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sábado, 23 de mayo de 2015

Los biólogos denuncian la gestión ineficaz de la biodiversidad canaria

Nota de la Redacción: A pocas horas de las elecciones locales de 2015 queremos hacer una pequeña reflexión. Durante la lucha del Catálogo de Especies que fue aprobado en 2010 para descatalogar la seba y construir el puerto de Granadilla el PSOE hacía campaña en contra de este infame catálogo llegando a aparecer a las manifestaciones que se hacían en contra del texto. Este partido ha gobernado codo con codo con CC durante estos últimos 4 años y, pese a que se comprometieron a cambiar el texto si gobernaban, no han tocado ni una coma de dicha Ley porque ya sabemos que los intereses de gobierno y de oposición son otros. Es más, cada tres o cuatro meses Ben Magec pedía una reunión con la encargada de Medio Ambiente, Guasimara Medina, y esto nunca pasó. En Granadilla se está construyendo un puerto que nunca va a estar operativo y lo único que hemos sacado en claro, por la imputación de Pedro Fernandez Arcila, que Sí Se Puede durante 2007 2011 se financiaba del Ayuntamiento de Granadilla  gracias al único concejal que tenía, Antonio Cabrera, que mantuvo un pacto repugnante de gobierno con CC y PP. Ya a nadie le interesa ni que se esté construyendo el puerto ni que se modifique el catálogo: Sí Se Puede y la marca robada de Podemos en Tenerife han sacado este tema de su campaña política y en Granadilla ni siquiera se presentan a la alcaldía. Las elecciones no van a cambiar nada de esto, todo va a seguir igual, pero valga esta pequeña nota de redacción para que se sepa que aunque se salgan con la suya los ciudadanos no somos imbéciles.

Vía: eldiario.es



El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ha denunciado este miércoles la instrumentalización política que se realiza en torno a la biodiversidad, así como la falta de una gestión eficaz y de inversiones en la conservación de especies y espacios protegidos.

Además, y con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebrará el viernes, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias pregunta por el Catálogo de Especies Amenazadas.

Afirma el colegio de biólogos que, de forma demagógica, algunos políticos han usado la biodiversidad como "estandarte", cuando la realidad es que no han ejercido sus funciones en esta materia, y como ejemplo pone las polémicas plataformas petrolíferas.

Así, señala que el conocimiento que había de los fondos profundos y su biodiversidad era prácticamente nulo, y tuvo que llegar una fundación privada norteamericana a hacer un estudio detallado de los fondos porque en Canarias "no invertimos en este tipo de cosas".

Se refiere también a que se observa "amargamente" cómo cada día en las instituciones de las islas se abandonan los últimos proyectos de conservación que quedaban en departamentos universitarios, los jardines botánicos, Centro Superior de Investigaciones Científicas, museos de Ciencias.

Y tras esos cierres los investigadores y técnicos, con años de experiencia y con una cualificación de excelencia, dejan sus puestos que de por sí eran precarios, para dejar toda la investigación y la gestión en manos del voluntarismo.

Ante esta situación el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias hace un llamamiento a la sociedad y a los políticos en particular para que se exijan al próximo gobierno las inversiones que precisan los estudios de biodiversidad, los planes de conservación de especies y la gestión de los espacios protegidos.

Critica que mientras que cada año se descubren, de media, seis especies, muchas de las cuales necesitan un plan de conservación y otras, seguimiento específico, los últimos gobiernos de Canarias han hecho "dejación" de funciones en la conservación de la biodiversidad de las islas.

Asegura el colegio de biólogos que la biodiversidad ha sido a menudo un obstáculo en el desarrollo, a consecuencia de una escasa planificación e información.

Afirma que se ha intentado bordear la legalidad con interpretaciones forzadas, y comenta que la máxima de esta práctica fue la aprobación en 2010 del catálogo de especies amenazadas, sin ningún consenso profesional, académico, ni social y con gran "revuelo mediático", pero sin que desde entonces se haya movido algo.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN) se ofreció a mediar entre los sectores implicados (Administración, universidad, centros de investigación, agrupaciones ecologistas), "aunque se nos hizo caso omiso".

Con el cambio de gobierno de la legislatura que ahora finaliza, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias organizó en abril de 2013 una reunión cuyo objetivo era depurar los criterios para la evaluación de especies amenazadas, con el fin de llevar al Parlamento el nuevo catálogo prometido en las elecciones, recuerda el colegio de biólogo.

Pero, añade, dos años después y finalizada la legislatura, la realidad es que no habido ningún avance, y aquel revuelo social, político y mediático ha quedado en nada.

Explica que los programas de recuperación de especies en las administraciones públicas canarias carecen de financiación adecuada y el nuevo catálogo de especies amenazadas prometido no ha visto la luz.

