticas de diversos colectivos verdes. La última palabra al respecto la ha dado Bruselas en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy Meyer.
La Comisión manifestó a principios de semana que la competencia para paralizar la construcción corresponde al Gobierno central, que para el próximo año contempla en sus presupuestos dedicar 42,8 millones de euros para las obras del dique de abrigo de la futura infraestructura del Sur.



martes, 17 de diciembre de 2013

Parar la construcción del Puerto de Granadilla corresponde a España, según CE


La decisión de parar la construcción del puerto de Granadilla y sus infraestructuras adjuntas, en Santa Cruz de Tenerife, es competencia de España, ha indicado la Comisión Europea (CE).
"Corresponde a las autoridades nacionales evaluar si deben pararse las obras del puerto de Granadilla e informar de ello a la Comisión", explicó el Ejecutivo comunitario en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Willy Meyer.
Meyer alertó a la CE sobre la construcción de este puerto "en completa ilegalidad" y le preguntó si consideraba "que el Gobierno de España debe detener inmediatamente las obras", según una sentencia del Tribunal Supremo de España y que "ha examinado" la CE.
Pese a ello, "no es competencia suya (de la Comisión) interpretar la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo ni extraer conclusiones".
El eurodiputado dijo que, en cualquier caso, la "construcción ya ha provocado en la zona importantes daños ambientales" de "posible carácter irreversible, sin que ninguna administración haya asumido responsabilidad alguna".
Ante la pregunta del europarlamentario de si "se ha financiado con fondos europeos alguna parte de este proyecto ilegal", la CE "confirma que hasta la fecha no se han abonado los fondos de la Unión Europea para el proyecto del Puerto de Granadilla".
Añadió que corresponde asimismo al Estado miembro "declarar exclusivamente como legales y regulares los gastos contraídos y pagados con respecto a los proyectos".

"La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) interpuso una demanda contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, del 12 de mayo de 2008", al considerar que el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur de Tenerife que incluía el proyecto era contrario a la ley, explicó Meyer en su pregunta.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

El Gobierno recula con el catálogo de especies, forzado por Bruselas

Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez
La Comisión Europea informó la pasada semana de que ha dado dos meses de plazo para cambiar el catálogo canario de especies por rebajar la protección de forma ilegal a 19 plantas y animales que preserva la Directiva de Hábitats, entre ellas el drago. Pero el Gobierno canario ya temía esta decisión de Bruselas, y por ello desde abril pasado inició el trámite de revisión de la ley 4/2010 que regula este inventario para evitar la denuncia que la CE ha amenazado con presentar.
Así lo reconoció ayer en el Parlamento el consejero de Sostenibilidad, el socialista José Miguel Pérez, quien confirmó que el proyecto legislativo ya ha pasado por la fase de consulta ciudadana y participación institucional (en agosto), que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha contestado a las alegaciones y que falta por recabar informes para poder elevar el texto al Consejo de Gobierno y, de ahí, al Parlamento.
Pérez contestó así a preguntas del diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, quien recordó que el PSOE “fue el que en 2010 más enarboló la crítica al catálogo ya que se hizo sin consenso científico”. “Ahora es la Comisión Europea la que constata lo que muchos dijimos entonces, y ahora se promueve su modificación deprisa y corriendo”, comentó el diputado de la oposición, quien reclamó que se haga con consenso científico, a diferencia del inventario que se pretende corregir, al tiempo que recordó que hace dos años Pérez prometió una ley de protección de la naturaleza y la biodiversidad. El consejero replicó que “hay un continuo seguimiento con las autoridades del Ministerio de Exteriores y de la UE” y que para el nuevo catálogo “se ha contado con la comunidad científica y los ciudadanos”.
Sobre este asunto, ayer, el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, afirmó que este aviso de la CE “no va a solucionar el grave problema de desprotección de las especies en Canarias y la única esperanza está en aprobar una nueva ley de biodiversidad”, cuyos trámites de elaboración, dijo, “están paralizados” por la viceconsejera, Guacimara Medina.

