sábado, 31 de julio de 2010

La Autoridad Portuaria obvia al TSJC y reanuda las obras en Granadilla


Puertos realiza diversos trabajos en la zona donde se ubicará la instalación, a pesar de que la Justicia estudia la inconstitucionalidad del catálogo de especies

JOSÉ LUIS CÁMARA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha decidido echarle un pulso a la Justicia con la reanudación de las obras del controvertido futuro puerto industrial de Granadilla. Sin embargo, los trabajos que algunos operarios iniciaron el jueves y que continuaron ayer volverán a detenerse, presumiblemente, la próxima semana.

El motivo, una providencia dictada el mismo jueves por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por la que mantiene la suspensión cautelar de las obras de la futura instalación y abre un plazo de diez días para estudiar si plantea un recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas.

La providencia está vinculada directamente con el procedimiento abierto a raíz de que la organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción interpusiera una demanda contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 2 de febrero de 2009, por la que se excluía del citado catálogo de especies a la población de Cymodocea nodosa (seba) que va desde la punta de los Tarajales en dirección sureste hasta Granadilla de Abona.

Según explica a este periódico el abogado de Ben Magec, Pedro Fernández Arcila, “entendemos que el catálogo es anticonstitucionalidad porque hay un exceso competencial en relación con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y de biodiversidad”.

Según afirman desde Ben Magec, la Autoridad Portuaria no precisó en su solicitud al TSJC para la reanudación de las obras del puerto, que la Ley 4/2010 establece un régimen de protección sobre las nuevas categorías “interés para los ecosistemas canarios”, en la que se incluye la seba, y de “protección especial” que contraviene el régimen básico de protección para las especies catalogadas contemplado en la Ley 47/2010 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “lo que determinará la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la norma autonómica por violentar el sistema de distribución de competencias”, arguyen los ecologistas.

Por todo ello, el TSJC acordó dar traslado a las partes demandadas -la Comunidad Autónoma, la Autoridad Portuaria, la compañía transportista de gas, la Unión Eléctrica de Canarias y el Polígono Industrial de Granadilla- y al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo de diez días, presenten alegaciones “sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de ésta”.

Paralelamente a este proceso, la organización ecologista presentó la semana pasada en la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid sendas denuncias por presunta prevaricación y delito medioambiental contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo autonómico, Domingo Berriel; así como contra la Milagros Luis Brito, ex viceconsejera de Medio Ambiente y ahora consejera de Educación; también contra los dos últimos presidentes de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor y Pedro Rodríguez Zaragoza, respectivamente, y varios miembros del Ministerio de Medio Ambiente. De igual modo, Ben Magec también presentó en el TSJC una denuncia por la vía de los hechos contra la Autoridad Portuaria, “por haber adjudicado y contratado las obras de Granadilla sin que estuvieran aprobadas por Fomento, como establece la Ley de Puertos”, argumenta Fernández Arcila.  

Versiones contradictorias y nueva denuncia

NICOLÁS DORTA | GRANADILLA
La Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla presentó ayer ante la Guardia Civil una denuncia por la reanudación de las obras de la futura instalación portuaria de Granadilla, según confirmaron fuentes de la organización. Sin embargo, y pese a esta denuncia y a la providencia dictada por el TSJC, una excavadora continuaba ayer tarde realizando movimientos de tierra sobre los terrenos donde irá ubicado el puerto.

El propio concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento granadillero, Esteban González, aseguró que la Autoridad Portuaria firmó el pasado 13 de julio el acta de replanteo y autorizó estos primeros trabajos sobre cinco millones de metros cúbicos, donde se hace acopio y desbroce de material y se esperan estos días numerosos desplazamientos de camiones.

Por orden de la alcaldesa de Granadilla, Carmen Nieves Gaspar Rivero, la Policía Local se desplazó a la zona solicitar diversa documentación, pero los trabajos no se paralizaron. “De momento, no hay ningún problema”, indicó Esteban González, una opinión que no comparte Nieves Gaspar, quien reconoció que no tenía “conocimiento oficial” de la reanudación de las obras. “Todos somos responsables de nuestros actos”, advirtió la alcaldesa. En la orilla opuesta, el popular Esteban González pide un poco de “cordura” para que esta obra no se convierta en “arma arrojadiza” entre partidos. 

viernes, 30 de julio de 2010

El patético inicio de las obras del puerto de Granadilla





Hoy viernes 30 de julio de 2010 la Autoridad Portuaria ha realizado un tímido esfuerzo para iniciar las obras del puerto de Granadilla. Y decimos tímido porque el bochornoso espectáculo que allí se llevaba a cabo esta misma mañana consistía en un único operario con una pala mecánica intentando allanar la parcela adyacente a la central de UNELCO.

El despiste era tal por parte de este operario que se acercó a uno de nuestros miembros para preguntar por donde tenía que seguir con su trabajo palístico, de lo que se deduce la gran falta de planificación e información de la que disponía este operario.





Lo que no sabía el presidente de la Autoridad Portuaria Rodríguez Zaragoza, es que el mismo día que ordenaba el inicio de las obras, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) remitía a las partes un comunicado por el que se inicia el proceso de inconstitunacionalidad sobre el nuevo catálogo de especies protegidas, argumento legislativo en el que se ha basado la Autoridad Portuaria para el reinicio de las obras. 

