Vía: www.diariodeavisos.es
Gobierno y biólogos aprueban la necesidad de un marco jurídico pero difieren en el rigor científico
Saray Encinoso / Víctor Garrido
La Laguna
Todavía no ha nacido y ya está para jubilarse. El nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias que el Gobierno quiere aprobar se nutre de datos de 2004, está hecho con demasiadas prisas para los entendidos y ha despertado al fantasma del desarrollismo: muchos ven detrás de esta proposición de ley la herramienta jurídica del Gobierno para desbloquear definitivamente el Puerto de Granadilla, paralizado el año pasado tras una decisión judicial. Pero a la vez, la propuesta establece un marco jurídico de gran importancia, con criterios objetivos para la catalogación y descatalogación de especies, una asignatura pendiente desde hace demasiados años en las Islas.
DIARIO DE AVISOS invitó a dialogar a cuatro voces autorizadas en el asunto para elucubrar cuál será el futuro del medio ambiente en el Archipiélago si prospera la iniciativa. Un asunto que en Canarias, territorio único por su biodiversidad en todo el Viejo Continente, no puede ser baladí. El director general del Medio Natural, Francisco Martín; el biólogo y presidente de la Sociedad Canaria de Ornitología, Eduardo García del Rey; el catedrático en Biología Marina Alberto Brito; y Antonio Machado, doctor en Biología con una amplia trayectoria en Canarias en el ámbito de la conservación de la naturaleza, hablaron mucho de la distancia que los aleja, pero también de los puentes que los unen.
Y es que a pesar de las críticas feroces de la comunidad científica, todos los agentes implicados están convencidos de que el registro actual debe ser renovado. Hay unanimidad: el tiempo lo ha dejado obsoleto. Sin embargo, lo que no comparte el mundo académico en ningún caso es la premura que ha envuelto todo el proceso. Modificarlo sí, pero no con prisas y sustentándolo en información desfasada. Ese es el lema que han hecho propio los eruditos; el Ejecutivo, por contra, sostiene que lleva intentando restaurar el marco legal para la preservación de especies desde el año 2002.
Discordancia con el Estado
Una de las incongruencias que más desencuentros ha suscitado es una nueva categoría que aparece en el inventario canario y que no tiene equivalente en su homólogo nacional. Desde la Administración sólo tienen una respuesta clara para lo último: “El Estado no ha sido capaz de actualizar su catálogo y nos hemos visto obligados a sacar el nuestro”, simplificó Francisco Martín. Machado, de acuerdo con la necesidad de avanzar apoyándose en las competencias de la comunidad autónoma, admitió que “cuando el catálogo se revise a nivel nacional podrán existir contradicciones. Entonces las especies pasarán automáticamente a donde diga” la norma estatal.
Los peligros que vislumbran los científicos es que la nueva categoría, denominada “especies de interés para los ecosistemas canarios”, “no supone ningún ‘plus’ de conservación. Es totalmente cierto. La categoría, según la Administración y los biólogos, acota la protección de las especies a espacios ya protegidos, como la Red Natura 2000. El apartado incluye organismos importantes para los ecosistemas canarios que no están en peligro, pero a los que hay que prestar atención por si en el futuro se vieran abocados a engrosar alguna de las listas de especies en peligro. “Es verdad que también son importantes fuera, pero el Parlamento ha decidido que donde se quiere conservar la naturaleza es en los espacios naturales, y fuera de éstos hacer desarrollo sostenible. Son dos mundos distintos, y si el Parlamento considera que si el umbral de protección sea el 50%, hay que acatarlo. A mí me gustaría que fuera el 100%”, arguyó Machado.
Información desfasada
El trabajo jurídico se está haciendo y además es necesario pero, ¿qué ocurre con la calidad de los listados? Los expertos que acudieron al encuentro hicieron mucho hincapié en el ‘pedigrí’ de los datos: todos creen que se han utilizado investigaciones que anticuadas. “Estudiando los anexos se ve que se ha seguido una evaluación de especies elaborada en el año 2004”. Evidentemente, “no se trata de los datos más recientes o más actualizados. Y en conservación hay que trabajar con la mejor información disponible y después de ésta han habido dos evaluaciones más, una en 2006 y otra en 2008”. Eso implica que “hay un montón más de estudios nuevos y de especies” que, de incluirse, modificarían el registro previsto, sintetizó Machado.
Oportunidad política
A sabiendas de que la información utilizada no se corresponde con la realidad coetánea, los científicos sólo pueden contextualizar la premura si miran hacia el puerto de Granadilla. “Lo lógico sería ir más despacio, evaluar todo bien y sacar el catálogo”. Pero es aquí es donde aparece “la oportunidad política”. “Han optado por crear el catálogo por el Puerto de Granadilla. Luego, como se puede modificar, se irán incluyendo más especies” y se actualizarán los listados en función de datos más fieles, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos. Esta posibilidad de “corrección” es lo que valora Machado. “No me parece tan grave porque luego se podrá ir metiendo todo lo que falta de forma progresiva, pero contando ya con la estructura del catálogo”. La velocidad de crucero tomada por el Ejecutivo es algo que también percibió Alberto Brito, quien no encontró excusa para entender que la Administración no haya convocado, “como en otras tantas ocasiones”, a la comunidad científica a participar en unas mesas de diálogo. De esa forma, el consenso habría tenido más posibilidades de materializarse, auguró.
Marco jurídico
La proposición de ley del catálogo de especies protegidas conforma, por primera vez, un marco jurídico eficaz y meticuloso. Esta es una de las conclusiones, y de los puntos de encuentro, más importantes. “Es mejor que lo que teníamos, no cierra puertas, se puede incluir lo que falte y genera un régimen útil para el futuro”, resumió Machado, quien valoró que se incluyan criterios rigurosos para determinar la catalogación de las especies. Esta concordancia en las formas, que también señaló el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen (“se ajusta a derecho”), no ha evitado que haya crecido un clamor popular en contra de la iniciativa. Mucho de este malestar puede deberse a la sombra del puerto de Granadilla pero también a la mala comunicación. Un defecto que reconoció hasta el Gobierno.
El Gobierno no admite la relación con el Puerto
Desde que Coalición Canaria presentó ante la opinión pública su propuesta de crear un nuevo Catálogo canario de Especies Protegidas, incontables voces lo han vinculado al bloqueo de las obras del Puerto de Granadilla. El director general del Medio Natural, Francisco Martín, negó tajantemente cualquier relación e, incluso, aseguró que el marco jurídico previsto garantiza la transparencia. “El nuevo borrador recoge que en aquellos casos en los que se lleve a cabo una descatalogación habrá que dar cuenta al Parlamento: el procedimiento será más duro ahora”, aseguró el político.
No obstante, el resto de participantes en el debate sí entendieron su relación directa. El elenco de expertos no tiene ninguna duda de que las obras portuarias motivan la propuesta. Machado, que ha asesorado al Gobierno en múltiples ocasiones, explicó que ésta es la otra alternativa a la descatalogación ‘fallida’ del año pasado, es decir, la descatalogación puntual.
Ya entonces Machado sabía que la ‘otra’ posibilidad era “sacar un nuevo catálogo”, justo lo que se está acometiendo ahora tras la iniciativa de Coalición Canaria. Este registro aparece porque es “una cuestión de oportunidad política” y el Ejecutivo “da prioridad al puerto”.
Así y todo, hay otra cuestión. La aprobación de este catálogo debería formar parte -consideró Machado- de una Ley de Biodiversidad que se elaboró en su día pero que “murió en el Parlamento”. “Ésta incluía otros aspectos como la lucha contra las especies exóticas, la prevención en fronteras para evitar la entrada de especies invasoras y un montón de cosas más además del catálogo, y que siguen haciendo falta en esta tierra. A ver si alguien se anima y la saca sin que tengamos que inventar otro granadilla”.
Pese a esto, Machado reconoció que está tranquilo porque los aspectos técnicos del nuevo catálogo “son correctos”. “Me inquietaría que hubieran cosas incorrectas, porque ya venimos sufriendo el problema de tener las cosas mal colocadas y leyes mal estructuradas. Recibí el texto, como tantos otros, y anoté sugerencias, que luego fueron añadidas. No fui contratado”.
Alberto Brito no entró a valorar los aspectos jurídicos y puso el énfasis en que hay especies mal catalogadas, tanto por exceso como por defecto. Eduardo García, por su parte, argumentó que no sabe de leyes ni le importan, que lo que está ocurriendo es que la información que usa el Ejecutivo -el Biota- está mal, y que lo que están primando son otros intereses, deslizó.
Granadilla apremia
El escollo de la seba. El último obstáculo para construir el controvertido Puerto de Granadilla era un núcleo de sebadales (incluidos en el actual catálogo de especies) que se encontraba en el ámbito de las obras.
Descatalogación frustrada. El Gobierno decidió en febrero de 2009 actuar por la vía rápida: emitió una orden para descatalogar esa área concreta de sebadales, pero los tribunales la anularon de forma provisionalhasta decidir su legalidad.
Cambiar el catálogo. En septiembre, CC propuso un nuevo catálogo donde crea una tercera categoría de protección (donde incluye la seba), que situaría a las especies ‘por debajo’ de las obras de interés general. Esto ha provocado muchas voces en contra, entre ellas, la comunidad científica universitaria.
domingo, 24 de enero de 2010
Un listado que deja satisfechos a unos pocos
Vía: www.eldia.es
EL DEBATE DE LA SEMANA
Canarias se encuentra a punto de aprobar su renovado catálogo de especies que serán protegidas, todo ello antes de que se dé el visto bueno al estatal, al que se debe adaptar el autonómico. El escaso rigor, la existencia de una nueva categoría poco clara y el uso de la proposición de ley, sin consulta pública, son los elementos de mayor rechazo.
Ni científicos ni políticos niegan la necesidad de establecer un catálogo que recoja todas las especies con necesidad de protección, tal y como ha hecho recientemente en el Parlamento autonómico el Grupo de Coalición Canaria. Hasta ahí alcanza el consenso. Desde los criterios utilizados para elaborar el catálogo, las categorías de protección establecidas, la distribución de especies en cada una de ellas y hasta el camino utilizado en su tramitación -la citada proposición de ley- son motivos de serias diferencias entre unos y otros.