Bruselas ha dejado claro su rotundo rechazo a una figura jurídica de la ley canaria 4/2010 que solo preserva un grupo de especies si están en un espacio natural protegido, pero no fuera.

martes, 26 de noviembre de 2013

Ben Magec pide una nueva ley de biodiversidad

Vía: www.canariasahora.es

Advierten de que el aviso de la Comisión Europea no solucionará el grave problema de desprotrección.
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha advertido de que el aviso de la Comisión Europea acerca del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias no va a solucionar el grave problema de desprotección y ha asegurado que la única esperanza está en aprobar una nueva Ley de Biodiversidad.

El portavoz de la organización, Francisco Castro, ha exigido a la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno canario, Guacimara Medina, que cumpla con una de las promesas electorales del Partido Socialista y que derogue el documento de especies protegidas que fue aprobado por el Parlamento en 2010.

El representante del colectivo ha aclarado en una rueda de prensa que la resolución de la Comisión Europea de Medio Ambiente "no va a solucionar el grave problema de desprotección en el que se encuentran las especies amenazadas de la flora y fauna canaria".

Esta comunicación, ha agregado, "simplemente obliga a proteger las especies recogidas como prioritarias en la Red Natura 2000", que la forman especies y entornos vinculados a las redes europeas.

Castro ha explicado que la advertencia establece que la figura denominada "Especies de interés para los ecosistemas canarios" no ofrece una protección válida, pues "determinadas especies exigen un sistema de protección riguroso, independientemente de su ubicación".

Sin embargo, ha añadido Ben Magec, "lamentablemente la mayoría de la flora y la fauna canaria afectada por el actual catálogo quedará en el mismo estado de desprotección en el que ahora se encuentra, sin más esperanza que la de la aprobación de la nueva Ley de Biodiversidad.

Castro ha recordado que esta nueva legislación, "prometida por el Partido Socialista poco después de hacerse" con las competencias en medioambiente, debe regular también el estado de "indefinición jurídica y emergencia" en el que se encuentra la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que "ha sufrido la desclasificación de numerosos espacios emblemáticos de alto valor ecológico".

El portavoz del colectivo ecologista ha advertido de que todos los trámites iniciados por la Viceconsejería de Medio Ambiente "están paralizados" y que su responsable, Guacimara Medina, ha "incumplido" los plazos indicados a Ben Magec.

"Según los plazos prometidos, a estas alturas ya debería existir un reglamento de participación ciudadana y un borrador de texto legal, y hace dos meses se deberían haber comenzado a reunir las mesas de trabajo para proponer un texto que debería ser sometido a información pública en diciembre, dado que, supuestamente, a principios de 2014 debería entrar al Parlamento", han explicado.

Fran Castro ha indicado que han solicitado una reunión con Guacimara Medina para expresar la "preocupación" del colectivo y conocer las razones de una "inacción", ya que, ha considerado, el Gobierno "parece estar actuando únicamente a golpe de advertencias y denuncias europeas". 


sábado, 23 de noviembre de 2013

El aviso de Bruselas por el catálogo no afecta al puerto de Granadilla


Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez

La advertencia que ha hecho la Comisión Europea a España para que modifique la ley del catálogo de especies naturales protegidas de Canarias por vulnerar la legislación comunitaria no afectará sin embargo a las obras del puerto de Granadilla, puesto que el reparo europeo se refiere al inventario de flora y fauna que requiere protección, pero no al sebadal como ecosistema.

Así lo explicaron ayer tanto el director del Observatorio Ambiental creado para supervisar la corrección del impacto ambiental de esta obra, el biólogo Antonio Machado, como la portavoz nacional de Greenpeace en materia de Costas, Pilar Marcos, y el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, quienes, sin embargo, coincidieron en criticar las prisas e irregularidades con las que se aprobó en 2010 el nuevo catálogo, que permitió desbloquear la ejecución del este puerto mediante la desprotección de los sebadales.