Señala el colegio de biólogos que incluso, en la única iniciativa clara que ha previsto el gobierno canario en biodiversidad, "como fue la creación con fondos públicos (300.000 euros) de la "Base de datos de Biodiversidad Canaria -Atlantis-, presenta problemas y no presta el servicio requerido.

Y para el Colegio de Biólogos de Canarias se trata de una herramienta "fundamental" para el conocimiento y para la correcta gestión de la biodiversidad canaria, así como para la actualización periódica del catálogo.

El colegio de biólogos se ofreció para difundir esa base y usarla entre los profesionales, pero "no se nos ha tenido en cuenta y la realidad es que languidece, y su acceso público es restringido, tosco y sin procedimientos jurídicos transparentes".

También destaca que atrás queda el intento de crear una Ley de Biodiversidad en 2004, en la que se proponían medidas interesantes para la conservación, entre ellas un Instituto de Biodiversidad Canario y de la Macaronesia, y que hubiera permitido aumentar el conocimiento científico de las especies y hábitat, y adoptar medidas de gestión adecuadas.

Además, critica los "reiterados incumplimientos" de los mandatos legales, como la Ley 2007 del Patrimonio de la Conservación y de la Biodiversidad, que da la prevalencia de la conservación de la biodiversidad, por encima de la ordenación territorial, y los planes de ordenación de los recursos naturales, que incumplen algunas administraciones canarias.

Asimismo se refiere a la obligación de la Comunidad Autónoma de mantener la Red Natura 2000 en un estado de conservación favorable, "incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones mencionadas de la Directiva 92/43/CEE "Hábitats" (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, asunto C-90/2010) y que en alguna ocasión ha sido motivo de multa por la Unión Europea".

El colegio de biólogos alude también a sentencias del Tribunal Constitucional por incumplimiento de la normativa básica estatal del Catálogo de Especies Amenazadas, la insuficiente dotación de personal funcionario para cumplir los servicios ambientales que exige la legislación.

lunes, 23 de junio de 2014

"El PSOE ha incumplido todas sus promesas sobre el Catálogo de Especies Protegidas"


Fran Castro, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, denunciaba la pasada semana el incumplimiento de las promesas electorales del Partido Socialista Canario y del actual Vicepresidente del Gobierno de Canarias y responsable de la Viceconsejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Miguel Pérez, quien aseguró en las últimas elecciones que, si entraban al Gobierno retirarían el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, y manifestó que “incluso les parecía inconstitucional”.
Castro consideró"gravísimo que el Consejero haya incumplido estas promesas, y que desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, después de haber transcurrido media legislatura, reconozcan que no van a hacer nada".
Para el portavoz de la federación ecologista, incluso se estarían "dando pasos atrás, cediendo competencias a la Consejería de Política y Ordenación Territorial". "Quizá -apuntó Castro- esto se esté produciendo por presiones de Domingo Berriel".
Igualmente grave estiman los ambientalistas el hecho de que "aunque el Catálogo va contra la ley estatal, el Ministerio de Medio Ambiente haya tardado cuatro años en poner sobre la mesa la ilegalidad que Ben Magec denunció hace ya cuatro años”.
"La aprobación de la Ley de Catálogo de Especies Protegidas de Canarias en el año 2010 constituyó una aberración desde el punto de vista de su objetivo, que es proteger las especies amenazadas de Canarias, y afirma que la responsabilidad recae por completo en el PSOE canario, que tiene la responsabilidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Conservación y Biodiversidad" -sostiene Fran Castro.
El portavoz ecologista recordó, igualmente, que la Ley Canaria de Especies Protegidas fue aprobada por el Parlamento de Canarias cuando gobernaban los socialistas en el Estado y que, aunque "anunciaron que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad para que la ley fuera retirada, ese recurso nunca se materializó, sino que se cambió por los votos canarios en la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado".
Finalmente, Castro denunció "que esta ley de Especies Protegidas se aprobó para poder dar viabilidad a un proyecto tan nefasto como el puerto de Granadilla".