En la actualidad, la protección a las diversas especies se plasma en dos documentos, uno es el catálogo estatal de 2007 y otro el regional que data del año 2001. Tanto uno como otro se encuentran en revisión. La renovación del primero está próxima a salir y la del segundo es de la que se ocupa en estos momentos la Cámara autonómica.
El listado contempla tres categorías: una destinada a especies en peligro de extinción, otra para aquellas que se consideran vulnerables y una tercera de "interés para los ecosistemas canarios". Esta última es especialmente polémica, ya que sólo se encarga de las especies dentro de espacios protegidos, y no cuando salen de ellos, además de permitir obras que les afecten cuando éstas sean consideradas de interés público.
Para los defensores de la proposición de ley, esto es así porque la Comunidad autónoma no tiene ámbito competencial fuera de esos lugares. Para sus detractores se trata de una categoría ilógica, ya que no establece una protección efectiva y porque da una importante discrecionalidad al Gobierno, que podrá establecer libremente cuándo un proyecto es de interés.
Precisamente, y al hablar de defensores y detractores, en el debate de EL DÍA de esta semana los dos bandos se encontraban claramente alineados. En el primer grupo, el diputado de Coalición Canaria e impulsor de la proposición, José Miguel González, y el parlamentario regional del PP Carlos Ester.
En el segundo, la delegada en Canarias de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife), Cristina González, el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, y el profesor de Zoología del mismo centro docente Aurelio Martín.
Uno de los más relevantes y discutidos argumentos de estos últimos es el de la mala catalogación de las especies en las diferentes categorías. Unas porque están e igual no tendrían por qué ser incluidas y otras porque o bien no están y sí deberían o bien tienen una protección inferior a la adecuada.
Tampoco puede ignorarse la falta de confianza de los expertos en la existencia de un "cajón de sastre" que consideran a la categoría de interés para los ecosistemas canarios, al creer que ofrece pocas garantías.
Así, la delegada de SEO-Birdlife aseguró que un centenar de especies han sufrido una rebaja de la protección o han dejado directamente de estar protegidas. Lo más que dijo preocuparle es que no encuentra documentos científicos suficientes que avalen esta decisión. "Nunca -añadió- ha habido un consenso tan grande de todos los sectores en contra de una ley".
En la misma línea, Aurelio Martín incidió en el mismo argumento de Cristina González al criticar lo que considera el escaso rigor científico del documento. "No es que no le guste a un par de biólogos -dijo-, sino que no le gusta a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la SEO, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas...".
Sobre los niveles de protección añadió que un buen número de especies que se encuentran en el catálogo autonómico están por debajo de lo que señala el estatal una cuestión que, recordó, "es ilegal", ya que una norma inferior no puede sino igualar o superar los estándares de una ley de mayor rango.
Se refirió al lagarto gigante de Tenerife que, señaló, "se encuentra acantonado en las zonas de los acantilados de Los Gigantes y Guaza" y al que se le habría dotado de una protección inferior al que le otorga la ley estatal.
Alberto Brito se refirió al caso contrario, al de especies incluidas que podrían haber sido excluidas del catálogo y no están. "El documento tienen muchos errores que son para escandalizarse", explicó. Entre ellos señaló a la denominada "esponja de las cuevas" de la que, dijo, "hemos encontrado toneladas", a pesar de lo cual están catalogadas como "en peligro de extinción". "Ha habido en este caso una mala investigación", añadió para referirse a la estrella de mar. "Sólo hemos encontrado tres ejemplares en toda Canarias y ha desaparecido del catálogo", incidió, un momento que José Miguel González aprovechó para indicarle que se encuentra como de interés para el ecosistema. "Pero es que está en estado vulnerable", insistió el catedrático, quien denunció que "treinta especies vulnerables han desaparecido del catálogo". "Han vaciado la categoría de especies vulnerables y han llenado con ellas las de interés para el ecosistema".
Un marco temporal discutible
En la misma línea, Aurelio Martín explicó que el pecado original de este catálogo está en lo que cree malos criterios utilizados, entre ellos que se proteja las especies teniendo en cuenta sólo su evolución desde 1970. "Desde ese año hasta la actualidad la situación del lagarto gigante era igual a la de ahora, pero igual de mala, cuando es obvio que ha habido un declive de esa especie si nos remontamos más allá", insistió.
En cuanto a la vía utilizada, la proposición de ley, los tres coincidieron en que es injusta porque evita que el catálogo salga a exposición pública, un problema que se podría haber solucionado con una mayor transparencia y una amplia ronda de consultas con expertos. Además, creen que es un instrumento poco flexible a la hora de introducir, rebajar, incrementar o eliminar las diferentes protecciones a las especies.
Además de los criterios utilizados, de la mala categorización de las especies y de vía utilizada para su tramitación, los tres criticaron el hecho de que el Grupo de CC no haya esperado a que el Estado apruebe su catálogo, que por tener un rango superior al canario, será el que establezca los requisitos mínimos a partir de los cuales desarrollar los autonómicos.
¿Y qué dicen los defensores del nuevo catálogo? Por partes. El diputado nacionalista negó las acusaciones de falta de rigor científico, al asegurar que todas y cada una de las especies estudiadas iban acompañadas de "una ficha científica". Al poner en duda los tres invitados anteriores que no se hayan hecho consultas más amplias, José Miguel González recordó que él es político y que "no tengo por qué poner en duda el rigor de los científicos que han colaborado". A su juicio, las diferencias son "una polémica entre expertos".
Con respecto a la categoría de interés para los ecosistemas, el parlamentario consideró que no se puede llevar más allá de los espacios protegidos por una "cuestión competencial" con el Estado, que impide a la Comunidad autónoma ampliar el ámbito de protección.
En cuanto a la transparencia, dijo que si bien su partido había estado dispuesto a dialogar con todos, habían sido los propios expertos los que se negaron a participar, algo que Cristina González negó y dijo que la propuesta hecha por CC era hablar sobre algunas especies y que ellos pretendían revisar todo el catálogo.
José Miguel González añadió que la proposición de ley era necesaria para poder establecer un régimen de sanciones a los infractores, algo que no se podría hacer mediante un decreto y negó cualquier falta de flexibilidad. "Mediante esta fórmula nos aseguramos que el Gobierno no haga lo que quiera y, además, las especies se podrán modificar sin problemas, sólo con pasar por el Parlamento acompañadas de una ficha científica.
El diputado defendió que Canarias no tiene por qué esperar a que el Estado apruebe su catálogo -donde se fijarán los mínimos de protección que no pueden saltarse las comunidades autónomas- porque "ellos no son más listos que nosotros", agregó.
El diputado del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Carlos Ester, defendió también la iniciativa que apoyan los suyos, si bien lo hizo menos extensamente que el de Coalición Canaria.
Ester recordó que el catálogo ha sido revisado por el Consejo Consultivo de Canarias que, si bien hizo recomendaciones importantes para adecuar el texto, "dijo que la ley es perfectamente legal".
El popular recordó que "la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con una gran biodiversidad que se debe proteger en el máximo grado posible", biodiversidad que estaría protegida por esta ley. "Hasta ahora -dijo- no teníamos una norma propia con carácter legal, nivel al que se ve elevado este catálogo gracias a la proposición de ley", advirtió.
Para Ester, la mayor novedad en esta cuestión es la creación de la categoría de especies de interés para los ecosistemas, que protege "a las especies que, sin estar amenazadas, es realmente interesante protegerlas porque son importantes para que su entorno no se degrade". A pesar de asegurar que está abiertos a la presentación de enmiendas, sin que ello suponga una renuncia al texto actual que, insistió, tiene el acuerdo del propio Consejo Consultivo de Canarias.
En la misma línea, aunque con mayor rotundidad, José Miguel González se negó a aceptar a modificar el catálogo a fondo, aunque sí dispuesto a hablar de especies concretas durante el período de enmiendas, animando a todos los colectivos a que presenten sus propuestas, sin que ello suponga un cambio sustancial en la proposición de ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Texto: G. MAESTRE / N. MARTÍN
CC confía en ganar apoyos introduciendo modificaciones
Si bien la gran mayoría de la comunidad científica de Canarias ha hecho público su rechazo a la Proposición del Ley realizada por Coalición Canaria (CC) para crear un Catálogo Canario de Especies Protegidas por considerar que se rebaja la categoría de protección de numerosos ejemplares y porque carece del rigor de una investigación y evaluación científica actualizada, CC considera que estas cuestiones quedarán resueltas cuando se den a conocer las modificaciones que ha realizado en el texto legal después de que así se lo indicaron tanto el Consejo Consultivo de Canarias como varias organizaciones expertas en cuestiones medioambientales. En concreto, el diputado nacionalista y promotor de la ley, José Miguel González, dio a conocer en la mesa de El Debate de EL DÍA que "es una cuestión tan compleja que nos habíamos olvidado de incluir numerosas especies que estaban en el catálogo nacional y que ahora es posible que se queden fuera, así que las hemos incluido todas". Este hecho despertó la indignación de la representante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Cristina González, que aseguró no entender "cómo el Gobierno de Canarias incluye en el nuevo catálogo especies que aún están protegidas y recogidas en el nacional, y encima en el autonómico se les reduce el nivel de protección". A juicio de González, "CC y PP no pueden decir que la nueva herramienta va a aumentar y a apoyar el catálogo nacional si luego hay muchas especies que pasan de estar reconocidas como en peligro de extinción a ser de interés para los ecosistemas canarios". Esta postura fue refrendada por los dos representantes de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna que insistieron en que "este tipo de cosas nunca habría sucedido si se hubiera contado con el respaldo de la comunidad científica que es quien único conoce de una forma actualizada el estado en el que se encuentran todas las especies y la categoría que verdaderamente deben tener".