El auto viene a decir que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 2/79 del Tribunal Constitucional, se da traslado para alegaciones a las partes”. Al mismo tiempo el TSJC declara “que no ha lugar, en este momento procesal, a dictar resolución sobre la posible terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto…”

En estos mismos momentos, la Plataforma Ciudadana Contra el Puerto de Granadilla está remitiendo una denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Granadilla de Abona contra Pedro Rodríguez Zaragoza y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en base a la Ley de Puertos y Marina Mercante en la que establece, en su artículo 20.1, que:

“(…) la construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal exigirá la previa aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte”.

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto incumpliendo el artículo 38 de la Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación del Servicio de los Puertos de interés general señala:
“(…) la construcción de un Nuevo Puerto de titularidad Estatal, la ampliación o realización de nuevas obras de infraestructuras existentes, que alteren significativamente su configuración requerirá la aprobación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto”, algo que a día de hoy no ha sucedido con las obras del Puerto de Granadilla.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es un organismo incompetente para adoptar esta decisión y sin embargo ha autorizado a las empresas adjudicatarias el inicio de las obras de construcción sin contar con la aprobación del Ministerio.



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Ante la posible inconstitucionalidad del catálogo, el TSJC mantiene la suspensión cautelar del puerto de Granadilla



Ben Magec-Ecologistas en Acción comunica que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido iniciar los trámites para plantear una posible Cuestión de Inconstitucionalidad, a solicitud de la organización ecologista, sobre la ilegalidad manifiesta de la Ley del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido iniciar el procedimiento para elevar al Tribunal Constitucional una Cuestión de Inconstitucionalidad en relación a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. Esta iniciativa ha sido resultado de las evidencias aportadas por el abogado de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Pedro Fernández Arcila, con las que pone de manifiesto la presunta inconstitucionalidad de la nueva Ley.

El recurso por inconstitucionalidad es la única vía legal para anular una Ley aprobada por un Parlamento, y esta Ley adolece de gravísimos defectos que la hacen ilegal. Por este motivo, desde la Federación ecologista se han iniciado muchas vías para presentarla, ya que la Constitución Española establece que para interponer el Recurso de Inconstitucionalidad, sólo tendrán potestad “el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores (…)”, o un órgano judicial.

Dado que tras reiteradas manifestaciones de voluntad, el Partido Socialista aún no ha hecho absolutamente nada al respecto, la Federación ecologista ha optado por otras vías para presentar el recurso. Concretamente, Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó al TSJC toda una serie de argumentos que acreditan la más que probable ilegalidad de la nueva norma, y que han servido de base al juez para que plantee al órgano supremo la Cuestión de Inconstitucionalidad.

Esta nueva Ley, presentada a iniciativa de Coalición Canaria y aprobada con los votos de CC y el Partido Popular, hecha ex profeso para legalizar las obras del innecesario y destructivo puerto de Granadilla, ha suscitado el rechazo contundente y unánime de los colectivos sociales, profesionales y de los científicos más destacados en materia de biodiversidad de Canarias, puesto que supone un verdadero varapalo a la conservación, y abre las puertas a la destrucción de las valiosas especies de flora y fauna canaria, muchas de ellas endémicas, y en serio peligro para su supervivencia. 

La pala en Granadilla, 30 de julio 2010

Pala Granadilla 30 julio 2010.01


Pala Granadilla 30 julio 2010.02 | Pala Granadilla 30 julio 2010.03 | Pala Granadilla 30 julio 2010.04




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La construcción del puerto de Granadilla ya está en marcha


Los trabajos comenzaron con el desbroce de una de las zonas de tierra - El Ayuntamiento sureño no tiene constancia del comienzo de las obras

NAIMA PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, confirmó ayer que las obras del puerto de Granadilla ya se han retomado, después de que el pasado 13 de julio esta institución diera la orden a las empresas adjudicatarias para que procedieran a la realización de estos trabajos. 

Diecisiete meses después de que Puertos ordenara su paralización, apenas dos semanas después de su inicio, debido a la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los trabajos comenzaron con el desbroce de una parte del terreno. Esta labor se lleva a cabo con un bulldozer D9, un tractor que realiza la función de limpieza del terreno.


Antes de cualquier movimiento de tierra, Rodríguez Zaragoza informó de que el Observatorio Medioambiental ha estado analizando la zona para ver qué especies de flora había que preservar y de qué forma podía procederse a remover el terreno.


También el presidente de Promotora Punta Larga (PPL), Antonio Plasencia, una de las seis empresas que forman la Unión Temporal de Empresas (UTE) que trabajará en el puerto, confirmó el inicio de estas obras, con el envío del citado bulldozer. “La próxima semana nos reuniremos con el gerente de la UTE para evaluar el plan de trabajo, así como los medios materiales o técnicos que se emplearán”, manifestó el empresario tinerfeño.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Granadilla informó ayer de que no tiene constancia del inicio de estos trabajos.
La Autoridad Portuaria ordenó el reinicio de las obras, después de que se aprobara en el Parlamento de Canarias el Catálogo Canario de Especies Protegidas, una norma que deja sin efecto el decreto del Gobierno por el que se descatalogaban los sebadales para la realización de las obras y que suspendió cautelarmente el TSJC. 

La suspensión aún no se ha levantado por parte del Alto Tribunal canario, pero ya el decreto no tiene efecto, al aprobarse una norma jurídica superior, como es el Catálogo, según Rodríguez Zaragoza.