"Nos tememos -concluyó el portavoz de Ben Magec- que, también en esta ocasión, todo vuelva a quedarse en palabras y en promesas".

miércoles, 20 de noviembre de 2013

La Comisión Europea ve ilegal el catálogo canario de especies protegidas

Vía: www.diariodeavisos.com



Vicente Pérez.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España a cuenta del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, vigente desde 2010, al señalar que “no cumple lo dispuesto en la Directiva sobre los hábitas”. Por ello, advierte de que si en un plazo de dos meses no modifica la Ley 4/2010 que regula este inventario de flora y fauna en peligro, “el caso puede llevarse ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario recuerda que según esta directiva, “determinadas especies exigen un sistema de protección rigurosa, independientemente de su ubicación”, una disposición legal que no se ha respetado en esta ley autonómica, pues “contiene una categoría de especies, de interés para los ecosistemas canarios”, a la que la norma canaria sólo da protección estricta cuando aparecen dentro de los límites de una zona protegida.
Abundando en su argumentación, Bruselas ha informado hoy en una nota de prensa que algunas de las especies incluidas en este catálogo “requieren protección estricta con independencia de su ubicación”.
El asunto lo denunciaron en su día precisamente por estos motivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al entender que la referIda categoría de protección en realidad “permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un espacio natural protegido”.
Los ecologistas invocan que “uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística”, y denuncian que se ha vulnerado con el sebadal y otras especies en la costa donde se construye el puerto industrial de Granadilla.
De hecho, estas organizaciones ambientalistas han sostenido que con el nuevo catálogo, “tramitado sin participación pública ni científica”, el Gobierno canario ha perseguido “el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a este proyecto por su afección a especies y hábitats amenazados”.

viernes, 19 de julio de 2013

El Tribunal Constitucional desestima el conflicto de competencias de Canarias contra el catálogo de especies protegidas

La Comunidad Autónoma no puede “reducir” niveles de protección.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado desestimar el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Según el Gobierno de Canarias, el Estado había invadido competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente dado que el catálogo y el listado incluyen especies endémicas de Canarias o tienen en el archipiélago su único punto de distribución en el territorio nacional.
La representación legal del Gobierno canario entiende que el Estado ha traspasado el límite establecido por el artículo 149.1.23 de la CE que da "facultades" a las Comunidades Autónomas para establecer normas "adicionales" de protección, y por el artículo 32.12 del Estatuto de Autonomía, que dicta que a la Comunidad Autónoma le corresponde el desarrollo legislativo de la protección del medio ambiente.
Por tanto, señala el TC en una nota, al Estado compete dictar las normas básicas para la regulación de distintas materias, entre ellas la protección del medio ambiente, y a las Comunidades Autónomas, su desarrollo, y la invasión de las competencias autonómicas se habría producido en la inclusión de especies endémicas de Canarias en el Listado y en el Catálogo.
La sentencia, hecha pública este viernes y de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés-Dal Ré, reitera la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de que "es posible, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, que la Administración General del Estado establezca un registro único para todo el territorio español que centralice los datos sobre el sector con la doble función complementaria de información propia y publicidad para los demás".
Y ello sin exceder del límite fijado por la Constitución cuando le atribuye la competencia para dictar la "legislación básica" en materia de medio ambiente.
La inclusión en ese registro único de especies propias de una determinada Comunidad Autónoma viene "justificada", entre otras circunstancias, precisamente por su "singularidad o rareza, lo que no es sino corolario de la definición de la diversidad biológica, apoyada en la variabilidad de los organismos vivos y de la evolución dinámica de los hábitats y las poblaciones".
Según la sentencia, del pasado 11 de julio, "todo ello pone de manifiesto que la singularidad de determinadas especies identificadas únicamente en el archipiélago canario en el momento de su inclusión en el Listado o el Catálogo no es motivo para excluir el ejercicio de la competencia estatal, teniendo además en cuenta que dicha singularidad es susceptible de variación por causas naturales o por las propias medidas adoptadas para su protección".
El Tribunal concluye que el Real Decreto impugnado "reúne los requisitos formales para ser considerado norma básica, cumple desde la perspectiva material en el ámbito de la protección del medio ambiente una función de ordenación mediante mínimos y puede permitir a las Comunidades Autónomas establecer niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos".

Legislación básica

En esa línea, sostiene, que "el régimen de conservación de las especies incluidas en el Listado y el Catálogo regulados en el mismo atiende, en definitiva, a la finalidad perseguida por la legislación básica de preservar la diversidad biológica".
La sentencia recuerda también que, según doctrina reiterada del TC, cuando esa normativa estatal básica entra en contradicción con disposiciones autonómicas anteriores, son éstas las que deben acomodarse a aquélla.
"No puede pretenderse que el previo ejercicio de una competencia autonómica en una materia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma impida o limite al Estado el pleno ejercicio de sus competencias", explica.