EL DEBATE DE LA SEMANA
Canarias se encuentra a punto de aprobar su renovado catálogo de especies que serán protegidas, todo ello antes de que se dé el visto bueno al estatal, al que se debe adaptar el autonómico. El escaso rigor, la existencia de una nueva categoría poco clara y el uso de la proposición de ley, sin consulta pública, son los elementos de mayor rechazo.
Ni científicos ni políticos niegan la necesidad de establecer un catálogo que recoja todas las especies con necesidad de protección, tal y como ha hecho recientemente en el Parlamento autonómico el Grupo de Coalición Canaria. Hasta ahí alcanza el consenso. Desde los criterios utilizados para elaborar el catálogo, las categorías de protección establecidas, la distribución de especies en cada una de ellas y hasta el camino utilizado en su tramitación -la citada proposición de ley- son motivos de serias diferencias entre unos y otros.
En la actualidad, la protección a las diversas especies se plasma en dos documentos, uno es el catálogo estatal de 2007 y otro el regional que data del año 2001. Tanto uno como otro se encuentran en revisión. La renovación del primero está próxima a salir y la del segundo es de la que se ocupa en estos momentos la Cámara autonómica.
El listado contempla tres categorías: una destinada a especies en peligro de extinción, otra para aquellas que se consideran vulnerables y una tercera de "interés para los ecosistemas canarios". Esta última es especialmente polémica, ya que sólo se encarga de las especies dentro de espacios protegidos, y no cuando salen de ellos, además de permitir obras que les afecten cuando éstas sean consideradas de interés público.
Para los defensores de la proposición de ley, esto es así porque la Comunidad autónoma no tiene ámbito competencial fuera de esos lugares. Para sus detractores se trata de una categoría ilógica, ya que no establece una protección efectiva y porque da una importante discrecionalidad al Gobierno, que podrá establecer libremente cuándo un proyecto es de interés.
Precisamente, y al hablar de defensores y detractores, en el debate de EL DÍA de esta semana los dos bandos se encontraban claramente alineados. En el primer grupo, el diputado de Coalición Canaria e impulsor de la proposición, José Miguel González, y el parlamentario regional del PP Carlos Ester.
En el segundo, la delegada en Canarias de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife), Cristina González, el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, y el profesor de Zoología del mismo centro docente Aurelio Martín.
Uno de los más relevantes y discutidos argumentos de estos últimos es el de la mala catalogación de las especies en las diferentes categorías. Unas porque están e igual no tendrían por qué ser incluidas y otras porque o bien no están y sí deberían o bien tienen una protección inferior a la adecuada.
Tampoco puede ignorarse la falta de confianza de los expertos en la existencia de un "cajón de sastre" que consideran a la categoría de interés para los ecosistemas canarios, al creer que ofrece pocas garantías.
Así, la delegada de SEO-Birdlife aseguró que un centenar de especies han sufrido una rebaja de la protección o han dejado directamente de estar protegidas. Lo más que dijo preocuparle es que no encuentra documentos científicos suficientes que avalen esta decisión. "Nunca -añadió- ha habido un consenso tan grande de todos los sectores en contra de una ley".
En la misma línea, Aurelio Martín incidió en el mismo argumento de Cristina González al criticar lo que considera el escaso rigor científico del documento. "No es que no le guste a un par de biólogos -dijo-, sino que no le gusta a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la SEO, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas...".
Sobre los niveles de protección añadió que un buen número de especies que se encuentran en el catálogo autonómico están por debajo de lo que señala el estatal una cuestión que, recordó, "es ilegal", ya que una norma inferior no puede sino igualar o superar los estándares de una ley de mayor rango.
Se refirió al lagarto gigante de Tenerife que, señaló, "se encuentra acantonado en las zonas de los acantilados de Los Gigantes y Guaza" y al que se le habría dotado de una protección inferior al que le otorga la ley estatal.
Alberto Brito se refirió al caso contrario, al de especies incluidas que podrían haber sido excluidas del catálogo y no están. "El documento tienen muchos errores que son para escandalizarse", explicó. Entre ellos señaló a la denominada "esponja de las cuevas" de la que, dijo, "hemos encontrado toneladas", a pesar de lo cual están catalogadas como "en peligro de extinción". "Ha habido en este caso una mala investigación", añadió para referirse a la estrella de mar. "Sólo hemos encontrado tres ejemplares en toda Canarias y ha desaparecido del catálogo", incidió, un momento que José Miguel González aprovechó para indicarle que se encuentra como de interés para el ecosistema. "Pero es que está en estado vulnerable", insistió el catedrático, quien denunció que "treinta especies vulnerables han desaparecido del catálogo". "Han vaciado la categoría de especies vulnerables y han llenado con ellas las de interés para el ecosistema".
Un marco temporal discutible
En la misma línea, Aurelio Martín explicó que el pecado original de este catálogo está en lo que cree malos criterios utilizados, entre ellos que se proteja las especies teniendo en cuenta sólo su evolución desde 1970. "Desde ese año hasta la actualidad la situación del lagarto gigante era igual a la de ahora, pero igual de mala, cuando es obvio que ha habido un declive de esa especie si nos remontamos más allá", insistió.
En cuanto a la vía utilizada, la proposición de ley, los tres coincidieron en que es injusta porque evita que el catálogo salga a exposición pública, un problema que se podría haber solucionado con una mayor transparencia y una amplia ronda de consultas con expertos. Además, creen que es un instrumento poco flexible a la hora de introducir, rebajar, incrementar o eliminar las diferentes protecciones a las especies.
Además de los criterios utilizados, de la mala categorización de las especies y de vía utilizada para su tramitación, los tres criticaron el hecho de que el Grupo de CC no haya esperado a que el Estado apruebe su catálogo, que por tener un rango superior al canario, será el que establezca los requisitos mínimos a partir de los cuales desarrollar los autonómicos.
¿Y qué dicen los defensores del nuevo catálogo? Por partes. El diputado nacionalista negó las acusaciones de falta de rigor científico, al asegurar que todas y cada una de las especies estudiadas iban acompañadas de "una ficha científica". Al poner en duda los tres invitados anteriores que no se hayan hecho consultas más amplias, José Miguel González recordó que él es político y que "no tengo por qué poner en duda el rigor de los científicos que han colaborado". A su juicio, las diferencias son "una polémica entre expertos".
Con respecto a la categoría de interés para los ecosistemas, el parlamentario consideró que no se puede llevar más allá de los espacios protegidos por una "cuestión competencial" con el Estado, que impide a la Comunidad autónoma ampliar el ámbito de protección.
En cuanto a la transparencia, dijo que si bien su partido había estado dispuesto a dialogar con todos, habían sido los propios expertos los que se negaron a participar, algo que Cristina González negó y dijo que la propuesta hecha por CC era hablar sobre algunas especies y que ellos pretendían revisar todo el catálogo.
José Miguel González añadió que la proposición de ley era necesaria para poder establecer un régimen de sanciones a los infractores, algo que no se podría hacer mediante un decreto y negó cualquier falta de flexibilidad. "Mediante esta fórmula nos aseguramos que el Gobierno no haga lo que quiera y, además, las especies se podrán modificar sin problemas, sólo con pasar por el Parlamento acompañadas de una ficha científica.
El diputado defendió que Canarias no tiene por qué esperar a que el Estado apruebe su catálogo -donde se fijarán los mínimos de protección que no pueden saltarse las comunidades autónomas- porque "ellos no son más listos que nosotros", agregó.
El diputado del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Carlos Ester, defendió también la iniciativa que apoyan los suyos, si bien lo hizo menos extensamente que el de Coalición Canaria.
Ester recordó que el catálogo ha sido revisado por el Consejo Consultivo de Canarias que, si bien hizo recomendaciones importantes para adecuar el texto, "dijo que la ley es perfectamente legal".
El popular recordó que "la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con una gran biodiversidad que se debe proteger en el máximo grado posible", biodiversidad que estaría protegida por esta ley. "Hasta ahora -dijo- no teníamos una norma propia con carácter legal, nivel al que se ve elevado este catálogo gracias a la proposición de ley", advirtió.
Para Ester, la mayor novedad en esta cuestión es la creación de la categoría de especies de interés para los ecosistemas, que protege "a las especies que, sin estar amenazadas, es realmente interesante protegerlas porque son importantes para que su entorno no se degrade". A pesar de asegurar que está abiertos a la presentación de enmiendas, sin que ello suponga una renuncia al texto actual que, insistió, tiene el acuerdo del propio Consejo Consultivo de Canarias.
En la misma línea, aunque con mayor rotundidad, José Miguel González se negó a aceptar a modificar el catálogo a fondo, aunque sí dispuesto a hablar de especies concretas durante el período de enmiendas, animando a todos los colectivos a que presenten sus propuestas, sin que ello suponga un cambio sustancial en la proposición de ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Texto: G. MAESTRE / N. MARTÍN
CC confía en ganar apoyos introduciendo modificaciones
Si bien la gran mayoría de la comunidad científica de Canarias ha hecho público su rechazo a la Proposición del Ley realizada por Coalición Canaria (CC) para crear un Catálogo Canario de Especies Protegidas por considerar que se rebaja la categoría de protección de numerosos ejemplares y porque carece del rigor de una investigación y evaluación científica actualizada, CC considera que estas cuestiones quedarán resueltas cuando se den a conocer las modificaciones que ha realizado en el texto legal después de que así se lo indicaron tanto el Consejo Consultivo de Canarias como varias organizaciones expertas en cuestiones medioambientales. En concreto, el diputado nacionalista y promotor de la ley, José Miguel González, dio a conocer en la mesa de El Debate de EL DÍA que "es una cuestión tan compleja que nos habíamos olvidado de incluir numerosas especies que estaban en el catálogo nacional y que ahora es posible que se queden fuera, así que las hemos incluido todas". Este hecho despertó la indignación de la representante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Cristina González, que aseguró no entender "cómo el Gobierno de Canarias incluye en el nuevo catálogo especies que aún están protegidas y recogidas en el nacional, y encima en el autonómico se les reduce el nivel de protección". A juicio de González, "CC y PP no pueden decir que la nueva herramienta va a aumentar y a apoyar el catálogo nacional si luego hay muchas especies que pasan de estar reconocidas como en peligro de extinción a ser de interés para los ecosistemas canarios". Esta postura fue refrendada por los dos representantes de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna que insistieron en que "este tipo de cosas nunca habría sucedido si se hubiera contado con el respaldo de la comunidad científica que es quien único conoce de una forma actualizada el estado en el que se encuentran todas las especies y la categoría que verdaderamente deben tener".
sábado, 23 de enero de 2010
ATAN exige a Berriel los informes técnicos que avalan los cambios del Catálogo de Especies Protegidas en Canarias
Vía: Eco Diario
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, que preside Domingo Berriel, que entregue una copia de los informes que avalan los cambios en el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias que actualmente tramita el Parlamento canario, mediante una Proposición de Ley del partido en el que milita el consejero, esto es, Coalición Canaria.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 de enero (EUROPA PRESS)
ATAN ha hecho valer la Ley 27/2006 sobre acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente después de que el responsable de Medio Ambiente manifestase que la Proposición de Ley se ha hecho "con rigor científico", según recogían en diciembre numerosos medios de comunicación.
