sábado, 17 de julio de 2010

IUC afirma que los dirigentes del Gobierno de Canarias están corriendo demasiado rápido para los ritmos que les permiten sus propias trampas y sus propios abusos


Las actuaciones en relación con el puerto de Granadilla son una antología del disparate

Ramón Trujillo, coordinador general de IUC en Tenerife, valoró en el programa La Trapera de Radio San Borondón la orden por parte de la Autoridad Portuaria de reiniciar las obras del puerto de Granadilla, paralizadas por orden judicial y afirma que la Administración se ha apresurado a dar la orden a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto para que las reinicien en función de la Ley de especies protegidas de Canarias puesto que el TSJC no ha levantado la orden que las suspendió de forma cautelar, lo que provocaría una nueva suspensión cautelar en caso de que comenzaran. 

Ramón Trujillo afirma que la Autoridad Portuaria se ha apresurado a dar la orden a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto para que las reinicien en función de la Ley de especies protegidas de Canarias puesto que el TSJC no ha levantado la orden que las suspendió de forma cautelar, máxime porque el clavo ardiendo al que se aferra Puertos, el catálogo de especies, presenta problemas legales importantes, dadas las anomalías habidas en su tramitación, bloqueando la participación ciudadana exigida por Ley para este tipo de normas. 

Desde su punto de vista, si se reinician las obras del puerto de Granadilla sin que el TSJC se haya pronunciado sobre la suspensión cautelar, se encontrarán con una nueva actuación que volverá a suspender las obras, porque en estos momentos no disponen de una base legal como para hacer efectiva esta orden con la rapidez con la que la intentan hacer. 

El dirigente de IUC afirma que los dirigentes del Gobierno de Canarias están corriendo demasiado rápido para los ritmos que les permiten sus propias trampas y sus propios abusos de la Ley, porque al final, con la promulgación del catálogo de especies que han hecho se evidencia que en el fondo usan la Ley para cometer abusos, con la intencionalidad de acabar desprotegiendo una gran cantidad de especies y un abuso en relación a las arcas públicas, que forman parte de la antología del disparate, porque cuando estamos hablando de tantas carencias económicas, los dirigentes del ejecutivo autonómico se muestran ansiosos por estallarse una millonada en un muelle que no hace falta. 

Trujillo recuerda que el ejemplo mejor de lo inservible que será el puerto de Granadilla lo encontramos en el puerto de Arinaga (Gran Canaria), un muelle que costó muchísimos millones de euros, en el que no se ha producido tráfico y para darle alguna utilidad han optado por llenarlo de de barcos chatarra provenientes del puerto de La Luz para no tener que devolver alguna de las subvenciones europeas concedidas. 

Advierte que es muy escandaloso que se intente construir en un momento de crisis como el actual un puerto que no hace falta, que supone un regalo económico a una serie de empresarios cercanos al poder político para que ganen mucho dinero haciendo unas obras que no se necesitan y que no servirán para generar puestos de trabajo, puesto que si el dinero que cuesta la construcción del puerto de Granadilla se empleara en cualquier otro ramo de la construcción que no sea el de grandes infraestructuras, que requiere de gran maquinaria y la minimización del uso de mano de obra, probablemente en lugar de los 45 puestos de trabajo que crearían las obras del muelle de abrigo, se crearían alrededor de 700 empleos. 

Considera que esta orden de la Autoridad Portuaria es una tentativa más de regalar dinero público a unos pocos empresarios, para que los millonarios de siempre sean más ricos, saltándose la Ley, razones por los que sospecha que no prosperará esta celeridad que tienen para poner en marcha las obras.