sábado, 9 de marzo de 2013

Ben Magec exige un nuevo Catálogo de Especies



Piden al Gobierno de Canarias que cumpla su compromiso ante el rechazo del TSJC de elevar el Catálogo al Constitucional.
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha rechazado este viernes el auto del TSJC en el que decide no elevar el Catálogo de Especies Protegidas al Constitucional para su posible posterior derogación. La asociación asegura que siguen existiendo vías abiertas para que esto ocurra. Destacan el procedimiento de infracción abierto en Bruselas contra Canarias, y el compromiso de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de elaborar un nuevo Catálogo antes de finales del 2013.
Sobre el procedimiento abierto en Bruselas, los ecologistas recuerdan que interpusieron una denuncia en el año 2011 dada la masiva descatalogación de especies incluidas en la Directiva Hábitat aprobada en la nueva Ley. Esta denuncia prosperó hasta el punto de que la Comisión Europea de Medio Ambiente decidió abrir un procedimiento de infracción que se encuentra ahora mismo en curso. 
Ben Magec ha anunciado que aportará a la Comisión nueva información que acreditará la carencia de rigor técnico de este catálogo, dado que el colectivo dispone de nueva documentación que acredita que el órgano ambiental del Gobierno de Canarias no dispone de ningún expediente, ni ficha de evaluación, ni informe técnico que acredite la catalogación actual de ninguna de las especies.
Además de este procedimiento, los ecologistas recierdan el compromiso adquirido por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Guacimara Medina, quien ha manifestado que la nueva Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Canarias, que derogará el actual Catálogo, estará a finales de año. Ben Magec se compromete a “seguir de cerca y exigir su cumplimiento sin disculpas ni demoras”. 

viernes, 8 de marzo de 2013

Ben Magec dice que a fin de año habrá nuevo catálogo de especies protegidas



Nota de la redacción:
Recopilamos esta noticia no sólo para completar este catálogo sobre el catálogo que es esta web sino para que conste de manera fehaciente el compromiso hecho por la Viceconsejera Medina de reformar el catálogo, antes que acabe 2013, teniendo en cuenta la opinión de los expertos de las dos universidades canarias. Y como no sería la primera vez que el PSOE mienta si esto no se hace así, ni tampoco esta sería la última queremos que conste para el caso de que un día se le tuviera que caer la cara de vergüenza a alguno. No se le ha caído, sin embargo, la cara al suelo a un mentiroso como   como el actual consejero de Presidencia Francisco Fernández Spínola que en 2010 se comprometió a poner un recurso de inconstitucionalidad contra el actual catálogo pero que al final el y su partido dejaron pasar deliberadamente para, precisamente, estar donde están ahora.
El colectivo ecologista Ben Magec ha afirmado que el Gobierno de Canarias prevé llevar al Parlamento autonómico a final de 2013 el anteproyecto de la ley canaria de patrimonio natural y biodiversidad, que incluirá, como un anexo en forma de decreto, el nuevo catálogo de especies protegidas.
Así lo ha indicado Yasmina Encinoso, portavoz de Ben Magec, quien dijo en declaraciones a Efe que la viceconsejera de Medio Ambiente, Guacimara Medina, se ha comprometido en una reunión con el colectivo ecologista a que a finales de 2013 terminarán los trabajos técnicos del nuevo catálogo y la futura ley del medioambiente del archipiélago.
Este nuevo reglamento, ha añadido, debe servir para que el nuevo catálogo sea lo más participativo posible.
Además, durante la reunión Guacimara Medina ha reconocido que en la Viceconsejería tienen la sospecha de que Europa podría denunciar la ley por la que se aprobó el actual Catálogo Canario de Especies Protegidas, ha resaltado el presidente de Ben Magec, Fran Castro.
La portavoz del colectivo ecologista ha señalado que, según el cronograma que les ha expuesto Guacimara Medina, en un mes se convocará una reunión con todos los agentes implicados para trabajar sobre los criterios de catalogación y de inclusión de especies silvestres y de especies amenazadas.
En junio tiene previsto aprobar el reglamento de participación, que va a permitir que la ley de la biodiversidad sea lo más participativa posible y, una vez aprobados los criterios, se empiece con la catalogación.
La previsión de la Viceconsejería que dirige Guacimara Medina es que en septiembre se convoquen las mesas de trabajo, en las que pedirá que participen los expertos de las dos universidades canarias.
Si se cumplen los plazos previstos, a finales de 2013 se tendrá el borrador del anteproyecto de ley y se comenzará el trámite parlamentario, ha explicado Encinoso.
La representante ecologista ha resaltado que Ben Magec va a "exigir" que se cumplan los plazos "porque no ha excusas" para un retraso en asunto tan "grave y urgente".
Guacimara Medina ha explicado durante la reunión, según han relatado los miembros de Ben Magec, que el cauce para derogar el actual catálogo es con la inclusión de un decreto en la futura ley de biodiversidad.
El presidente de Ben Magec, Francisco Castro, ha señalado que Guacimara Medina reconoció que hasta ahora "han dejado de lado el proceso de elaborar el anteproyecto de una nueva ley de la biodiversidad canaria", "por los motivos que sean", y ha criticado que no han trabajado "en un compromiso electoral"