Berriel indicaba entonces que el Servicio de Biodiversidad y la Dirección del Medio Natural había encargado "numerosos informes técnicos" en los que se había invertido "mucho dinero".
"El nuevo Catálogo se ha elaborado en base a información técnica de primera magnitud, en la que se incluye una evaluación de especies, con fecha de 2009", subrayaba el consejero. Por este motivo, ATAN ha pedido dichos informes así como toda aquella información que CC haya tenido en cuenta a la hora de elaborar la Proposición de Ley
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, que preside Domingo Berriel, que entregue una copia de los informes que avalan los cambios en el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias que actualmente tramita el Parlamento canario, mediante una Proposición de Ley del partido en el que milita el consejero, esto es, Coalición Canaria.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 de enero (EUROPA PRESS)
ATAN ha hecho valer la Ley 27/2006 sobre acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente después de que el responsable de Medio Ambiente manifestase que la Proposición de Ley se ha hecho "con rigor científico", según recogían en diciembre numerosos medios de comunicación.
Berriel indicaba entonces que el Servicio de Biodiversidad y la Dirección del Medio Natural había encargado "numerosos informes técnicos" en los que se había invertido "mucho dinero".
"El nuevo Catálogo se ha elaborado en base a información técnica de primera magnitud, en la que se incluye una evaluación de especies, con fecha de 2009", subrayaba el consejero. Por este motivo, ATAN ha pedido dichos informes así como toda aquella información que CC haya tenido en cuenta a la hora de elaborar la Proposición de Ley
Moción de IpO contra la tramitación del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (pleno 27 de enero)
ANTECEDENTES
Tras cinco largos años de trabajo, en los que se logró un claro consenso sobre las especies a incluir, se aprobó el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. En este proceso participaron las dos Universidades Canarias, el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, el Instituto Canario de Ciencias Marinas (Taliarte) de Gran Canaria, los cuatro Parques Nacionales del Archipiélago, la Asociación Canaria de Técnicos Ambientales (ACTA), el Jardín Botánico de Aclimatación del Puerto de la Cruz, los siete Cabildos con sus respectivas Unidades Insulares de Medio Ambiente y otros técnicos y organismos. Se llegó a consensuar la inclusión en el mencionado catálogo de 132 especies "En peligro de extinción", 398 especies "Sensibles a la alteración de su hábitat, 98 especies "Vulnerables" y 371 especies "De interés especial", que representan un total de 999 especies.Visto que se pretende modificar en el Parlamento de Canarias el mencionado Catálogo de Especies Amenazadas, y después de haber constatado que:
1.Muchas de las especies a las que se pretende rebajar su categoría de protección han visto empeorar su estado de conservación y sus hábitats en los últimos años. Basta algunos ejemplos como el del gorrión chillón (Petronia petronia) y la abubilla (Upupa epops), cuyas poblaciones han disminuido; el guincho (Pandion haliaetus), cuyo crecimiento de la población se ha estancado desde la fecha de creación del actual catálogo; especies emblemáticas y consideradas símbolos de la naturaleza canaria, como el drago (Dracaena draco); o la seba (Cymodocea nodosa), cuyo hábitat corre tal peligro que la urgencia de su protección motivó la movilización de los más prestigiosos científicos canarios, cristalizada en la solicitud de su nombramiento como "Hábitat de interés prioritario" al Ministerio de Medio Ambiente.
2.La ausencia de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Gobierno Autonómico, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios no es la mejor manera de abordar la revisión del Catálogo de Especies Amenazadas por ser esta una materia que requiere de la aportación de la comunidad científica.
3.Que según la legislación básica estatal, la Constitución Española y la interpretación reiterada del Tribunal Constitucional, la Comunidad Autónoma de Canarias puede establecer un catálogo regional de especies amenazadas, pero en él todas las especies deberán tener una categoría de protección igual o mayor a la que ahora dispone el Catálogo Nacional. Y una vez constatado que al menos 100 taxones o especies presentan una categoría de protección inferior en el nuevo catálogo en comparación con el Catálogo Nacional.
4.Que hasta que se apruebe el Catálogo Español de Especies Amenazadas regulado por el artículo 55 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las especies incluidas que estén catalogadas en alguna categoría no regulada mantendrán dicha clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada en vigor de esta ley, en tanto no se produzca la adaptación a la misma, según indica la disposición transitoria primera.
5.Que, a su vez, nuestra comunidad autónoma es la primera de la Unión Europea en lo que se refiere a amenazas sobre sus especies.
Por todo lo expuesto anteriormente, y ante la insistencia de las autoridades competentes de proceder a la descatalogación ó a la reducción del nivel de protección de docenas de especies, y considerando que no existen razones de índole medioambiental que justifiquen tal medida, elevamos al Pleno de esta Corporación, para su aprobación si procede, el texto de la siguiente moción:
TEXTO DE LA MOCIÓN
1.El Ayuntamiento de La Orotava acuerda solicitar al Gobierno de Canarias la retirada inmediata, desde los distintos Grupos Parlamentarios, de la Proposición de Ley del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas.
2.El Ayuntamiento de La Orotava acuerda que desde la Consejería de Medio Ambiente se elabore un nuevo Catálogo canario asesorado por Técnicos, Científicos, Universidades, Asociaciones, etc. y según las bases acordadas en el Convenio de Aarhus, que proteja realmente el rico patrimonio natural canario.
3.El Ayuntamiento de La Orotava acuerda instar a los organismos competentes a mantener el actual Catálogo de Especies Amenazadas mientras se tramitan el nuevo catálogo estatal y el de esta Comunidad.
4.El Ayuntamiento de La Orotava acuerda que este nuevo Catálogo de Especies Amenazadas, por imperativo legal, deberá incluir las especies, subespecies o poblaciones cuya protección efectiva exija medidas específicas por parte de las Administraciones Públicas; el proceso de catalogación implicará que la protección de las especies amenazadas no consista tan sólo en medidas pasivas de carácter preventivo, sino que incorpore medidas positivas por parte de esas Administraciones Públicas para remediar los factores de amenaza sobre las especies de flora y fauna y sobre sus hábitats.
5.El Ayuntamiento de La Orotava acuerda invitar a todos los Ayuntamientos y grupos políticos de Canarias a que hagan suya esta moción y sea aprobada en sus respectivos foros, como contribución y aportación de la sociedad canaria al mantenimiento y protección de la biodiversidad y nuestro entorno.
La Orotava, 19 de enero de 2010
Fdo.: José Manuel Hernández Hernández
Fdo.: José Antonio Lima Cruz
Fdo.: Bárbara Álvarez Escobar
Archivo en PDF
Los sebadales, según Tavío
LA PRESIDENTA DEL PP TINERFEÑO SIGUE SIN SABER DE ESOS GRANDES DESCONOCIDOS
La presidenta del PP tinerfeño tendrá que cargar toda su vida con aquella fabulosa metedura de pata protagonizada al alimón con Luz Reverón en su intento por descalificar los sebadales de Granadilla. Esta semana estuvo en La Opinión de Tenerife contestando a las preguntas de los lectores, y cuando uno de ellos le sacó la cuestión, doña Cristina contestó de este modo que reproducimos de manera literal: “Lo que nos interesa es proteger las especies en estinción (sic) y los cebadales (sic) en canarias no son una especie en extinción, y así lo demuestran los 174 km que hay en nuestros fondos archipielágicos. Y lo que yo dije es que un puerto en el futuro se puede convertir en un nuevo ecosistema.....y que Tenerife necesita que ese Puerto para diversificar nuestra economía, dos puertos el de SC y el de Granadilla.....más ecomomía y trabajo para la isla”. Amén, doña Cristina, pero sebadales va con ese de casa, que viene de seba, porque el cebadal con ce es el de la cebada, que esa ni araña ni pica cuando te restriegas con ella.
A destacar el Especial Especies en Peligro que ha puesto en marcha este medio con su propio material.
Carecen de argumentos para la descatalogación de las especies
Vía: Ben Magec
Los ecologistas celebran el gran éxito de afluencia de la mesa redonda sobre “La Proposición de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas” reflejando el gran interés social en la problemática, aunque lamentan la falta de de voluntad política por parte del grupo parlamentario de Coalición Canaria, promotor de dicha propuestas, al rechazar la invitación a participar en el debate sin ningún tipo de comunicación ni justificación.
Se celebra con gran éxito de afluencia la mesa redonda sobre la Propuesta de Ley del Nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, en la que un centenar de personas pudieron escuchar de primera mano la exposición de los expertos en la materia. Participaron David Bramwell, director del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, Pascual Calabuig, biólogo y veterinario, Carmelo Padrón, jurista y ex Viceconcejero de Medio Ambiente y Eugenio Reyes, miembro de Ben Magec Ecologistas en Acción.
Los ecologistas lamentan la ausencia del grupo parlamentario de Coalición Canaria al que se le invitó con un mes de antelación, (evidenciando) la falta de interés de dicho grupo parlamentario en participar en debates públicos para defender dicha Iniciativa Legislativa. Esta ausencia es atribuible, a la falta de argumentos rigurosos y creíbles para defender la propuesta y a la poca vocación democrática.