El Gobierno canario debe ahora aprobar una nueva ley de especies que respete la Directiva sobre Hábitat, pues la Comisión Europea (CE) la considera vulnerada. Y es que se rebaja en Canarias la protección a 19 especies protegidas en dicha directiva a las que sólo se garantiza ya su preservación si están dentro de la red de espacios naturales protegidos, con arreglo a una nueva categoría, inexistente en la legislación europea y estatal, denominada “de interés para los ecosistemas de las Islas Canarias”. “Es decir, no están protegidas fuera de la red, donde por lógica necesitan más protección, en lugar de menos”, enfatiza la CE en el documento sobre su advertencia a España por este motivo.

Sostiene el ejecutivo europeo que, si bien el Gobierno español le ha respondido que el Catálogo Nacional -que sí cumple con la citada directiva- prevalece sobre el canario, la realidad es que “la existencia de dos sistemas de protección superpuestos [el regional y el estatal] se traduce en un marco legal ambiguo e incierto”, y hace que su aplicación sea “poco clara, imprecisa y de efectos impredecibles”. De ahí que dé un plazo a España para que modifique la ley canaria o, de lo contrario, denunciará el caso ante los tribunales de Justicia. Sin embargo, Machado y Castro indicaron que la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene preparada desde hace más de un mes una revisión del catálogo, a la que incluso Ben Magec ha presentado alegaciones, aunque ayer ningún cargo de la Consejería autonómica de Sostenibilidad hizo declaraciones al respecto.

El director del Observatorio Ambiental admitió que la ley de 2010 (aprobada en el Parlamento canario con el no del PSC y el sí de CC y PP) se hizo “sin rigor y supeditada a presiones de todos lados”, sin antes cambiar el catálogo nacional y los anexos de la directiva europea, “y eso ha creado un lío, del que va a salir un esperpento”. “Se perdió una gran oportunidad”, apostilló.

Por su parte, la portavoz de Greenpeace dijo que, si bien esa resolución de la CE no parará las obras del puerto, ya avanzadas, le queda “la sensación de algún día la Justicia responderá a esta barbaridad, pues ha habido connivencia política para que prevaleciera la destrucción del medio ambiente”. En esta línea, desde Ben Magec, Fran Castro afirmó que “se ha demostrado que el nuevo catálogo es un disparate, que se hizo deprisa y corriendo para permitir el cambio de categoría de las sebas (que la UE protege en zonas declaradas de especial conservación, no como especie) y hacer este puerto”. “Y aquello que nos rechinó aquí entonces, proteger una especie solo en espacios protegidos, les ha rechinado también ahora en Bruselas”, remachó el ecologista.



viernes, 22 de noviembre de 2013

WWF exige la retirada del catálogo de especies de Canarias tras la advertencia de la UE

Vía: www.diariodeavisos.com

WWF exige la retirada del catálogo de especies de 2010, redactado por el Gobierno de Canarias “a la medida” de determinados intereses económicos, tras la advertencia de la Comisión Europea de que mejore la protección de las especies de las islas siguiendo la directiva Hábitats.

La organización también exige que se apruebe un nuevo listado de especies en peligro que cumpla la normativa nacional y comunitaria y siga criterios estrictamente científicos.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF presentaron una queja ante la defensora del Pueblo tras la modificación del catálogo de especies amenazadas de Canarias, “y ahora es la propia Comisión Europea quien presiona a España”, informa Adena en una nota.

En esa línea, señala que la ley 4/2010 de Canarias, que regula el inventario de flora y fauna en peligro de las islas, también fue rechazado de manera “contundente” por toda la comunidad científica de Canarias.

El nuevo listado supuso “de golpe” la desprotección de buena parte de la rica biodiversidad canaria ya que se eliminaron del catálogo anterior 227 especies (más del 50% del total), se redujo el grado de protección a 131 especies y subespecies -100 de las cuales estaban incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas-, y se creó una nueva figura de protección para 94 especies, la de ‘interés para los ecosistemas canarios’, que ha motivado la advertencia comunitaria.
Esa figura de protección permitía la destrucción de todos los ejemplares y poblaciones de especies protegidas que se encuentren fuera de algún espacio protegido.