Inconstitucionalidad

Alternativa Sí se puede por Tenerife celebró el pasado miércoles una reunión con el PSC para exigirle medidas concretas contra el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, que a su juicio, es “fruto del empeño político del Gobierno de Canarias por iniciar las obras del puerto de Granadilla”. En ella, el PSC se comprometió a iniciar el mecanismo de inconstitucionalidad antes del 10 de septiembre, según informó Alternativa en un comunicado. Ésta había solicitado una reunión bilateral al PSC para exigirle medidas “concretas” ante la responsabilidad que le corresponde “en uno de los mayores conflictos sociales y ambientales de Canarias: el puerto de Granadilla”. En consonancia con la medida anterior, también reclamaron que no exista financiación de Fomento para las obras en 2011.

jueves, 29 de julio de 2010

Catedrático de Zoología advierte de que “el mar canario se está convirtiendo en un sumidero de CO2″


El catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna (ULL), Alberto Brito Hernández, advierte de que “en Canarias, el PH del agua ha disminuido en tres milésimas, convirtiéndose el mar en un sumidero del dióxido de carbono (CO2) proveniente de la atmósfera”.

Una de las soluciones al aumento de CO2 en el agua son los campos de algas que pueden amortiguar esos efectos “además de que si el agua se enfría, aumenta la capacidad de absorción del CO2, mientras que si se calienta se disminuye, con lo que el cambio climático no afecta tanto a Canarias, y sí afecta mucho la disminución del PH del agua”, señaló Brito Hernández durante su intervención en la Universidad de Verano de Adeje (UVA), según informó la propia UVA en un comunicado.

Entre los efectos detectados en Canarias por el cambio climático, que ha supuesto la subida de un grado en los últimos 20 años, están los cambios en la biodiversidad, con la aparición de nuevas especies de origen tropical; el enrarecimiento de las especies nativas de origen templado; un aumento poblacional de estas mismas especies; cambios en la estructura trófica, afección a las comunidades estructurantes, con la presencia de alguna especie peligrosa para el ecosistema marino canario; y la manifestación de fenómenos y procesos ecológicos desconocidos, así como enfermedades como la ciguatera, de origen tropical.

En la actualidad, en Canarias, las áreas marinas protegidas son muy incompletas y no se encuentran ajustadas a las características de las islas. Además, los catálogos de especies protegidas incluyen pocas especies marinas y muchas están mal catalogadas, según el catedrático de Zoología de la ULL.

“También la legislación de impacto ambiental se incumple sistemáticamente y la legislación pesquera es muy deficiente y no está ajustada al nivel de los recursos y las condiciones de cada isla”, asegura Alberto Brito Hernández, quien destaca que “ha habido un intento para crear un parque natural marino entre La Gomera y El Hierro, que no prosperó y, si todo va bien, el próximo año, lo que conseguiremos es que el archipiélago cuente con una nueva reserva marina pesquera, en el norte de La Gomera”.

“Además, la nueva estrategia marina europea en la que se obliga a España a equiparar las áreas marinas, supondrá un aumento de la creación de espacios marinos protegidos, que tendrían que pasar de 1 por ciento a un 10 por ciento, lo que sería un gran avance para la protección de nuestros mares”, concluye Brito Hernández.

Contrasentidos de la biodiversidad en Canarias


Según Manuel Nogales, investigador científico del CSIC, "son curiosos todos los contrasentidos que se han dado respecto a la biodiversidad este año: mientras se conmemora su año y muchos gobiernos se afanan por su preservación, en Canarias hemos hecho lo contrario". Así lo explicó este miércoles en El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, donde apuntó que "es muy difícil que un catálogo de biodiversidad cohesione a la comunidad científica, y en este caso se ha dado", en referencia al rechazo total de los investigadores al nuevo registro de especies canarias.

El investigador no dudó en criticar el modelo económico de Canarias, indicando que "el sistema que llevábamos, la vorágine de consumo de suelo y la alteración del medio ambiente está claro que tiene que parar". "Hay que apostar por un desarrollo económico diferente, no podemos tirar con el asfalto y el cemento por delante", concluyó.

Hawaii o las Islas Galápagos son algunos de los ejemplos de economías de turismo alternativas a seguir: "es un turismo más selectivo, que apuesta por paisajes, con medidas de bioseguridad y normas para respetar los ecosistemas".

Para el investigador "lo importante es dar un golpe de timón claro" también respecto a la cultura de la sensibilidad con el medio ambiente. "Las universidades públicas tenemos que hacer un esfuerzo de investigación y divulgación importante. En mi grupo una o dos investigaciones al año van destinadas al gran público, si esta política modesta pero efectiva trascendiera daríamos sentido a lo que estamos haciendo", explicó Nogales.

Por último, apuntó la necesidad mejorar la financiación científica por parte del Gobierno de Canarias, puesto que "estamos exportando incluso científicos al exterior".

Sí se puede logra que el PSOE impulse un recurso de inconstitucionalidad del catálogo de especies


Alternativa Sí se puede por Tenerife celebró ayer una reunión con el Partido Socialista para exigirle medidas concretas contra el nuevo catálogo canario de especies protegido, que a su juicio, es "fruto del empeño político del Gobierno de Canarias por iniciar las obras del Puerto de Granadilla". En la misma el PSC-PSOE se comprometió a iniciar el mecanismo de inconstitucionalidad antes del 10 de septiembre, según informó en un comunicado.

La formación había solicitado una reunión bilateral al PSOE para exigirle medidas "concretas" ante la responsabilidad que le corresponde "en uno de los mayores conflictos sociales y ambientales de Canarias: el puerto de Granadilla".

En concreto, los representantes del partido de la izquierda alternativa tinerfeña le propusieron al PSC que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas.