Asimismo, evidencia el trámite utilizado para definir el nuevo catálogo en el que no se le ha dado la oportunidad de participar ni a la Comunidad Científica experta y legitimada, ni la sociedad en general. Como así argumentaron los expertos, el nuevo catálogo destaca por la falta de rigor científico. Se descatalogan 226 especies, se rebaja la protección a 131 y pasan a estar protegidas de forma perversa y ambigua 94 especies, de las 450 especies actualmente protegidas. Los integrantes de la mesa redonda, apelaron a que salgan a la luz los informes y los técnicos que avalan dicha propuesta, invitándoles a un debate científico sobre el asunto. Según los expertos el nuevo catálogo es totalmente injustificado y únicamente responde a intereses que nada tienen que ver con la preservación de las especies, tan necesaria en un territorio con tan significativos valores biológicos reconocidos internacionalmente, muchos de los cuales se encuentran notablemente deteriorados.
Se criticó duramente la nueva categoría “Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios” por carecer de fundamento y permitir la desprotección de especies dependiendo si se encuentran dentro o fuera de un Espacio Protegido, especialmente grave e irracional en el caso de los vertebrados e invertebrados con movilidad como son el caso del lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical, la tortuga boba, la hubara canaria, el halcón tagarote y multitud de especies más. Desde el punto de vista jurídico se hizo hincapié en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la propuesta de Catalogo, en los actuales términos, al contradecir al Catálogo Nacional, de rango superior y por la tanto vinculante. También se señaló la innecesaria anulación del Decreto que recoge el catálogo actual, por lo que se pide por parte todos los participantes la retirada de la Proposición de Ley.
Los ponentes de la mesa coinciden en la necesidad e importancia de informar a la sociedad sobre la gravedad de la Iniciativa Legislativa del grupo parlamentario de CC con el apoyo del PP y animan a los ciudadanos y ciudadanas a que se movilicen en contra de la Proposición de Ley por suponer un dramático retroceso en la conservación del Patrimonio Natural y el Desarrollo Sostenible del archipiélago.
Los ecologistas celebran el gran éxito de afluencia de la mesa redonda sobre “La Proposición de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas” reflejando el gran interés social en la problemática, aunque lamentan la falta de de voluntad política por parte del grupo parlamentario de Coalición Canaria, promotor de dicha propuestas, al rechazar la invitación a participar en el debate sin ningún tipo de comunicación ni justificación.
Se celebra con gran éxito de afluencia la mesa redonda sobre la Propuesta de Ley del Nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, en la que un centenar de personas pudieron escuchar de primera mano la exposición de los expertos en la materia. Participaron David Bramwell, director del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, Pascual Calabuig, biólogo y veterinario, Carmelo Padrón, jurista y ex Viceconcejero de Medio Ambiente y Eugenio Reyes, miembro de Ben Magec Ecologistas en Acción.
Los ecologistas lamentan la ausencia del grupo parlamentario de Coalición Canaria al que se le invitó con un mes de antelación, (evidenciando) la falta de interés de dicho grupo parlamentario en participar en debates públicos para defender dicha Iniciativa Legislativa. Esta ausencia es atribuible, a la falta de argumentos rigurosos y creíbles para defender la propuesta y a la poca vocación democrática.
Asimismo, evidencia el trámite utilizado para definir el nuevo catálogo en el que no se le ha dado la oportunidad de participar ni a la Comunidad Científica experta y legitimada, ni la sociedad en general. Como así argumentaron los expertos, el nuevo catálogo destaca por la falta de rigor científico. Se descatalogan 226 especies, se rebaja la protección a 131 y pasan a estar protegidas de forma perversa y ambigua 94 especies, de las 450 especies actualmente protegidas. Los integrantes de la mesa redonda, apelaron a que salgan a la luz los informes y los técnicos que avalan dicha propuesta, invitándoles a un debate científico sobre el asunto. Según los expertos el nuevo catálogo es totalmente injustificado y únicamente responde a intereses que nada tienen que ver con la preservación de las especies, tan necesaria en un territorio con tan significativos valores biológicos reconocidos internacionalmente, muchos de los cuales se encuentran notablemente deteriorados.
Se criticó duramente la nueva categoría “Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios” por carecer de fundamento y permitir la desprotección de especies dependiendo si se encuentran dentro o fuera de un Espacio Protegido, especialmente grave e irracional en el caso de los vertebrados e invertebrados con movilidad como son el caso del lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical, la tortuga boba, la hubara canaria, el halcón tagarote y multitud de especies más. Desde el punto de vista jurídico se hizo hincapié en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la propuesta de Catalogo, en los actuales términos, al contradecir al Catálogo Nacional, de rango superior y por la tanto vinculante. También se señaló la innecesaria anulación del Decreto que recoge el catálogo actual, por lo que se pide por parte todos los participantes la retirada de la Proposición de Ley.
Los ponentes de la mesa coinciden en la necesidad e importancia de informar a la sociedad sobre la gravedad de la Iniciativa Legislativa del grupo parlamentario de CC con el apoyo del PP y animan a los ciudadanos y ciudadanas a que se movilicen en contra de la Proposición de Ley por suponer un dramático retroceso en la conservación del Patrimonio Natural y el Desarrollo Sostenible del archipiélago.
viernes, 22 de enero de 2010
Ben Magec quiere un debate sobre el catálogo de especies
Vía: www.laprovincia.es
Los ecologistas contestan a Berriel que ha dicho que están desinformados
CIRA MOROTE MEDINA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La Asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción pidió ayer al Gobierno de Canarias un debate científico técnico con los investigadores que hayan elaborado el proyecto para el nuevo catálogo de especies protegidas que ha presentado Coalición Canaria al Parlamento. Todo ellos cuando Domingo Berriel, consejero regional de Medio Ambiente y Política Territorial, aseguró el pasado miércoles que los que se oponen a este polémico texto "cometen un error" y no han querido ser informados.
No sólo no hemos recibido ninguna convocatoria, sino que hemos organizado un debate y nadie de Coalición Canaria ha querido asistir", declaró Eugenio Reyes, portavoz del grupo ecologista. "Existe un órgano público de participación ambiental, que es el Foro Canario de Sostenibilidad y lo que pide Ben Magec es una reunión urgente para debatir este tema, donde esté representado todo el tejido social", argumentó.
Para los ecologistas, el hecho de que haya sido un grupo político y no el Gobierno quien haya presentado este proyecto de ley es "un intento de esconder quiénes son los científicos que han hecho ese catálogo, que por ahora, es anónimo".
Reyes considera que algún científico debe haber intervenido, aunque no consta en ningún documento público por el momento, porque "no creo que Domingo Berriel sepa distinguir una especie de otra. No creo que sepa qué es una caralluma burchardii, un endemismo de Tindaya, ni que se haya tirado al mar a ver las sebas de Granadilla", señaló.
Estas especies no están descatalogadas, pero "están protegidas de forma perversa. Si el ejemplar está dentro de un espacio protegido, bien, pero cuando salga del espacio, se puede machacar. Es decir que la tortuga boba, por ejemplo, si está dentro de una zona determinada está a salvo, pero si se sale se le puede dar un tiro de gracia", dijo.
El ecologista recordó que hay un Libro Rojo Internacional de las Especies amenazadas canarias y el Catálogo Oficial de Especies Protegidas, que está regulado por ley, pero "no nos consta ningún documento científico de titularidad pública, ni privada que defienda muchas de las descatalogaciones que van a quedar si este proyecto es finalmente aprobado", concluyó.
Los ecologistas contestan a Berriel que ha dicho que están desinformados
CIRA MOROTE MEDINA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La Asociación Ben Magec-Ecologistas en Acción pidió ayer al Gobierno de Canarias un debate científico técnico con los investigadores que hayan elaborado el proyecto para el nuevo catálogo de especies protegidas que ha presentado Coalición Canaria al Parlamento. Todo ellos cuando Domingo Berriel, consejero regional de Medio Ambiente y Política Territorial, aseguró el pasado miércoles que los que se oponen a este polémico texto "cometen un error" y no han querido ser informados.
No sólo no hemos recibido ninguna convocatoria, sino que hemos organizado un debate y nadie de Coalición Canaria ha querido asistir", declaró Eugenio Reyes, portavoz del grupo ecologista. "Existe un órgano público de participación ambiental, que es el Foro Canario de Sostenibilidad y lo que pide Ben Magec es una reunión urgente para debatir este tema, donde esté representado todo el tejido social", argumentó.
Para los ecologistas, el hecho de que haya sido un grupo político y no el Gobierno quien haya presentado este proyecto de ley es "un intento de esconder quiénes son los científicos que han hecho ese catálogo, que por ahora, es anónimo".
Reyes considera que algún científico debe haber intervenido, aunque no consta en ningún documento público por el momento, porque "no creo que Domingo Berriel sepa distinguir una especie de otra. No creo que sepa qué es una caralluma burchardii, un endemismo de Tindaya, ni que se haya tirado al mar a ver las sebas de Granadilla", señaló.
Estas especies no están descatalogadas, pero "están protegidas de forma perversa. Si el ejemplar está dentro de un espacio protegido, bien, pero cuando salga del espacio, se puede machacar. Es decir que la tortuga boba, por ejemplo, si está dentro de una zona determinada está a salvo, pero si se sale se le puede dar un tiro de gracia", dijo.