Desproteger los sebadales

“La trampa legal” que vulnera los principios básicos de la Ley de Biodiversidad española, señala, “se concibió con el objetivo claro de desproteger los sebadales, un hábitat de interés prioritario para la Unión Europea, que impedían la construcción del puerto industrial de Granadilla
.

La Directiva Hábitats de la UE, una legislación de obligado cumplimiento, garantiza la conservación de las especies amenazadas en todos los estados miembros por encima de intereses locales, regionales o nacionales.

Adena insiste en que la aprobación del nuevo listado permitió el desarrollo de infraestructuras o proyectos con impacto sobre hábitats y especies protegidos por la normativa comunitaria. WWF reclama que se evalúe el daño sobre las especies desprotegidas y que el Gobierno de Canarias asegure que se restauran a su estado original.

La organización recuerda que Canarias ya tiene un “importante historial” de vulneración de las leyes europeas de protección de la naturaleza, y en 2011 España ya fue sancionada por “incumplimiento” de la directiva en Canarias, “pues no se aprobaron ni en tiempo ni en forma los planes de gestión para los espacios de la Red Natura 2000 de las islas”.



Asombro europeo por la desprotección de los “tan conocidos” dragos canarios

Creative Commons Foro Contra la Incineración de Residuos
Vía: www.diariodeavisos.com

Vicente Pérez

A la Comisión Europea (CE) le llama la atención que en Canarias se haya creado una categoría de protección que sólo salvaguarda una planta o un animal protegido si está en un espacio natural protegido, pero no fuera. Algo que la CE tacha de “paradójico” en el documento en que avisa a España sobre la ilegalidad de la ley canaria del catálogo de especies, contrario a la Directiva de Hábitats.

Pero si una cosa sorprende a Bruselas es que una de las 19 especies que la ley 4/2010 deja en desamparo fuera de espacio protegido sea una tan famosa como el drago. “Todas las especies en esta categoría controvertida son plantas raras,endémicas de Canarias,para muchas de las cuales no hay siquiera nombre inglés común, aunque una es la tan conocida Dracaena drago (drago de las Islas Canarias)”, comenta el ejecutivo de la UE. Al respecto, el biólogo Antonio Machado ve lógica la nueva categoría, porque hay especies que no están amenazadas y, a su juicio, no tiene sentido que su presencia impida actividades o usos en territorio no protegido, pues una planta se trasplanta y “un perenquén es absurdo protegerlo en el jardín de una casa”. Sobre el drago canario, aclaró que “no está amenazado (sí el de Gran Canaria), y se protege por interés etnográfico”. La realidad es que ejemplares transplantados se han dejado morir, como un magnífico drago llevado desde un jardín de Benito Pérez Armas a una rotonda del enlace entre la TF-1 y la TF-5 por Santa Lastenia, en la capital tinerfeña, como ha denunciado el Foro Contra laIncineración.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

La Comisión Europea ve ilegal el catálogo canario de especies protegidas

Vía: www.diariodeavisos.com



Vicente Pérez.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España a cuenta del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, vigente desde 2010, al señalar que “no cumple lo dispuesto en la Directiva sobre los hábitas”. Por ello, advierte de que si en un plazo de dos meses no modifica la Ley 4/2010 que regula este inventario de flora y fauna en peligro, “el caso puede llevarse ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario recuerda que según esta directiva, “determinadas especies exigen un sistema de protección rigurosa, independientemente de su ubicación”, una disposición legal que no se ha respetado en esta ley autonómica, pues “contiene una categoría de especies, de interés para los ecosistemas canarios”, a la que la norma canaria sólo da protección estricta cuando aparecen dentro de los límites de una zona protegida.
Abundando en su argumentación, Bruselas ha informado hoy en una nota de prensa que algunas de las especies incluidas en este catálogo “requieren protección estricta con independencia de su ubicación”.
El asunto lo denunciaron en su día precisamente por estos motivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al entender que la referIda categoría de protección en realidad “permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un espacio natural protegido”.
Los ecologistas invocan que “uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística”, y denuncian que se ha vulnerado con el sebadal y otras especies en la costa donde se construye el puerto industrial de Granadilla.
De hecho, estas organizaciones ambientalistas han sostenido que con el nuevo catálogo, “tramitado sin participación pública ni científica”, el Gobierno canario ha perseguido “el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a este proyecto por su afección a especies y hábitats amenazados”.