En consonancia con la medida anterior, también reclamaron que no exista financiación del Ministerio de Fomento para las obras del puerto de Granadilla en los Presupuestos Generales de 2011.

Sí se puede considera necesario reclamar la inversión del Estado en todas las iniciativas del Plan Canarias referidas a fomento de las energías renovables --como las centrales hidroeólicas--, impulso al sector primario, así como en las infraestructuras y equipamientos relacionados con la sanidad pública, la educación y los servicios sociales, "sectores todos capaces de tirar del empleo a la vez que contribuyen a resolver las graves carencias sociales de nuestra tierra".

A la reunión asistieron Francisco Hernández Spínola, portavoz parlamentario del PSC-PSOE y Manuel Fajardo, diputado por Lanzarote de ese partido; por Alternativa Sí se puede acudieron a la cita Antonio Cabrera, concejal de Granadilla; José García Casanova, concejal de Tacoronte y conocido miembro de la comunidad científica; Pedro Fernández Arcila, abogado ecologista y candidato por Sí se puede al Ayuntamiento de Santa Cruz; y Fernando Sabaté, candidato al Cabildo por esta formación política.

Sí se puede fundamentó sus demandas en el amplio rechazo ciudadano al puerto de Granadilla y en los numerosos estudios técnicos y científicos que invalidan este proyecto que consideran "costoso, inútil y lesivo para el medio ambiente".

Tras escuchar sus argumentos, los representantes del PSOE se comprometieron a dar el primer paso hacia el recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo de Especies Protegidas, antes del 10 de septiembre próximo --fecha en que vencería el plazo--.

Comentaron también que el Partido Socialista podría modificar en el futuro su actual posición favorable al puerto, a la vista de las evidencias legales y científicas que lo cuestionan. Los miembros de Sí se puede agradecieron la oportunidad de este encuentro, al tiempo que manifestaron que permanecerán vigilantes en las próximas semanas al cumplimiento del compromiso adquirido por el PSOE.

Sí se puede se reúne con el PSC–PSOE para reclamar que presente recurso de inconstitucionalidad al Catálogo de Especies Protegidas.



Alternativa Sí se puede por Tenerife celebró hoy miércoles una reunión con el Partido Socialista para exigirle medidas concretas contra el nuevo Catálogo, fruto del empeño político del Gobierno de Canarias por iniciar las obras del Puerto de Granadilla. En la misma el PSC–PSOE se comprometió a iniciar el mecanismo de inconstitucionalidad antes del 10 de septiembre.

Alternativa Sí se puede había solicitado una reunión bilateral al PSOE para exigirle medidas concretas ante la responsabilidad que le corresponde en uno de los mayores conflictos sociales y ambientales de Canarias: el Puerto de Granadilla. En concreto, los representantes del partido de la izquierda alternativa tinerfeña le propusieron al Partido Socialista tres cuestiones fundamentales: 1) Que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas. 2) En consonancia con la medida anterior, que no exista financiación del Ministerio de Fomento para las obras del puerto de Granadilla en los Presupuestos Generales de 2011; Sí se puede, en cambio, considera necesario reclamar la inversión del Estado en todas las iniciativas del Plan Canarias referidas a fomento de las energías renovables (como las centrales hidroeólicas), impulso al sector primario, así como en las infraestructuras y equipamientos relacionados con la sanidad pública, la educación y los servicios sociales, sectores todos capaces de tirar del empleo a la vez que contribuyen a resolver las graves carencias sociales de nuestra tierra.

A la reunión asistieron Francisco Hernández Spínola, portavoz parlamentario del PSC–PSOE y Manuel Fajardo, diputado por Lanzarote de ese partido; por Alternativa Sí se puede acudieron a la cita Antonio Cabrera, concejal de Granadilla; José García Casanova, concejal de Tacoronte y conocido miembro de la comunidad científica; Pedro Fernández Arcila, abogado ecologista y candidato por Sí se puede al Ayuntamiento de Santa Cruz; y Fernando Sabaté, candidato al Cabildo por esta formación política.

Sí se puede fundamentó sus demandas en el amplio rechazo ciudadano al puerto de Granadilla y en los numerosos estudios técnicos y científicos que invalidan este proyecto que consideran “costoso, inútil y lesivo para el medio ambiente”. Tras escuchar sus argumentos, los representantes del PSOE se comprometieron a dar el primer paso hacia el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo de Especies Protegidas, antes del 10 de septiembre próximo (fecha en que vencería el plazo). Comentaron también que el Partido Socialista podría modificar en el futuro su actual posición favorable al puerto, a la vista de las evidencias legales y científicas que lo cuestionan. Los miembros de Sí se puede agradecieron la oportunidad de este encuentro, al tiempo que manifestaron que permanecerán vigilantes en las próximas semanas al cumplimiento del compromiso adquirido por el PSOE.

Carta abierta al Partido Socialista Canario-PSOE

Cándido Quintana*
Los abajo firmantes –miembros de movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, técnicos y expertos en materia de conservación de la biodiversidad, científicos, investigadores y claustros universitarios, así como ciudadanas y ciudadanos a título personal– siempre hemos denunciado que la reciente Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias ha sido concebida y redactada expresamente para superar algunas de las trabas jurídicas que impedían la construcción del puerto de Granadilla. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife nos vino a dar la razón cuando a las pocas horas de publicarse dicha ley en el Boletín Oficial de Canarias, cursó la orden de “reinicio” de las obras afirmando, además, que una vez aprobado el nuevo Catálogo ya nada impedía la construcción del mencionado muelle. Se consumaba así la mayor burla al derecho, a la justicia, a la ciencia y a la democracia en la historia de Canarias y se demostraba palpablemente hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos de Coalición Canaria y del Partido Popular con tal de conseguir sus propósitos y los del lobby empresarial que le es afín. 