El ecologista recordó que hay un Libro Rojo Internacional de las Especies amenazadas canarias y el Catálogo Oficial de Especies Protegidas, que está regulado por ley, pero "no nos consta ningún documento científico de titularidad pública, ni privada que defienda muchas de las descatalogaciones que van a quedar si este proyecto es finalmente aprobado", concluyó.
jueves, 21 de enero de 2010
Escucha la Mesa Redonda sobre el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias
Vía: El Turcón
Audio de la Mesa Redonda del día 20 de enero que se celebró en el Club de la Prensa de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria en torno al nuevo Catálogo de Especies Protegidas que CC y PP quieren aprobar por vía legislativa parlamentaria. Intervienen en el debate David Branwell Director del Jardín Canario "Viera y Clavijo", Pascual Calabuig Biólogo y Veterinario y Carmelo Padrón Catedrático de Derecho Urbanístico. La mesa fue moderada por Eugenio Reyes portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción. La duración de este podcast es de 02:03:39
Audio de la Mesa Redonda del día 20 de enero que se celebró en el Club de la Prensa de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria en torno al nuevo Catálogo de Especies Protegidas que CC y PP quieren aprobar por vía legislativa parlamentaria. Intervienen en el debate David Branwell Director del Jardín Canario "Viera y Clavijo", Pascual Calabuig Biólogo y Veterinario y Carmelo Padrón Catedrático de Derecho Urbanístico. La mesa fue moderada por Eugenio Reyes portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción. La duración de este podcast es de 02:03:39
2010, Año Internacional de la Biodiversidad Biológica (AIDB)
Vía: www.lavozdelapalma.com
Naciones Unidas ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica (AIDB) para alertar de la preocupante situación en la que se encuentra nuestro planeta. Y es que, según los expertos, entre 10.000 y 50.000 especies desaparecen cada año, muchas de ellas antes de ser catalogadas.
La diversidad biológica es la póliza de seguro para la supervivencia de nuestra especie, el elemento fundamental para que la Naturaleza siga proporcionándonos los bienes que necesitamos -alimentos, energía o medicinas-, aunque, por desgracia, los humanos tienen la capacidad de protegerla o destruirla. Theo Oberhuber, coordinador de campañas de “Ecologistas en Acción”, considera fundamental que la sociedad sea consciente de la importancia de frenar la pérdida de biodiversidad: “Cuando hablamos de este asunto, la mayor parte de la población piensa en el oso polar o el tigre siberiano, especies emblemáticas pero lejanas. Queremos que la gente entienda que la biodiversidad es la suma de todos los seres vivos del planeta y de las relaciones entre las especies, y que dependemos totalmente de ella. La mayor parte de los recursos que necesitamos para vivir tiene su origen en la biodiversidad así que protegerla es fundamental para el bienestar humano y para frenar la pobreza y el cambio climático”.
Las Islas Canarias destacan precisamente por ser uno de los espacios con mayor biodiversidad del mundo. En 1999, la situación en el Catálogo Nacional de las especies de flora y fauna de Canarias aglutinaba 65 especies de plantas con flor y un helecho en la categoría de “en peligro de extinción”; 87 especies animales, tanto vertebrados como invertebrados: 16 en peligro de extinción; 4 “sensibles a la alteración de su hábitat”; 11”vulnerables”; y 56 de “interés especial”.
Nuevas modificaciones (Modificación del Decreto 151/2001, de 23 de julio), reducen a la mitad las especies amenazadas incluidas en el catálogo oficial, se pasa de 366 a 141 las variedades de flora y fauna en peligro en el Archipiélago. El documento de la Consejería de Medio Ambiente concluye que Canarias tiene 141 variedades de flora y fauna en peligro, a las que se han añadido 19 que no estaban contempladas en el catálogo regional ni en el nacional. La memoria de evaluación de especies amenazadas considera que sólo 122 especies y subespecies de las 366 recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias han sido evaluadas como tales.
La reciente “Propuesta de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas” deja sin amparo a más de la mitad de las especies actualmente protegidas y rebaja la categoría de protección al 30% de las especies. Algunos expertos, incluidas las universidades canarias, se han manifestado públicamente en contra de la Propuesta, pues el nuevo catálogo lo consideran arbitrario y no responden a criterios objetivos de protección de las especies, permitiendo en una de sus categorías, “Interés para los Ecosistemas Canarios”, la destrucción de importantes poblaciones fuera de los Espacios Naturales. Consideran un grave retroceso tal propuesta del grupo parlamentario de Coalición Canaria dado que la situación de las mayoría de las especies descatalogadas o rebajadas de categoría se encuentran en peor o igual situación que cuando se creó el anterior catálogo.
El catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, en declaraciones a Europa Press, explicó que el nuevo catálogo ha eliminado algunas especies hasta ahora protegidas sin justificación, pero muchas otras sin justificar. El catedrático teme la flexibilidad con la que el interés para los ecosistemas puede ser modificado en favor de intereses poco protectores. Lamenta la falta de consulta pública, así como que no se haya consultado a los docentes y expertos que pueden aportar datos e información. Tampoco ve bien que esta ley contradiga leyes nacionales o acuerdos europeos que, en su opinión, no se han tenido en cuenta.
A lo largo de 2010, Naciones Unidas organizará conferencias, exposiciones y actividades para intentar sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre la importancia de la variedad de vida en la Tierra para el bienestar humano y de las consecuencias de su pérdida. No estaría de más que se dieran un salto por estas islas y asesoraran a nuestros políticos.
Naciones Unidas ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica (AIDB) para alertar de la preocupante situación en la que se encuentra nuestro planeta. Y es que, según los expertos, entre 10.000 y 50.000 especies desaparecen cada año, muchas de ellas antes de ser catalogadas.
La diversidad biológica es la póliza de seguro para la supervivencia de nuestra especie, el elemento fundamental para que la Naturaleza siga proporcionándonos los bienes que necesitamos -alimentos, energía o medicinas-, aunque, por desgracia, los humanos tienen la capacidad de protegerla o destruirla. Theo Oberhuber, coordinador de campañas de “Ecologistas en Acción”, considera fundamental que la sociedad sea consciente de la importancia de frenar la pérdida de biodiversidad: “Cuando hablamos de este asunto, la mayor parte de la población piensa en el oso polar o el tigre siberiano, especies emblemáticas pero lejanas. Queremos que la gente entienda que la biodiversidad es la suma de todos los seres vivos del planeta y de las relaciones entre las especies, y que dependemos totalmente de ella. La mayor parte de los recursos que necesitamos para vivir tiene su origen en la biodiversidad así que protegerla es fundamental para el bienestar humano y para frenar la pobreza y el cambio climático”.
Las Islas Canarias destacan precisamente por ser uno de los espacios con mayor biodiversidad del mundo. En 1999, la situación en el Catálogo Nacional de las especies de flora y fauna de Canarias aglutinaba 65 especies de plantas con flor y un helecho en la categoría de “en peligro de extinción”; 87 especies animales, tanto vertebrados como invertebrados: 16 en peligro de extinción; 4 “sensibles a la alteración de su hábitat”; 11”vulnerables”; y 56 de “interés especial”.
Nuevas modificaciones (Modificación del Decreto 151/2001, de 23 de julio), reducen a la mitad las especies amenazadas incluidas en el catálogo oficial, se pasa de 366 a 141 las variedades de flora y fauna en peligro en el Archipiélago. El documento de la Consejería de Medio Ambiente concluye que Canarias tiene 141 variedades de flora y fauna en peligro, a las que se han añadido 19 que no estaban contempladas en el catálogo regional ni en el nacional. La memoria de evaluación de especies amenazadas considera que sólo 122 especies y subespecies de las 366 recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias han sido evaluadas como tales.
La reciente “Propuesta de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas” deja sin amparo a más de la mitad de las especies actualmente protegidas y rebaja la categoría de protección al 30% de las especies. Algunos expertos, incluidas las universidades canarias, se han manifestado públicamente en contra de la Propuesta, pues el nuevo catálogo lo consideran arbitrario y no responden a criterios objetivos de protección de las especies, permitiendo en una de sus categorías, “Interés para los Ecosistemas Canarios”, la destrucción de importantes poblaciones fuera de los Espacios Naturales. Consideran un grave retroceso tal propuesta del grupo parlamentario de Coalición Canaria dado que la situación de las mayoría de las especies descatalogadas o rebajadas de categoría se encuentran en peor o igual situación que cuando se creó el anterior catálogo.
El catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, en declaraciones a Europa Press, explicó que el nuevo catálogo ha eliminado algunas especies hasta ahora protegidas sin justificación, pero muchas otras sin justificar. El catedrático teme la flexibilidad con la que el interés para los ecosistemas puede ser modificado en favor de intereses poco protectores. Lamenta la falta de consulta pública, así como que no se haya consultado a los docentes y expertos que pueden aportar datos e información. Tampoco ve bien que esta ley contradiga leyes nacionales o acuerdos europeos que, en su opinión, no se han tenido en cuenta.
A lo largo de 2010, Naciones Unidas organizará conferencias, exposiciones y actividades para intentar sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre la importancia de la variedad de vida en la Tierra para el bienestar humano y de las consecuencias de su pérdida. No estaría de más que se dieran un salto por estas islas y asesoraran a nuestros políticos.
El sebadal, esa cosa que pica y es tóxica
No hay periódico que se considere un poco “progre” que no haga unos encuentros digitales cada cierto tiempo en el que los lectores envían preguntas previamente y luego éstas son pasadas a los entrevistados para que las vayan respondiendo durante una sesión fotográfica y hasta videográfica. Este jueves 21 de enero el diario La Opinión sometió a una de estas entrevistas a Cristina Tavío presidenta del PP en Tenerife. De las 54 “respuestas”, es mucho decir porque a lo que le preguntan dice lo que le da la gana aplicando esta ya vieja estrategia, quiero destacar la cuarta en la que se le preguntaba por los famosos sebadales, que junto a Luz Reverón, dejó bien claro que no tenía ni idea de lo que iba el tema en una suerte de tertulia televisiva. Quisiera recordar aquí la labor de Juan Jesús Afonso, redactor de la página del Foro Contra la Incineración, por ser el primero en difundir el audio en un vídeo para que mucho tuviéramos todavía más claro la falta de materia gris de la gente que nos gobiernan y que sin duda ha sido la inspiración para la realización de un corto que está a punto de estrenarse estos días titulado El Monstruo del Sebadal. Desde aquí simplemente recomendar a la señora Tavío que se plantee la realización de algún curso de ortografía y o mecanografía aunque me temo que lo de su estilo de redacción ya no tiene remedio.