domingo, 12 de agosto de 2012

Granadilla con otro catálogo en marcha



La reciente sentencia del Tribunal Supremo que mantiene dentro de las especies protegidas a los sebadales, aquello que te revolcaba y aruñaba e imposibilitaba el desarrollo del puerto industrial de Granadilla, ha cogido con el pie cambiado a media Comunidad, pero como las políticas de hechos consumados van más rápido que la justicia española, no hay intención en las autoridades competentes de paralizar las obras. ¡Faltaría más! Desde ese extraño ente de titularidad pública nacional-autonómica llamado Observatorio Ambiental de Granadilla, su director, Antonio Machado, ha mantenido a este periódico que la sentencia del Supremo no obliga a paralizar nada porque hace referencia a un catálogo que ya no está vigente, y por tanto no afecta para nada a la legalidad de las obras. Vamos, como los cohechos impropios prescritos, ¿no? Pero lo cierto, aunque Granadilla siga a su bola, es que el Gobierno canario tiene la intención de sacar adelante un nuevo catálogo de especies bajo la impronta de su viceconsejera de Medioambiente, la socialista Guacimara Medina. Y será entonces cuando ese catálogo en marcha, esta sentencia sobre la mesa y aquellas obras a todo trapo entren, de alguna manera, en colisión frontal. Aunque hayan prescritos todos los supuestos dados. 

martes, 26 de julio de 2011

SEO/BirdLife y WWF rechazan la decisión del gobierno canario de recurrir el Catálogo Español de Especies Amenazadas


Vía: WWF

SEO/BirdLife y WWF España consideran inútil el recurso del Catálogo Español de Especies Amenazadas por parte del Gobierno Canario, porque pone en peligro el nivel de protección de las especies en el archipiélago. Las ONG anuncian que analizarán el estado de conservación de todas las especies canarias y propondrán la inclusión en el Catálogo Español de todas aquellas que cumplan con los criterios requeridos para ser catalogadas como especies amenazadas.

El Gobierno Canario ha recurrido al Tribunal Constitucional el Catálogo Español de Especies Amenazadas con el argumento de que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias para incluir especies que se distribuyan más o menos exclusivamente en Canarias. El Gobierno Canario ha tomado esta decisión en contra de un informe del Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 372/2011 de 9 de junio de 2011) y contra toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que la normativa básica, entre la que se encuentra el Catálogo Español de Especies Amenazadas, supone un mínimo nivel de protección que la legislación autonómica puede completar, reforzar, ampliar y mejorar, siempre que esas normas autonómicas sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación estatal. Las ONG están convencidas que el alto Tribunal volverá a fallar de la misma manera rechazando los argumentos del Gobierno Canario.

Según SEO/BirdLife y WWF España, el Gobierno Canario piensa que puede actuar a su antojo, sin embargo, la Constitución Española asegura unos niveles mínimos de protección de la naturaleza que son dictados por las cortes Españolas y por la Administración General del Estado. Este es el caso del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Con esta actuación el Gobierno Canario demuestra nuevamente su bajo interés por la conservación del medio ambiente, tal y como ocurrió a lo largo de la pasada legislatura con el catalogo canario de especies protegidas o con los planes de gestión de los espacios de la red Natura.

Las ONG ecologistas estudiarán, una por una, todas las especies descatalogadas por la comunidad de Canarias en su polémica Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y remitirán una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas de todas aquellas que cumplan con los criterios requeridos para su inclusión.

Finalmente, SEO/BirdLife y WWF España solicitarán al Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que ya se pronunció en contra de la Ley canaria de descatalogación de especies amenazadas, que promueva en su gobierno la retirada inmediata del recurso ante el Tribunal Constitucional.

viernes, 15 de julio de 2011

Los ecologistas ya presionan a Medina para que modifique el catálogo de especies


Nota de la Redacción: ¿Ambigüedad calculada, ineptitud o ganas de escurrir el bulto? Sin duda la actitud de Medina es una mezcla de todas estas cosas y muchas más. Recordemos que el PSOE es el auténtico responsable de que este nefasto catálogo esté en vigor no sólo porque pudo paralizarlo en la votación de su admisión a trámite, no fue así porque algunos parlamentarios estaban escaqueados de compras por Santa Cruz, y luego no presentó el famoso recurso de inconstitucionalidad que se había comprometido a presentar. No van a hacer nada para paralizar este catálogo y, como siempre, va a ser la ciudadanía la que haga este trabajo por ellos. Lo mejor que puede hacer el PSC PSOE en lugar de ir acumulando tantas infamias como ha hecho en estos años es pedir integrarse en las filas de CC como ha hecho el PNC y CCN porque no sólo han demostrado ser lo mismo que Coalición sino que su actitud da bastante asco.