Pero el PSC-PSOE también está jugando un ambiguo papel en todo este proceso pues aunque en su momento exigió reducir la longitud del dique nunca ha concretado en la práctica su eventual rechazo a la construcción del Puerto de Granadilla. Mientras algunos de sus militantes tinerfeños sensibles a las cuestiones medioambientales declaraban que su partido no estaba por la labor, otros trabajaban activamente junto al PP en el seno de la UE a favor de su construcción. 

Ahora, a pesar de que ya en el debate parlamentario del Catálogo el PSC-PSOE adujo que esa ley era anticonstitucional, porque su articulado se inmiscuía en competencias de ámbito estatal, las recientes declaraciones de su portavoz, el Sr. Hernández Spínola, vuelven a manifestar una preocupante ambigüedad, muy alejada de la claridad de objetivos que exigen las actuales circunstancias: no entendemos que se pueda afirmar rotundamente que la ley del Catálogo vulnera claramente la Constitución y supeditar la presentación del consiguiente recurso de inconstitucionalidad a una negociación con los redactores de esa misma ley. 

Pensamos, además, que el PSC-PSOE puede ir aún más allá, anunciando que el ministerio de Fomento no va a financiar un proyecto tan absurdo, innecesario y destructor del medio ambiente, cuyo único objetivo es el enriquecimiento, mediante el pelotazo especulativo y urbanístico, de una serie de empresarios que ya se han apresurado a jalear el abortado inicio de las obras. Al mismo tiempo, requerimos del PSC-PSOE que se posicione claramente al lado de las tinerfeñas y tinerfeños, pues el proyecto del puerto de Granadilla ha suscitado la respuesta más contundente y prolongada en el tiempo llevada a cabo por la ciudadanía canaria. 

Estaremos vigilantes ante la posibilidad de que la inmensa pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural, que supone la aprobación del Catálogo se convierta en moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La poca transparencia y ambigüedad mantenidas por el PSC-PSOE en este asunto nos hace ser suspicaces respecto a sus intenciones. 

Por todo ello, instamos al PSC-PSOE a que solicite del Gobierno central las siguientes medidas: 

1º La presentación sin más dilaciones del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas. 

2º La negativa del ministerio de Fomento a financiar las obras del puerto de Granadilla. 

3º Que acuda a las instancias europeas en solicitud de que no se apoye un proyecto para el cual se ha incurrido en un fraude de ley tan evidente como el cambio del catálogo de especies protegidas. 

(*) Presidente de la plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife 

miércoles, 28 de julio de 2010

Canarias: biodiversidad desafortunada

Juan Carlos Rando, biólogo.

En el Año Internacional de la Biodiversidad, Canarias no tiene nada que celebrar. A pesar de la rotunda oposición de la comunidad científica –incluidas ambas universidades canarias y el CSIC– y de las ONG, ha sido aprobado el nuevo y polémico Catálogo Canario de Especies Protegidas. Esta medida es una de las mayores agresiones a la conservación en una región integrada en un hotspot o zona con mayor biodiversidad del planeta.

En los territorios insulares, las poblaciones aisladas evolucionan dando lugar a fenómenos de especiación, que explican un elevado número de endemismos si lo comparamos con los territorios continentales. Por otro lado, una geografía limitada y la ausencia o escasez de grandes herbívoros y depredadores hacen muy vulnerables a las biotas insulares ante las alteraciones producidas por el hombre y las especies exóticas. Por ello las islas han servido para estudiar tanto los procesos por los que se originan las especies como, más recientemente, también aquellos por los cuales desaparecen. Son protagonistas importantes en la denominada Sexta Gran Extinción. En las islas tuvieron lugar más del 80% de las extinciones de vertebrados acaecidas en tiempos históricos, a pesar de que constituyen menos del 5% de la superficie del planeta. Y en las islas, por si fuera poco, viven también muchas de las especies más amenazadas. 

Algunos grupos de especies autóctonas de Canarias han servido a los investigadores como modelos para estudiar los procesos evolutivos. De la misma forma, se tiene constancia de la extinción de por lo menos un reptil, tres mamíferos y seis aves, especies endémicas todas ellas, además de otras muchas extinciones locales, tras la colonización humana del archipiélago. El impacto humano sobre especies y ecosistemas ha ido en aumento durante los últimos siglos y es ahora mayor que nunca antes. Muchos de los endemismos que sobreviven tienen una distribución relicta, es decir, sus poblaciones actuales son mucho más pequeñas y con una distribución ínfima si la comparamos con su estado original, hasta el punto de que se encuentran en una situación desesperada de conservación, como en el caso de los lagartos gigantes o del pinzón azul de Gran Canaria. 

Muchas de estas especies son prioritarias para la Unión Europea en lo que se refiere a su conservación o merecen la máxima categoría de amenaza para la UICN. Prueba de ello es que se han beneficiado de numerosos instrumentos de financiación para garantizar su supervivencia, en forma de inversiones que han permitido acometer acciones (de conservación, de divulgación y educativas), construir instalaciones y generar puestos de trabajo. Pues bien, en sólo unos meses esto ha cambiado, al menos para la mayoría parlamentaria de Canarias. La situación sobre el papel –no en la realidad– ahora parece ser otra según la Ley 4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, publicada el pasado 9 de junio en el Boletín Oficial de Canarias.

