Vicente
Pérez
La Comisión
Europea informó
la pasada semana de que ha dado dos meses de plazo para cambiar el
catálogo canario de especies por rebajar la protección de forma
ilegal a 19 plantas y animales que preserva la Directiva de Hábitats,
entre ellas el drago. Pero
el Gobierno canario ya temía esta decisión de Bruselas, y por ello
desde abril pasado inició el trámite de revisión de la ley 4/2010
que regula este inventario para evitar la denuncia que la CE ha
amenazado con presentar.
Así
lo reconoció ayer en el Parlamento el consejero de Sostenibilidad,
el socialista José
Miguel Pérez,
quien confirmó que el proyecto legislativo ya ha pasado por la fase
de consulta ciudadana y participación institucional (en agosto), que
la Viceconsejería de Medio Ambiente ha contestado a las alegaciones
y que falta por recabar informes para poder elevar el texto al
Consejo de Gobierno y, de ahí, al Parlamento.
Pérez
contestó así a preguntas del diputado de Nueva Canarias Román
Rodríguez, quien recordó que el PSOE “fue el que en 2010 más
enarboló la crítica al catálogo ya que se hizo sin consenso
científico”. “Ahora es la Comisión Europea la que
constata lo que muchos dijimos entonces, y ahora se promueve su
modificación deprisa y corriendo”, comentó el diputado de la
oposición, quien reclamó que se haga con consenso científico, a
diferencia del inventario que se pretende corregir, al tiempo que
recordó que hace dos años Pérez prometió una ley de protección
de la naturaleza y la biodiversidad. El consejero replicó
que “hay un continuo seguimiento con las autoridades del Ministerio
de Exteriores y de la UE” y que para el nuevo catálogo “se ha
contado con la comunidad científica y los ciudadanos”.
Sobre
este asunto, ayer, el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción,
Fran Castro, afirmó que este aviso de la CE “no va a solucionar el
grave problema de desprotección de las especies en Canarias y la
única esperanza está en aprobar una nueva ley de biodiversidad”,
cuyos trámites de elaboración, dijo, “están paralizados” por
la viceconsejera, Guacimara Medina.
Bruselas
ha dejado claro su rotundo rechazo a una figura jurídica de la ley
canaria 4/2010 que solo preserva un grupo de especies si están en un
espacio natural protegido, pero no fuera.