lunes, 4 de noviembre de 2013

La mitad de los áridos utilizados en el Puerto en 2012 son ilegales

Foro Contra la Incineración de Residuos
Vía: www.laopinion.es

Ylenia Lorenzo.


Las extracciones irregulares continúan y desde enero hasta agosto se obtuvieron 72.800 toneladas sin licencia

Más de la mitad de los áridos utilizados para la construcción del Puerto de Granadilla el año pasado procede de canteras ilegales. En el ejercicio pasado se extrajeron 1.770.585 toneladas de rocas y grava, pero el 58,4% de ese material se obtuvo sin tener la pertinente autorización o porque dicha licencia no se correspondía con las obras que ha llevado a cabo la empresa. Este porcentaje equivale a 1.034.585 toneladas sacadas de forma irregular y, ante las elevadas incidencias, la Dirección General de Industria del Gobierno canario decidió ordenar la paralización en noviembre del año pasado el suministro para el desarrollo del muelle.
El Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) ha continuado con la evaluación de los trabajos y señala que las extracciones ilegales han seguido produciéndose a lo largo de este periodo pese a las advertencias del Ejecutivo autónomo. Desde enero hasta el pasado agosto se obtuvieron un total de 446.890 toneladas de áridos procedentes de 24 canteras de la Isla. Del total, el 12,13% proviene de una práctica irregular, lo que equivale a 72.800 toneladas de roca y grava.
Las parcelas que se han utilizado para obtener este tipo de material han disminuido en una decena, ya que en el pasado año se registraron 34, pero aún quedan cuatro que funcionan sin cumplir con la normativa. La de mayor actividad, según registra el OAG, es la de Callao Salvaje II, que desde enero hasta agosto ha producido 31.650 toneladas, seguida de P. G. D. Arquipo (20.800), Amarilla Golf (13.150) y Casablanca (7.200).
Tres de estas cuatro canteras se han abierto este año. El Observatorio detalla que la única que ha permanecido en activo a pesar de no tener licencia es la de P. G.D. Arquipo, de la que en 2012 se obtuvieron 7.150 toneladas. La de mayor explotación, Callao Salvaje II, comenzó los trabajos en el pasado mes de mayo, por lo que en tan solo un cuatrimestre ha conseguido de forma irregular sus 31.650 toneladas.
Aunque las extracciones ilegales representen por el momento el 12%, aún falta por verificar la procedencia de 54.215 toneladas de material, mientras que el Observatorio asegura que 319.875 se han sacado con el correspondiente permiso.
Estas actuaciones fueron denunciadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ante el Gobierno autónomo, quien posteriormente decidió ordenar la suspensión de la actividad en noviembre de 2012. La presión que ejerció el Ejecutivo autónomo se materializó en la decisión del Ayuntamiento de Granadilla de precintar la mayor cantera de áridos y rocas de la que se nutría el futuro recinto portuario. Chimiche llegó a producir un total de 356.900 toneladas durante el año pasado, seguida de las de Vilaflor (Chasna y Rayana), con 142.300 toneladas cada una, y la de Las Chafiras M 20, con 111.300. Las cuatro continúan sin actividad en la actualidad.
ATAN no ha sido la única organización que ha denunciado las incidencias detectadas en la construcción del muelle. De hecho, la formación Ben Magec – Ecologistas en Acción presentó un informe el pasado mes de julio en la Comisión Europea de Medio Ambiente en el que denunciaba una "dejación de funciones" del OAG en la "vigilancia y control" de la procedencia de los materiales utilizados en los trabajos.
La organización avisa del "fuerte deterioro" que esta actividad provoca en el territorio, ya que se trata de daños que suelen ser "irreparables", como ha ocurrido en Güímar, donde se llevaron a cabo extracciones agresivas que impiden ahora que el espacio pueda ser recuperado.