NI ERA URGENTE NI TIENE RIGOR CIENTÍFICO
La peor de las pesadillas para los lagartos gigantes, el opilión ciego majorero y el gorrión chillón comenzó en octubre de 2009, cuando la propuesta de nuevo catálogo fue presentada en el Parlamento de Canarias como una Proposición de Ley por el grupo parlamentario de Coalición Canaria, que ha podido prosperar gracias al apoyo del Partido Popular. La principal de las excusas argumentadas fue que el anterior catálogo regional necesitaba ser adaptado cuanto antes a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta norma estatal prevé reducir las cuatro categorías de amenaza del actual Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (“En peligro de extinción”, “Vulnerable”, “Sensible a la alteración de los hábitats” y “De interés especial”) a tan solo dos (“En peligro de extinción” y “Vulnerable”). La adaptación se está realizando en estos momentos. 

La misma Ley 42/2007 indica que las comunidades autónomas podrán establecer sus catálogos regionales de especies amenazadas. Eso sí, una especie contemplada en el catálogo nacional no podrá ser rebajada de categoría en los catálogos regionales. De sentido común sería esperar a la publicación del nuevo catálogo nacional, para luego revisar el regional, evitando así posibles contradicciones y errores. Las especies seguirán contando con protección hasta la aprobación de los nuevos catálogos, algo que ninguna comunidad autónoma ha hecho aún excepto Canarias. 

Por otro lado, lo lógico habría sido que el Gobierno de Canarias, y no un grupo parlamentario, hubiera aprobado el catálogo como un Proyecto de Ley. Pero claro, esto último suponía mucho más tiempo de trámite: el proyecto habría tenido que salir a exposición pública y pasar el filtro de los servicios técnicos de la administración regional, entre ellos el Servicio de Biodiversidad (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial). Así que, usando esta perversa vía rápida, puenteando los impedimentos legales y técnicos, llegamos a la aprobación de este monumento surrealista al desprecio por la conservación, el conocimiento científico, el sentido común y la participación ciudadana. ¿Se imaginan qué pasaría si todos los gobiernos funcionaran así? Es decir, promulgando leyes sobre educación o sanidad, mientras se da la espalda al conocimiento acumulado sobre esas materias, que ha llevado décadas de trabajo a muchísimos investigadores y técnicos, así como una parte importante del presupuesto de un país. 

A estas alturas el nuevo catálogo, aunque parezca increíble, es un documento anónimo, es decir sus autores no han querido dar la cara. Los dirigentes de Coalición Canaria han atribuido colaboraciones al Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y a biólogos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, así como a algunos profesores de la Universidad de La Laguna, pero todos elloslo han negado explícitamente. Además, esos dirigentes han mencionado que el nuevo catálogo se basa en las evaluaciones que sobre las especies amenazadas se han realizado desde el citado Servicio de Biodiversidad. Pero la última de estas evaluaciones es de diciembre de 2009, fecha posterior a la presentación de la Proposición de Ley. Cualquiera que coteje esta evaluación con el nuevo catálogo comprobará que se parecen lo mismo que un huevo a una castaña.

VÍA LIBRE PARA EL AVANCE DEL HORMIGÓN
El nuevo catálogo canario contempla dos categorías para las especies amenazadas (“En peligro de extinción” y “Vulnerable”). Incorpora además otras dos que no son para especies amenazadas (“De interés para los ecosistemas canarios” y “De protección especial”). La primera de estas dos últimas llama mucho la atención, ya que el que una especie esté incluida en ella implica que estaría protegida únicamente dentro de un espacio protegido. ¿Qué sabe un gorrión chillón de límites sobre un mapa? La categoría “De interés para los
ecosistemas canarios” es una cortina de humo que no sirve para nada, más que para engordar un catálogo con muchas lagunas e incoherencias. De hecho, ésa es la categoría con mayor número de especies, nada menos que 149. 

En resumen, el nuevo catálogo canario reduce drásticamente y sin justificación el número de especies con protección efectiva con respecto al anterior y manifiesta, además, la intención del ejecutivo canario de tratar de rebajar la categoría de otra muchas recogidas en el catálogo nacional cuando éste sea revisado. Se dan situaciones tan absurdas como que el lagarto canario moteado, exclusivo de una sola isla, Tenerife, y cuyas últimas poblaciones se refugian en acantilados inaccesibles, se encontraría como “Vulnerable”, mientras que el milano real, especie no endémica y extinta desde los años sesenta en Canarias, es considerado como “En peligro de extinción”. 

Con estos antecedentes, todo parece indicar que lo menos importante en el nuevo catálogo es la conservación. Es obvio que determinadas especies eran obstáculos legales para el avance del hormigón en las islas, tal y como han reconocido destacados políticos canarios tanto antes como después de la aprobación. Debemos esperar que se imponga el sentido común, que algunas de las iniciativas contra esta ley prosperen y que el catálogo nacional se elabore rápidamente y con criterios técnicos objetivos, respetando en todo momento el conocimiento que se tiene sobre cada especie y oyendo a las instituciones y organizaciones de este país que se preocupan por la conservación. De lo contrario, el escenario a corto plazo en Canarias, se parecerá peligrosamente a los descritos por Jared Diamond en Colapso, donde sociedades insulares sucumben de forma dramática por no saber valorar y gestionar adecuadamente el medio ambiente que les permitió subsistir.