Vía: www.abc.es

La viceconsejera busca dilatar su posición al respecto y promete «oír a todas las partes»

Poco margen para el habitual crédito abierto a los nuevos responsables políticos han dejado los ecologistas de Ben Magec a la viceconsejera de Medio Ambiente, Guacimara Medina (PSOE), a la que le exigieron ayer que cumpla con su palabra y modifique o derogue la norma sobre el catálogo de especies protegidas, que permitió destrabar la construcción del Puerto de Granadilla y de la que Medina fue una de las más firmes detractoras en su trámite parlamentario.
Alberto Martín, portavoz de la organización ecologista, recordó que el PSOE votó en contra de la aprobación del Catálogo Canario de Especies Protegidas y que la hoy viceconsejera de Medio Ambiente aseguró entonces que era una ley «arbitraria» que respondía solamente a «intereses económicos». Martín destacó, en declaraciones a Efe, que después de la aprobación definitiva del catálogo el entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Hernández Spínola, declaró que si ganaban las elecciones cambiarían la ley, porque «rebaja la protección de las especies canarias».
Tras el reparto de áreas en el Ejecutivo canario, el socialista José Miguel Pérez se ha hecho cargo de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, que incluye la Viceconsejería de Medio Ambiente de Guacimara Medina. Por lo tanto, según Martín, el PSOE «tiene competencias como para modificar el catálogo» que, según dijo Medina durante el debate para su aprobación en el Parlamento autonómico, donde fue ponente, «estaba vinculado con el desbloqueo del puerto de Granadilla».

Ser «coherente»


La flamante viceconsejera del área, por su parte, prometió ser «coherente» con lo que ha mantenido sobre este asunto y que procurará «seguir trabajando por la biodiversidad de Canarias, que es lo que nos compete a la hora de gestionar recursos», según declaró a Ep.
Medina buscó poner paños fríos al asunto, al decir que «todo lleva su tiempo, y en política más todavía». De esta manera, se excusó de dar mayores precisiones, ya que apenas está «tomando contacto». De cara al futuro, apostó por ver las propuestas del consejero, José Miguel Pérez, y del Gobierno y entonces tomar las medidas «más justas y más acertadas posibles intentando hacer las cosas de la mejor manera y teniendo en cuenta la opinión de todas las partes».

jueves, 14 de julio de 2011

Ben Magec pide al PSOE que ´cumpla con su palabra´



El colectivo ecologista Ben Magec ha pedido "coherencia" al PSOE y que cumpla con su palabra de modificar la Ley canaria del catálogo de especies protegidas.

Así lo manifestó a Efe Alberto Martín, portavoz de la organización, quien recordó que el PSOE votó en contra de la aprobación del Catálogo Canario de Especies Protegidas y que la socialista Guacimara Medina, ahora viceconsejera de Medio Ambiente, aseguró que era una "ley arbitraria" que respondía solamente a "intereses económicos".

Alberto Martín destacó que, después de la aprobación definitiva del catálogo, el entonces portavoz del grupo parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola, declaró que si ganaban las elecciones cambiarían la ley, porque "rebaja la protección de las especies canarias".

Tras el reparto de áreas en el Ejecutivo canario, el socialista José Miguel Pérez se ha hecho cargo de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, que incluye la Viceconsejería de Medio Ambiente de Guacimara Medina.

Por lo tanto, argumenta Alberto Martín, el PSOE tiene competencias como para modificar el catálogo que, según dijo Guacimara Medina durante el debate para su aprobación en el Parlamento autonómico, "estaba vinculado con el desbloqueo del puerto de Granadilla".

El portavoz ecologista manifestó que el nombramiento de Domingo Berriel como consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial les "ha indignado" pero no sorprendido, porque "desgraciadamente" se ha convertido en el "brazo ejecutor" de una forma de entender Canarias como un espacio para el desarrollo y la especulación urbanística sobre el territorio.

Martín recordó que bajo el mandato de Berriel se ha desarrollado la Ley de Medidas Urgentes, que puso fin a la moratoria y a los límites del crecimiento turístico en Canarias y también desarrolló en su momento la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Alberto Martín resaltó que con el nuevo catálogo se "desprotegen significativamente" numerosas especies canarias que entraban en contradicción con determinados desarrollos urbanísticos.

El portavoz de Ben Magec destacó que el "objetivo sustancial" de Domingo Berriel como consejero de Política Territorial será la aprobación de la ley de armonización ambiental, que dejará en "extrema precariedad ambiental" infraestructuras y planes urbanísticos.