miércoles, 25 de septiembre de 2013

El Supremo anula el plan de la Plataforma Logística del Sur


Vía: atan.org
La Sentencia del Tribunal Supremo afecta al desarrollo del puerto de Granadilla, el Polígono Industrial y el aeropuerto del sur
En ATAN hemos recibido, con evidente satisfacción, la comunicación del Tribunal Supremo que nos da la razón en nuestro Recurso contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 12 de mayo de 2008, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur (PTP-PLS) de Tenerife y que fue denegado en primera instancia por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 17 de mayo de 2010.

Esta importante sentencia viene a anular el Plan de desarrollo de la denominada Plataforma Logística del Sur de Tenerife”, recogida por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife y que tiene como objetivo principal garantizar el establecimiento de infraestructuras como el Puerto de Granadilla o la ampliación del aeropuerto del sur, ocupando y ordenando una superficie de más de 2.500 hectáreas, incluido el área marina de su tramo litoral.

A partir de este fallo solicitaremos la nulidad de todas las actuaciones aprobadas por las distintas Administraciones en ejecución de este Plan, ahora anulado, como las revisiones de planeamiento territorial y urbanístico del Polígono Industrial de Granadilla para convertir esa zona en la “cantera oficial” para abastecer de materiales geológicos las obras del puerto de Granadilla, obtenidos también hasta la fecha de manera ilegal con amparo político.

Otra consecuencia de esta Sentencia sería la dimisión o el cese de más de un responsable público, cosa que es impensable para la clase política insular.

sábado, 24 de agosto de 2013

Frente Amplio exige la paralización de las obras en el puerto de Granadilla

La plataforma ciudadana considera que el proyecto es "una barbarie" e inciden que el proyecto es innecesario y no justifica el daño medioambiental.

El Movimiento por el Frente Amplio enviará una petición a la Comisión Europea para "una vez más" tratar de impedir "la barbarie" del puerto de Granadilla en Tenerife, según ha anunciado en un comunicado.
La organización señala en un comunicado que esta obra no es necesaria para el desarrollo de la isla, consume una importante cantidad de suelo en la costa y alrededores y afectará al litoral colindante cambiando sus características naturales con graves afecciones a los núcleos turísticos.
A su juicio, pondrá en grave riesgo la desaparición de muchas de las playas que actualmente sirven de reclamo para los turistas locales y extranjeros.
El Movimiento afirma también que hay "oscuros intereses" detrás de la construcción del puerto de Granadilla y no entiende cómo finalmente, la Comisión Europea, después de haber reconocido el proyecto inviable desde el punto de vista medioambiental, ahora le ha dado su visto bueno.
Sin embargo, considera que no hay que dar la batalla por perdida ya que el puerto de Granadilla "aún se puede parar", y por ello enviará a la Comisión Europea una petición para que no destine dinero público ni financiación de ningún tipo a una obra "destructiva e innecesaria que va en contra del ansiado desarrollo sostenible".

viernes, 19 de julio de 2013

El Tribunal Constitucional desestima el conflicto de competencias de Canarias contra el catálogo de especies protegidas