4. Sra. Tavío, hace algún tiempo usted y Luz Reverón dieron en TV algunas explicaciones sobre los sebadales y la vida marina que mostraron su desconocimiento del tema. Me preocupa que los defensores del Puerto de Granadilla desconozcan su impacto ambiental real. ¿Podría decirme qué es un sebadal? ¿Sabrá ya que no es una alga ni de las que raspan ni de las tóxicas? ¿Por qué es tan importante su preservación? ¿Sabe ya que los muelles no son los lugares de mayor riqueza biológica, sino casi lo contrario? ¿Sigue pensando que si se hunde un barco adrede es para crear sebadales? Muchas gracias.
4. Sra. Tavío, hace algún tiempo usted y Luz Reverón dieron en TV algunas explicaciones sobre los sebadales y la vida marina que mostraron su desconocimiento del tema. Me preocupa que los defensores del Puerto de Granadilla desconozcan su impacto ambiental real. ¿Podría decirme qué es un sebadal? ¿Sabrá ya que no es una alga ni de las que raspan ni de las tóxicas? ¿Por qué es tan importante su preservación? ¿Sabe ya que los muelles no son los lugares de mayor riqueza biológica, sino casi lo contrario? ¿Sigue pensando que si se hunde un barco adrede es para crear sebadales? Muchas gracias.
Lo que nos interesa es proteger las especies en estinción y los cebadales en canarias no son una especie en extinción, y así lo demuestran los 174 km que hay en nuestros fondos archipuielágicos. Y lo que yo dije es que un puerto en el futuro se puede convertir en un nuevo ecosistema.....y que Tenerife nenesita que ese Puerto para diversificar nuestra economis, dos puertos el de SC y el de Granadilla.....más econimía y trabajo para la isla
´La descatalogación de las especies es ilegal´
Vía: www.laprovincia.es
El jurista y arquitecto Carmelo Padrón advierte que la iniciativa de CC acabará en el Constitucional
CARMEN SANTANA
Científicos y especialistas en derecho y medio ambiente apelaron ayer a la movilización ciudadana para impedir la aprobación de la propuesta impulsada en el Parlamento regional por Coalición Canaria de la nueva ley Catálogo Canario de Especies Protegidas, y coincidieron en calificar de ilegal la iniciativa legislativa.
La tesis de David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, el catedrático de Derecho Urbanístico y ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Carmelo Padrón, y del biólogo veterinario Pascual Calabuig, de que el Gobierno canario no puede rebajar el nivel de protección de especies de flora y fauna del Archipiélago contradiciendo la superior calificación del catálogo nacional, so pena de incurrir en ilegalidad, fue también otra de las coincidencias de los tres especialistas en el debate de anoche en el Club Prensa Canaria, organizado por la federación Ben Magec, Ecologistas en Acción.
La propuesta de CC, que ha recibido recientemente informe negativo del Consejo Consultivo de Canarias y a la que ha mostrado su apoyo el Partido Popular, su socio en el Gobierno autonómico, deja fuera del Catálogo de Especies Protegidas de 2001 un total de 226 de las 450 especies de flora y fauna en él incluidas. A su vez, 131 especies sufrirían una rebaja en el grado de protección al crearse figuras nuevas y finalmente otras 94 pasarían a estar protegidas, pero de una forma "perversa", como recordó anoche Eugenio Reyes, representante de Ben Magec y moderador del debate.
Por su parte, Pascual Calabuig calificó de "bodrio de república bananera" la iniciativa legislativa, y abundó que esta "adolece de graves defectos de índole jurídica", por lo que pidió la retirada de la propuesta.
Calabuig alertó de que especies como el lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical o la tortuga boba están entre las que sufrirán la rebaja de protección y que, en el caso de algunas de ellas, dependerá ser consideradas protegidas si se encuentran o no en hábitats con esa calificación.
Por su parte, David Bramwell subrayó la incoherencia de que una ley de rango inferior, como la que pretende el Ejecutivo autonómico, disminuya el grado de protección de la biodiversidad contemplada en el catálogo nacional y cuestionó la identidad de los técnicos que la han elaborado la propuesta.
"Con esos expertos anónimos estamos abiertos al diálogo", dijo el director del Jardín Canario Viera y Clavijo, "como se hace en cualquier proceso científico de esta naturaleza. Por que esto no es normal".
El jurista y arquitecto Carmelo Padrón advierte que la iniciativa de CC acabará en el Constitucional
CARMEN SANTANA
Científicos y especialistas en derecho y medio ambiente apelaron ayer a la movilización ciudadana para impedir la aprobación de la propuesta impulsada en el Parlamento regional por Coalición Canaria de la nueva ley Catálogo Canario de Especies Protegidas, y coincidieron en calificar de ilegal la iniciativa legislativa.
La tesis de David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, el catedrático de Derecho Urbanístico y ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Carmelo Padrón, y del biólogo veterinario Pascual Calabuig, de que el Gobierno canario no puede rebajar el nivel de protección de especies de flora y fauna del Archipiélago contradiciendo la superior calificación del catálogo nacional, so pena de incurrir en ilegalidad, fue también otra de las coincidencias de los tres especialistas en el debate de anoche en el Club Prensa Canaria, organizado por la federación Ben Magec, Ecologistas en Acción.
La propuesta de CC, que ha recibido recientemente informe negativo del Consejo Consultivo de Canarias y a la que ha mostrado su apoyo el Partido Popular, su socio en el Gobierno autonómico, deja fuera del Catálogo de Especies Protegidas de 2001 un total de 226 de las 450 especies de flora y fauna en él incluidas. A su vez, 131 especies sufrirían una rebaja en el grado de protección al crearse figuras nuevas y finalmente otras 94 pasarían a estar protegidas, pero de una forma "perversa", como recordó anoche Eugenio Reyes, representante de Ben Magec y moderador del debate.
Por su parte, Pascual Calabuig calificó de "bodrio de república bananera" la iniciativa legislativa, y abundó que esta "adolece de graves defectos de índole jurídica", por lo que pidió la retirada de la propuesta.
Calabuig alertó de que especies como el lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical o la tortuga boba están entre las que sufrirán la rebaja de protección y que, en el caso de algunas de ellas, dependerá ser consideradas protegidas si se encuentran o no en hábitats con esa calificación.
Por su parte, David Bramwell subrayó la incoherencia de que una ley de rango inferior, como la que pretende el Ejecutivo autonómico, disminuya el grado de protección de la biodiversidad contemplada en el catálogo nacional y cuestionó la identidad de los técnicos que la han elaborado la propuesta.
"Con esos expertos anónimos estamos abiertos al diálogo", dijo el director del Jardín Canario Viera y Clavijo, "como se hace en cualquier proceso científico de esta naturaleza. Por que esto no es normal".
¡No al catálogo, no al puerto!
Vía: WWW.sanborondon.info
Cándido Quintana *
Lanzaba hace unos días el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, don José Miguel Barragán, un órdago, invitando al diálogo a los contrarios al Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, que se va a discutir próximamente, no se si con el ánimo de consensuarlo. El tema es mucho más sencillo de lo que él ahora propone, lo único que procede es que esa ignominiosa proposición de ley sea retirada y que sea la Comunidad Científica de Canarias, no don Antonio Machado por ser parte interesada, quien abandere, avale y refrende una iniciativa de tanta importancia.
Posee el Sr. Barragán, así como todos los que están forzando la máquina para que este nuevo catálogo de haga realidad, argumentos más que sobrados, a día de hoy, para que este avasallador intento de liquidar vida animal a la carta, sea retirado. La oposición al catálogo crece día a día, en la medida que las personas se van enterando de la verdad, tal y como está sucediendo con el PGO de Santa Cruz, y ya ha traspasado fronteras. No sólo los principales periódicos españoles ya se han hecho eco de esta tropelía, sino que algunos extranjeros también lo están denunciando, como el alemán Wochenblatt o el inglés The Telegraph, que ha calificado de ultraje el nuevo catálogo.
No puede una obra innecesaria, como el puerto de Granadilla, despertar tanta soberbia entre nuestros gobernantes, sencillamente porque la soberbia no se puede anteponer al interés general. Y este, en Tenerife, no pasa por asumir, con más que evidentes riesgos para nuestro turismo de calidad, obras devastadoras que técnicamente no se sostienen, ni crean economía ni puestos de trabajo, como ese puerto, que golpearía brutalmente y de forma irreversible, al mayor y mejor conservado Ecosistema que poseemos en nuestra Isla, uno de los más importantes de Canarias.
El Lugar de Interés Comunitario “Sebadales del Sur de Tenerife”, hoy declarado, por exigencias de la Comisión Europea, Zona de Especial Conservación, necesita esto, una especial conservación para poder perdurar. Necesita que no se le avasalle, que no se le contamine y que sus aguas marinas sean de óptima calidad, de otra manera no podría vivir. Y pasa, aunque el Gobierno de Canarias no lo quiera admitir, que TODOS los puertos industriales contaminan y producen una significativa pérdida de calidad sobre las aguas colindantes, y aunque ellos hayan dejado a conciencia fuera del LIC la zona de Sebadales que ocuparía el puerto, los mortales efectos de éste se trasladarían de lleno a la integridad de esa ZEC, acabando con ella, dado que se encuentra en el derrotero del tiempo dominante.
Ante esto, la cosa está clarísima. Si Tenerife tuviera necesidad perentoria de un puerto, ni siquiera habría que sopesar los daños que éste acarrearía, porque vivimos en una Isla y nos es imprescindible un puerto. Con seguridad hasta los ciudadanos reclamaríamos su necesidad, pero este no es el caso. Ya poseemos un magnífico Puerto que nunca se ha utilizado por encima del 50% de su capacidad y ahora está en fase de ampliación, con lo que casi triplicaremos sus posibilidades. Tenemos Puerto para décadas.