Martín argumentó que esta nueva normativa tiene como objetivo la eliminación de todas las trabas administrativas y procedimientos que tienen como fin evaluar la sostenibilidad y el impacto ambiental de numerosas obras e infraestructuras.

sábado, 9 de julio de 2011

Vicepresidente del gobierno canario ¿otro enemigo de la biodiversidad?


Ben Magec EeA y EcoOcéanos exigen a José Miguel Pérez, líder socialista en Canarias, que cumpla el compromiso de anular el catálogo de especies protegidas



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La aprobación en 2010 del nuevo catálogo de especies protegidas fue la mayor infamia que ha cometido el Gobierno de Canarias en toda su historia. La desprotección total o parcial -respecto al catálogo anterior de 2001- fue brutal, con más de 200 especies a las que se les rebajó o eliminó su protección.
La avalancha de críticas y rechazos de instituciones y ciudadanos (ver en http://www.nodescatalogacion.com) no amedrentó al Gobierno canario, dado que detrás de esta desprotección masiva se escondía una burda liquidación de la legalidad vigente, con el objetivo de allanar la construcción de todo tipo de infraestructuras en Canarias, y en especial, el puerto de Granadilla, que ha sido permanentemente paralizado por su ilegalidad ambiental.
La principal especie existente en la zona de construcción de este proyecto, la seba (Cymodocea nodosa), pasó de ser una especie muy amenazada en el catálogo de 2001, a ser una especie simplemente protegida. Y eso que la comunidad científica coincide que es una especie en recesión. Además, y esto es lo peor, su mínima protección actual sólo es válida si está dentro de un espacio natural protegido. Previamente, ya se había encargado el propio Gobierno canario que el sebadal sobre el que se va a asentar el proyecto de Granadilla (uno de los más importantes de Canarias) quedase fuera del espacio natural protegido “Sebadales del sur de Tenerife”.
Este ejemplo y centenares de otros similares demuestra la repugnante actitud del anterior Gobierno canario, ya que tanto el Presidente (Sr. Rivero) y como el máximo responsable en materia ambiental (Sr. Berriel) han sido, sin duda, los mayores enemigos de la valiosa naturaleza canaria en toda su historia.
Ahora se nos presenta un nuevo Gobierno autonómico, y el área ambiental ha caído en manos del máximo líder del Partido Socialista Canario (PSC). Este partido hizo de su oposición al catálogo la máxima bandera política al final de la legislatura pasada. Denunció reiteradamente la inconstitucionalidad del nuevo catálogo. Incluso, hizo algo sin precedentes: oponerse al PSOE a nivel estatal, cuando el Gobierno central consensuó con el Gobierno canario la retirada del recurso de inconstitucionalidad que tenían preparado contra el catálogo, a cambio del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos estatales.
Además, afirmaron que si llegaban a gobernar, derogarían el actual catálogo en vigor y realizarían uno nuevo con el respaldo de los propios técnicos del Gobierno canario, de la comunidad científica y con la participación ciudadana, tres aspectos claves y básicos en cualquier sistema democrático digno, de los que adolece el catálogo de 2010 de CC+ PP.
Exige a José Miguel Pérez, responsable de Medio Ambiente del Gobierno canario, la inmediata derogación del catálogo de especies de 2010 y la redacción y aprobación de uno nuevo que realmente responda a criterios estrictamente científicos.



Al Firmar la petición estarás enviando esta carta:

Destinatario: Sr. Don José Miguel Pérez, responsable de medio ambiente del Gobierno de Canarias.

Estimado Sr. Pérez:

Tal como su partido afirmó reiteradamente durante el año 2010, el catálogo de especies protegidas de Canarias, aprobado por el anterior Gobierno de CC + PP, es claramente inconstitucional.

Su partido a nivel estatal, el PSOE, no utilizó la única opción que había para poder anular esta aberrante ley, esto es, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ni los 50 parlamentarios necesarios del Congreso o el Senado ni el Gobierno central se atrevieron a hacerlo, y éste último incluso teniendo informes técnicos ambientales del Ministerio que avalaban dicho recurso.

No obstante, ahora la situación ha cambiado por completo, y es Ud., máximo responsable del partido que se opuso con contundencia al catálogo, el responsable también de la Consejería competente en la conservación de las especies.

Por todo esto le exigimos que de manera inmediata, inicie los trámites para la redacción de un nuevo catálogo de especies que tenga en cuenta a los informes técnicos de la propia Consejería, el asesoramiento de las Universidades y organismos de investigación, y finalmente, la obligatoria participación ciudadana.