La Comunidad Autónoma no puede “reducir” niveles de protección.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado desestimar el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Según el Gobierno de Canarias, el Estado había invadido competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente dado que el catálogo y el listado incluyen especies endémicas de Canarias o tienen en el archipiélago su único punto de distribución en el territorio nacional.
La representación legal del Gobierno canario entiende que el Estado ha traspasado el límite establecido por el artículo 149.1.23 de la CE que da "facultades" a las Comunidades Autónomas para establecer normas "adicionales" de protección, y por el artículo 32.12 del Estatuto de Autonomía, que dicta que a la Comunidad Autónoma le corresponde el desarrollo legislativo de la protección del medio ambiente.
Por tanto, señala el TC en una nota, al Estado compete dictar las normas básicas para la regulación de distintas materias, entre ellas la protección del medio ambiente, y a las Comunidades Autónomas, su desarrollo, y la invasión de las competencias autonómicas se habría producido en la inclusión de especies endémicas de Canarias en el Listado y en el Catálogo.
La sentencia, hecha pública este viernes y de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés-Dal Ré, reitera la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que "es posible, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, que la Administración General del Estado establezca un registro único para todo el territorio español que centralice los datos sobre el sector con la doble función complementaria de información propia y publicidad para los demás".
Y ello sin exceder del límite fijado por la Constitución cuando le atribuye la competencia para dictar la "legislación básica" en materia de medio ambiente.
La inclusión en ese registro único de especies propias de una determinada Comunidad Autónoma viene "justificada", entre otras circunstancias, precisamente por su "singularidad o rareza, lo que no es sino corolario de la definición de la diversidad biológica, apoyada en la variabilidad de los organismos vivos y de la evolución dinámica de los hábitats y las poblaciones".
Según la sentencia, del pasado 11 de julio, "todo ello pone de manifiesto que la singularidad de determinadas especies identificadas únicamente en el archipiélago canario en el momento de su inclusión en el Listado o el Catálogo no es motivo para excluir el ejercicio de la competencia estatal, teniendo además en cuenta que dicha singularidad es susceptible de variación por causas naturales o por las propias medidas adoptadas para su protección".
El Tribunal concluye que el Real Decreto impugnado "reúne los requisitos formales para ser considerado norma básica, cumple desde la perspectiva material en el ámbito de la protección del medio ambiente una función de ordenación mediante mínimos y puede permitir a las Comunidades Autónomas establecer niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos".

Legislación básica

En esa línea, sostiene, que "el régimen de conservación de las especies incluidas en el Listado y el Catálogo regulados en el mismo atiende, en definitiva, a la finalidad perseguida por la legislación básica de preservar la diversidad biológica".
La sentencia recuerda también que, según doctrina reiterada del TC, cuando esa normativa estatal básica entra en contradicción con disposiciones autonómicas anteriores, son éstas las que deben acomodarse a aquélla.
"No puede pretenderse que el previo ejercicio de una competencia autonómica en una materia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma impida o limite al Estado el pleno ejercicio de sus competencias", explica.



martes, 9 de julio de 2013

La gestión de los residuos de papel, cartón y envases en la isla de Tenerife durante 2012

Desde el Foro Contra la Incineración de Residuos nos remiten esta información, preocupante en todos los sentidos, en la que se deja ver de manera clara el declive en la recogida selectiva de residuos en la Isla de Tenerife a pesar de que las previsiones de generación de residuos, de las 722.238 toneladas previstas por el PTEOR sólo se llegarán a las 505.599 debido, han caído afortunadamente debido a la congelación del sistema económico. Unas cifras tristes para esta isla y que debería preocupar a los gestores públicos por el hecho que, reduciéndose la producción de residuos, la recogida de éstos no sólo no aumenta sino que, en proporción, hasta disminuye y ni siquiera se acerca a la media estatal.

Gráfico de la recogida selectiva de papel y cartón en la Isla de Tenerife en 2012 (kg,/habitante) Vía: Foro Contra la Incineración de Resíduos

Pulsa aquí para ver el informe del Foro Contra la Incineración de Resíduos:

Ningún municipio tinerfeño se acerca ni de lejos a la media española en recogida selectiva de papel, cartón y envases.