Descubren en aguas canarias un coral tropical habitual en mares cálidos


Un equipo de científicos canarios ha descubierto en aguas de la costa de Tenerife una especie de coral tropical que hasta el momento tenía su máximo ámbito de expansión en Cabo Verde, y que puede haberse desplazado once grados de latitud más al Norte por el aumento de la temperatura en el mar.
Ana Santana
En concreto se trata de hidrocorales del género "Millepora" y su hallazgo ha sido descrito por investigadores del Departamento de Biología Animal de la Universidad de La Laguna, el Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico y el Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los científicos, liderados por el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, comenzaron a estudiar la especie después de que en 2008 un pescador submarino, Francisco Viera, descubriese en el Porís de Abona (Arico), al sur de Tenerife, una colonia de corales.
El estudio, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, ha sido recopilado por la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, pues la aparición de estos corales podría estar causada por el incremento de las temperaturas en el Archipiélago.
Según figura en el texto, los resultados de las mediciones realizadas muestran que se trata de ejemplares de poca edad e indican un crecimiento notable en el período de un año.
Asimismo, se menciona que las condiciones climáticas actuales parecen favorecer el desarrollo de las colonias de esta especie de origen tropical.
La temperatura del agua en la zona oscila entre los 18 y los 25 grados centígrados después de que las islas hayan experimentado "una tendencia reciente al calentamiento, con un aumento de media de un grado en los últimos veinte años".
Al respecto, se detalla que hace seis años se produjo "un evento climático extremo" durante la época veraniega.
Alberto Brito explicó a Efe que los hidrocorales son los llamados "corales de fuego" por su alto poder urticante, pertenecen al grupo de los "Cnidarios" y dentro de ellos son "Hidrozoos", mientras que los corales típicos son "Antozoos".
La presencia de los hidrocorales sólo puede explicarse por su llegada en fase de "hidromedusas", en un proceso rápido de transporte de masas de agua desde las zonas tropicales más próximas a Canarias, se añade en el estudio.
Los investigadores aprecian además "evidencias claras del proceso de tropicalización" de varias especies de peces y, según indica Alberto Brito, desde mediados de la década de los 90 del siglo XX se inició un incremento progresivo de las especies tropicales, aunque muchas no parecen haber llegado a formar poblaciones estables.
Algunas, como el gallo aplomado (Canthidermis suflamen) y la caballa-chicharro (Decapterus macarellus) constituyen actualmente importantes recursos pesqueros en las islas más cálidas, las occidentales, añade.
El catedrático señala que en principio, hasta ahora no se han observado efectos negativos por la presencia de estas especies.
Por el contrario el hidrocoral, si se extendiese, tendría una gran capacidad de transformar los fondos costeros, pero por ahora está muy localizado, precisa.
"En realidad, desde mi punto de vista, hasta el momento el mayor grado de transformación achacable al cambio climático es la desaparición de las praderas someras del alga parda "Cystoseira abies marina" (musgo amarillo u orchilla) de grandes extensiones de costa de las islas occidentales y centrales", detalla.
Esto significa "una pérdida importante" desde el punto de vista ecológico ya que era el soporte de un importante ecosistema, explica Alberto Brito, quien subraya que otro aspecto relevante es la proliferación puntual de algunas microalgas de origen tropical productoras de toxinas causantes de enfermedades como la ciguatera.

Sindicatos acusan a Rivero de creer que los ciudadanos son "tontos"

Vía: www.europapress.es


Tildan de "cinismo" su crítica a la "derechona"

Nueve organizaciones se unen para la huelga general del 29 de septiembre bajo el lema 'Canarias dice ¡basta!'


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos acusaron hoy al presidente canario, Paulino Rivero (CC), de "pensar" que los ciudadanos de las islas son "tontos", al tiempo que achacan la crítica del dirigente nacionalista a la "derechona" a "un acto de cinismo político".

Así lo manifestó el portavoz de Intersindical Canaria (IC), Antonio Sardá, en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, donde nueve organizaciones presentaron un manifiesto conjunto de la huelga general del próximo 29 de septiembre bajo el grito de 'Canarias dice ¡basta!'.
En su intervención como representante de la plataforma unitaria sindical de las islas, Sardá se refirió, así, a las palabras de Rivero el pasado sábado tras ser ratificada su candidatura para las elecciones de 2011 por el Consejo Político de Coalición Canaria (CC).

El dirigente sindical recordó que el actual jefe del Ejecutivo regional "afirmó que tras ganar los comicios impondrá la justicia social a los intentos de la derechona de recortarlo todo en favor del sector privado y en detrimento del público, y aseguró que se romperá el alma para defender la justicia social en la próxima legislatura como presidente del Gobierno canario y no permitirá que el sector público sufra los rigores de la crisis económica".

"PIENSA QUE SOMOS ILETRADOS"

"Este señor piensa que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias somos absolutamente iletrados, tontos, que no somos capaces de ver que esta promesa es un acto de cinismo político porque Rivero, aparte de jalear los planes de ajuste y la reforma laboral, ha intentado que vayan más allá con más contenidos lesivos", resaltó Sardá.

Asimismo, incidió en que la actuación política de Rivero junto con el PP en Canarias "ha sido de destrucción del empleo público y de los servicios públicos y de ruptura del Estado de Bienestar en este pueblo". Por todo ello, opinó que Canarias "se tiene que poner en pie y decir basta".