La queja recientemente admitida por el Defensor del Pueblo contra dicho catálogo manifiesta, bien a las claras, la ilegalidad de esta ley, por lo que Ud., en la situación actual, no tiene otra opción que liquidar esta aberración ilegal o convertirse en nuevo cómplice directo del mayor atentado contra la democracia acontecido en Canarias, el actual catálogo de especies protegidas.

lunes, 13 de junio de 2011

Ben Magec: el Defensor del Pueblo abre una puerta a datos ocultos en catálogo

La portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Yasmina Encinoso, aseguró a Efe que la decisión del Defensor del Pueblo de investigar el Catálogo Canario de Especies Protegidas va a aportar "un documento clave" que será una puerta abierta para conocer muchos datos que se desconocen.
Encinoso destacó la importancia de que se investigue si ha habido irregularidades en la elaboración del Catálogo y en la posterior negociación de la comisión bilateral.
La portavoz ecologista resaltó este aspecto, porque "es curioso" lo que dice el documento de en la comisión solo estuvieron presentes Paulino Rivero y Manuel Chávez.
Es muy interesante porque "ha visto claramente" los intereses por los que se aprobó el Catálogo y porque el Gobierno "ha actuado con un rigor poco técnico, más allá de la conservación" y con criterio político, señaló Yasmina Encinoso.
Encinoso se refiere de esta manera a la decisión del Defensor del Pueblo de admitir a trámite la queja de Ecologistas en Acción y Greenpeace contra el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias e investigar el acuerdo de la comisión bilateral entre el Gobierno central y canario para ver si incurrieron en irregularidades.
El Defensor del Pueblo se ha interesado en conocer la composición efectiva de la comisión bilateral, pues de las publicaciones oficiales "se deduce" solamente que formaron parte de ella el vicepresidente tercero y Ministro de Política Territorial y Administración y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.
El documento que ha remitido el Defensor del Pueblo a los grupos ecologistas informa de que se ha pedido disponer de una "descripción sucinta" de las negociaciones.
Afirma también que también solicita el parecer de la administración acerca de la validez de la estructura del Catálogo y la adecuación y cobertura legal en la Ley básica estatal de las dos figuras de protección de especies no amenazadas.
Además, el Defensor del Pueblo pedirá información sobre la descatalogación y, por tanto, la desprotección masiva de taxones.
También considera preciso que el Departamento ministerial informe acerca de la "alegada falta absoluta de participación ciudadana" y la "falta de rigor científico" en los nuevos anexos de especies protegidas. 

La Defensora del Pueblo admite la queja contra el Catálogo Canario de Especies Protegidas




El pasado mes de febrero, las organizaciones estatales Ecologistas en Acción y Greenpeace (con el apoyo de Ben Magec-Ecologistas en Acción y EcoOcéanos) presentaron ante la oficina del Defensor del Pueblo una extensa queja contra la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del Catálogo de Especies Protegidas. En esta queja se hacía especial hincapié en el acuerdo entre Gobierno canario y el Gobierno estatal para que este último no presentase ante el Tribunal Constitucional un recurso ante la inconstitucionalidad de la ley que otorga menor protección en Canarias a algunas especies protegidas en el Estado.

El catálogo canario es el único en el Estado que se aprobó como Ley y no como Decreto lo que evita que sea recurrido por inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, en base a la múltiples ilegalidades que contiene. Al aprobarse como ley únicamente podía ser recurrirlo ante el máximo tribunal por parte de 50 parlamentarios estatales, la Defensora del Pueblo o el Gobierno Central. En los dos primeros casos, en un plazo de tres meses y, en el último, en nueve meses. La Defensora del Pueblo no pudo presentar el recurso por problemas de fechas, y cuando parecía que el Gobierno central lo iba a hacer, se llegó a un acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria para retirar ese recurso a cambio del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales.

Finalmente, la oficina del Defensor del Pueblo, en escrito remitido a las organizaciones ecologistas, no sólo admite a trámite la queja, sino que en dicho escrito especifica las posibles múltiples irregularidades del Catálogo denunciadas por los ecologistas, incluyendo entre ellas, el haber sido objeto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y canario.

Destacar que la única de las irregularidades que la Defensora del Pueblo no asume es la relación entre el Catálogo y el Puerto de Granadilla, debido únicamente a que es un asunto actualmente pendiente de resolución judicial, cuestión en la que la Defensora del Pueblo tiene prohibido intervenir hasta que la decisión se produzca.

Una vez más, estas organizaciones ecologistas exigen al nuevo Gobierno canario que salga de las últimas elecciones del 22M la inmediata retirada del Catálogo, por ser un precedente gravísimo a nivel estatal de desprotección de nuestra cada vez más amenazada biodiversidad.