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La gestión de residuos en Tenerife en cifras, lo que usted siempre quiso saber pero nunca nadie le contó en datos.


miércoles, 3 de julio de 2013

Ben Magec denuncia las infracciones del Observatorio de Granadilla ante la UE

El colectivo acusa al OAG de hacer todo lo posible para que continúen las obras del puerto en vez de garantizar que se minimizan sus efectos sobre el medioambiente.
Noé Ramón
El colectivo Ben Magec-Ecologistas en Acción ha cuestionado abiertamente la imparcialidad y la independencia del Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG), cuyo objetivo era velar para que las obras del puerto del sur de Tenerife no afectaran al medioambiente. Muy al contrario, el portavoz de la asociación, Fran Castro, considera que “ha resultado más que evidente” que los miembros de este organismo “parecen ser los más interesados en la ejecución del puerto. No sólo no son independientes, ni objetivos, sino que se han opuesto a que estén presentes en la Fundación colectivos que buscan la defensa de los valores naturales”, de este entorno.
Castro informó que van a presentar ante la Comisión europea una denuncia por “los continuos incumplimientos” en los que supuestamente ha incurrido el Observatorio desde que se iniciaron las obras del controvertido puerto. Recordó que en 2006, la Unión Europea (UE) accedió a aprobar esta actuación pero imponiendo unos condicionantes medioambientales “muy exigentes” que debían ser supervisados por el OAG. “Nosotros venimos denunciando desde un principio que en vez de garantizarse que no se vean afectados los valores medioambientales de Granadilla, lo que está haciendo es eliminar todos los obstáculos para continuar con las obras”.
Castro, en este sentido, recordó que el Observatorio fue uno de los principales defensores a la hora de modificar el catálogo de especies protegidas para que el sebadal quedara fuera en cuanto suponía un problema para la ejecución de la infraestructura. “Estamos hablando de toda una serie de actuaciones que dejan claro que en vez de cumplir con su supuesto objetivo como era garantizar que las obras no iban a afectar al medio ambiente, en realidad están despejando el camino para que todas estas especies no supongan un impedimento a la finalización del puerto”.
El biólogo del colectivo, Juan Carmona, coincidió en la falta de rigor del OAG al que acusó de estar actuando “en contra de la conservación de la naturaleza”. Como ejemplo para sustentar esta denuncia citó el contenido de uno de los últimos informes elaborados en el que se recoge que los sebadales no son importantes para garantizar la conservación de las tortugas. “Esta conclusión contradice numerosos estudios, algunos incluso hechos por ellos mismos, en los que se demuestra que Canarias es una de las principales zonas de alimentación y maduración de esta especie”, dijo el biólogo. Igualmente, los ecologistas critican que el propio Observatorio haya apostado por que no se pongan en marcha reservas para proteger a las tortugas y a los sebadales. “Desde este organismo se está procediendo a manipular de forma grave los datos”, dijo Carmona.
También se critica que la Fundación haya hecho dejación de la conservación de la piña de mar, una especie en peligro de extinción que crece en tierra y que también se localiza en Granadilla. Según los ecologistas la planta se encuentra en estos momentos, “totalmente abandonada” de manera que su último hábitat apenas ocupa ya el tamaño de un campo de fútbol. Otro tanto ocurriría con la orden emitida por la UE para realizar algún tipo de obra que evite el trasvase de arena, mientras que el Observatorio ha querido restar prioridad a esta actuación y ha llegado a señalar que no es importante. “Incluso se están entorpeciendo las soluciones y medidas para evitar los daños medioambientales. La impresión que tenemos es que este Observatorio en realidad es la punta de flecha de la Autoridad Portuaria”, organismo que ejecuta las cuestionadas obras. “Nos gustaría saber en qué se emplean los cientos de miles de euros con los que cuenta de presupuesto este organismo”, aunque lo cierto es que los ecologistas aseguran que a estas alturas aún no saben cuáles son los fondos reales de los que dispone la entidad. Los ecologistas retaron al director del Observatorio, Antonio Machado, a que “dé la cara y salga a la opinión pública. Estamos como siempre dispuestos a mantener un debate público con él”.