Durante la comparecencia estuvieron también presentes Reinaldo Medina, de CCOO, Ángela Hernández, de Convergencia Sindical Canaria, Elisa López, de Cobas, Ramón Rodríguez, de UGT, y Noelia Saavedra, de la Confederación Canaria de Trabajadores, si bien la movilización es apoyada también por la Coordinadora Canaria de Colectivos, Insucan y la Organización Sindical de Empleados Públicos de Canarias.

LA CRISIS CON "ESPECIAL DUREZA" EN LAS ISLAS

Las nueve organizaciones se han puesto de acuerdo en un manifiesto para "dar un grito" que les unifica, según Sardá, que explicó que la actual crisis del sistema económico capitalista se manifiesta en Canarias "con especial dureza".

El escrito recoge que los indicadores básicos así lo demuestran: la mayor tasa de desempleo de todo el Estado, con prácticamente el 30 por ciento de la población activa (8 puntos más que la media estatal), es decir, más de 300.000 personas en paro, según la última Encuesta de Población Activa).

Además hay un 50 por ciento de desempleo juvenil, frente al 36,6 por ciento de media estatal, la tercera parte de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza, con escasos o ningún recurso.

Más de un 30 por ciento de quienes tienen empleo son trabajadores temporales, sometidos a la inseguridad y permanente entrada y salida del mercado de trabajo; y el salario medio de Canarias es un 16,39 por ciento inferior al del Estado.

Canarias lleva más de dos años retrocediendo en número de personas afiliadas a la Seguridad Social, en tanto que la economía sumergida supone el 28,7 por ciento del Producto Interior Bruto de las islas.

POLÍTICAS PRIVATIZADORAS

Igualmente, denunció que las políticas privatizadoras y los recortes presupuestarios debilitan los servicios públicos esenciales, con mayores listas de espera para la atención médica, aumenta el fracaso escolar y el abandono de los estudios y el retraso en la atención a las personas dependientes, entre otros.

Según los sindicatos, esta realidad tiene que ver también con el modelo económico de Canarias, "basado en el turismo y la construcción, fuertemente dependiente del exterior y dominado en las últimas décadas por una actividad empresarial e inversora muy especulativa que sólo ha buscado el mayor beneficio en el menor espacio de tiempo, sin preocuparse de la economía productiva generadora de tejido industrial y de valor añadido".

Y con este panorama general, resaltan que se ha desatado en la Unión Europea "una feroz y agresiva actuación del poder económico y financiero, es decir, las grandes corporaciones y la banca, para hacer pagar la factura de sus crisis a la clase trabajadora, a quienes trabajan como autónomos y a muchas pequeñas y medianas empresas que no pueden soportar las brutales medidas de su ajuste económico".

Desde ese poder dominante se impone a los gobiernos la adopción de medidas que recorten el déficit público para situarlo en el límite del 3 por ciento antes del año 2013, lo que pasa por reducir la inversión pública y el gasto social, la reducción de salarios y la puesta en marcha de reformas.

"EL PSOE CLAUDICA ANTE LOS MERCADOS"

Consideran que "el Gobierno central del PSOE ha claudicado ante la dictadura del terrorismo del capital y de los mercados y, olvidando rápidamente su programa electoral y su discurso social, aplica con mano dura los recortes y las contrarreformas que exige el poder económico y sus instituciones".

En Canarias, señalan que el gobierno conservador CC-PP ha apostado también por la política de recorte del déficit público, aprobando en los últimos tres años unos presupuestos muy poco sociales y que se caracterizan por el recorte de la inversión pública y el incremento del gasto corriente.

Además de por el recorte del gasto público en sanidad, educación, empleo y política social, por el abandono y el desmantelamiento de la formación profesional y por la creciente privatización de los servicios públicos, "dando entrada a sus amigos de la iniciativa privada".
Apuntan que el Ejecutivo autonómico "ha jaleado y clamado por una profunda reforma laboral, pues le parece insuficiente la aprobada" en el Parlamento español en junio pasado y apoya la reforma del sistema público de pensiones.

El manifiesto critica también el anteproyecto de Ley de la Función Pública Canaria elaborado por el Ejecutivo regional, que, según los sindicatos, pretende "una función pública alejada de criterios de calidad de los servicios y que afecta a los derechos básicos de los empleados públicos".

Denuncian "el desprecio a la ciudadanía" que ha supuesto su rechazo a dos iniciativas legislativas populares (Puerto de Granadilla y Catálogo de Especies Protegidas) que, apoyadas por decenas de miles de firmas, "no tuvieron tan siquiera la posibilidad de acceder a su trámite en el Parlamento de Canarias". "Así es la derechona que gobierno Canarias", reiteran.

PRIMERA MOVILIZACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE

Según los sindicatos, "en el marco del neoliberalismo no hay salidas para la mayoría social, sí salidas elitistas al servicio de las minorías; no cabe, por tanto, un capitalismo con rostro humano". Por ello, defienden la necesidad de "un cambio profundo en la organización social y en la relación internacional entre los pueblos basado en la colaboración mutua y no en el intercambio desigual".

Ante la grave situación de Canarias, rechazan el desmantelamiento del Estado del Bienestar, las privatizaciones de los servicios públicos y de las empresas públicas, niegan más poder al empresariado y critican el incumplimiento de los acuerdos y de los pactos.

Para evitar una salida a la crisis cuyo coste lo pague la mayoría social, invitan a una movilización social "mantenida y continuada", cuyas primeras fechas serán el 16 de septiembre con manifestaciones en todas las islas y la huelga general del 29 de septiembre.