Por otro lado, no debemos olvidar que entre la magnífica instalación portuaria de Santa Cruz y la alocada pretendida en Granadilla, no hay ni 60 kilómetros de distancia, o sea, insignificante. Esta magnitud es perfectamente contrastable si valoramos, por ejemplo, que en Madrid hay varios Polígonos Industriales potentes y que el puerto más cercano se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y todo funciona. El argumento de que allí hay trenes, ante el proyecto del tren del Sur de Tenerife, también se desmorona. Si los principales tráficos portuarios concebidos, se caen por su propio peso ante los fuertes vientos y corrientes del lugar, el de porta-contenedores por ruinoso y el de gaseros por muy peligroso, ¿qué queda para seguir justificando el puerto de Granadilla?
Algunos deben aparcar de una vez esa soberbia y prepotencia de las que están haciendo gala en este caminar hacia la locura, desechar el puerto de Granadilla y todo lo que le rodea, y centrarse en iniciativas de futuro, que nos ayuden a salir de la crisis y a generar empleos. Seamos más congruentes, ahora toca proteger el Medio Ambiente, conservar nuestra biodiversidad, apostar decididamente por la protección de la vida animal y vegetal y mimar nuestros entornos vírgenes y naturales. Esta es la joya que poseemos, estos son nuestros escasos recursos y no los podemos dilapidar. Todos a una a luchar y lo conseguiremos, la soberbia al cajón y quien pretenda realizar estropicios, en su casa, de puertas adentro, si es que su familia se lo permite.
*Presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz
Cándido Quintana *
Lanzaba hace unos días el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, don José Miguel Barragán, un órdago, invitando al diálogo a los contrarios al Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, que se va a discutir próximamente, no se si con el ánimo de consensuarlo. El tema es mucho más sencillo de lo que él ahora propone, lo único que procede es que esa ignominiosa proposición de ley sea retirada y que sea la Comunidad Científica de Canarias, no don Antonio Machado por ser parte interesada, quien abandere, avale y refrende una iniciativa de tanta importancia.
Posee el Sr. Barragán, así como todos los que están forzando la máquina para que este nuevo catálogo de haga realidad, argumentos más que sobrados, a día de hoy, para que este avasallador intento de liquidar vida animal a la carta, sea retirado. La oposición al catálogo crece día a día, en la medida que las personas se van enterando de la verdad, tal y como está sucediendo con el PGO de Santa Cruz, y ya ha traspasado fronteras. No sólo los principales periódicos españoles ya se han hecho eco de esta tropelía, sino que algunos extranjeros también lo están denunciando, como el alemán Wochenblatt o el inglés The Telegraph, que ha calificado de ultraje el nuevo catálogo.
No puede una obra innecesaria, como el puerto de Granadilla, despertar tanta soberbia entre nuestros gobernantes, sencillamente porque la soberbia no se puede anteponer al interés general. Y este, en Tenerife, no pasa por asumir, con más que evidentes riesgos para nuestro turismo de calidad, obras devastadoras que técnicamente no se sostienen, ni crean economía ni puestos de trabajo, como ese puerto, que golpearía brutalmente y de forma irreversible, al mayor y mejor conservado Ecosistema que poseemos en nuestra Isla, uno de los más importantes de Canarias.
El Lugar de Interés Comunitario “Sebadales del Sur de Tenerife”, hoy declarado, por exigencias de la Comisión Europea, Zona de Especial Conservación, necesita esto, una especial conservación para poder perdurar. Necesita que no se le avasalle, que no se le contamine y que sus aguas marinas sean de óptima calidad, de otra manera no podría vivir. Y pasa, aunque el Gobierno de Canarias no lo quiera admitir, que TODOS los puertos industriales contaminan y producen una significativa pérdida de calidad sobre las aguas colindantes, y aunque ellos hayan dejado a conciencia fuera del LIC la zona de Sebadales que ocuparía el puerto, los mortales efectos de éste se trasladarían de lleno a la integridad de esa ZEC, acabando con ella, dado que se encuentra en el derrotero del tiempo dominante.
Ante esto, la cosa está clarísima. Si Tenerife tuviera necesidad perentoria de un puerto, ni siquiera habría que sopesar los daños que éste acarrearía, porque vivimos en una Isla y nos es imprescindible un puerto. Con seguridad hasta los ciudadanos reclamaríamos su necesidad, pero este no es el caso. Ya poseemos un magnífico Puerto que nunca se ha utilizado por encima del 50% de su capacidad y ahora está en fase de ampliación, con lo que casi triplicaremos sus posibilidades. Tenemos Puerto para décadas.
Por otro lado, no debemos olvidar que entre la magnífica instalación portuaria de Santa Cruz y la alocada pretendida en Granadilla, no hay ni 60 kilómetros de distancia, o sea, insignificante. Esta magnitud es perfectamente contrastable si valoramos, por ejemplo, que en Madrid hay varios Polígonos Industriales potentes y que el puerto más cercano se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y todo funciona. El argumento de que allí hay trenes, ante el proyecto del tren del Sur de Tenerife, también se desmorona. Si los principales tráficos portuarios concebidos, se caen por su propio peso ante los fuertes vientos y corrientes del lugar, el de porta-contenedores por ruinoso y el de gaseros por muy peligroso, ¿qué queda para seguir justificando el puerto de Granadilla?
Algunos deben aparcar de una vez esa soberbia y prepotencia de las que están haciendo gala en este caminar hacia la locura, desechar el puerto de Granadilla y todo lo que le rodea, y centrarse en iniciativas de futuro, que nos ayuden a salir de la crisis y a generar empleos. Seamos más congruentes, ahora toca proteger el Medio Ambiente, conservar nuestra biodiversidad, apostar decididamente por la protección de la vida animal y vegetal y mimar nuestros entornos vírgenes y naturales. Esta es la joya que poseemos, estos son nuestros escasos recursos y no los podemos dilapidar. Todos a una a luchar y lo conseguiremos, la soberbia al cajón y quien pretenda realizar estropicios, en su casa, de puertas adentro, si es que su familia se lo permite.
*Presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz
De espaldas a la ciudadanía
¿Por qué no ha atendido usted los informes que, de forma abrumadora, ha explicitado la comunidad científica, en referencia al contenido de la proposición de Ley del Catálogo de Especies Protegidas?
GUACIMARA MEDINA PÉREZ (*)
Ésta fue la pregunta formulada por el PSC-PSOE al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el Pleno de la Cámara de Parlamento en diciembre de 2009.
Y la respuesta del consejero Domingo Berriel en los medios de comunicación no tiene desperdicio alguno: "sólo los grupos que se oponen a la creación de nuevas infraestructuras están en contra del nuevo catálogo de especies protegidas". Es decir, que el Gobierno de Canarias tiene como prioridad absoluta la construcción de infraestructuras por encima de todo y poco le importan sus consecuencias desde el punto de vista social y medioambiental. Y ¿ustedes se autodenominan nacionalistas? Cuando no escuchan la voz de los canarios, cuando en vez de proteger el principal recurso de estas islas, que es el territorio, lo destruyen en beneficio de unos intereses particulares y en contra del interés general de Canarias.
Mire usted, no nos oponemos a las infraestructuras. Simplemente consideramos que algunas se realizan en beneficios de intereses muy concretos de unos pocos y que afectan gravemente al patrimonio medioambiental de estas islas, como han puesto de relieve los máximos expertos y científicos con datos contundentes. Sin embargo el fundamento de su Gobierno se basa en la mentira y en el engaño, alentando la desinformación y fomentando la confusión social. Sirvan dos ejemplos entre miles:
1.-Hace unos días la diputada del PP, María Australia Navarro, aseguraba que tenía informes de expertos que avalaban el Catálogo de Especies Protegidas. Si eso es así, señora Navarro, ¿por qué no proporciona esos supuestos informes, por qué no expone públicamente sus consideraciones y por qué no es capaz de poner nombres y apellidos de esos expertos? Tengo la impresión que ese oscurantismo es simplemente la excusa de otra mentira más.
2.-CC, a través de su diputado José Miguel González, ha justificado la modificación del actual Catálogo a la aportación realizada por un colectivo científico en 2004. Sin embargo, esas afirmaciones han sido desmentidas por la comunidad científica canaria, que denuncia que el Catálogo está planteado más como un sistema de descatalogación que de protección –y que si fuera aprobado dejaría fuera de protección a 226 especies protegidas desde 2001, a otras 131 se les rebajaría el grado de protección y 94 se protegerían "de forma perversa"– y, además, han resaltado que el Catálogo contempla la posibilidad de que los espacios protegidos puedan dejar de estarlo por motivos de interés general.
El descaro del Gobierno de Canarias es tan desmedido que han surgido voces de quienes han desempeñado cargos públicos con CC, contrarias a la aprobación de la nueva Ley. Así, Faustino García Márquez –ex director general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, nombrado por el propio Paulino Rivero– ha llegado a manifestar que en Canarias "para lograr unos intereses privados se manipula y se expolia nuestro patrimonio de una manera descarada" y que "la consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la de Infraestructuras´´. O también las declaraciones de Fernando Redondo Rodríguez –presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias y ex consejero de Política Territorial de CC– que junto a otros 14 expertos firma un manifiesto donde se critica duramente la intención de CC y PP de aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas que "rebasa los límites de la propia acción parlamentaria".
El PSC-PSOE comparte y coincide con la comunidad científica canaria, las asociaciones ecologistas y los colectivos sociales en que esta ley no nace con la idea de proteger la biodiversidad de las Islas, sino con la finalidad de destruirla. Y que la misma tiene como única finalidad desbloquear, contra las leyes estatales y europeas, la construcción del puerto en Granadilla, que es su principal interés. Por tanto, para el PSC no es suficiente con introducir medidas correctoras en la Proposición de Ley impulsada por CC sobre el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Hay que enmendarla en su totalidad.
Un gobierno que impide que una proposición de ley de iniciativa popular con el aval de más 50.000 firmas sea discutida en el Parlamento; un gobierno sordo ante las demandas sociales de miles de canarias que se han lanzado a la calle reivindicando sus derechos; un gobierno incapaz de establecer diálogos y confrontar ideas; un gobierno que desprecia y castiga a la comunidad científica; un gobierno que defiende un sistema electoral antidemocrático; un gobierno que atenta contra la conservación del medio ambiente; un gobierno que fomenta la especulación y prima los intereses particulares de unos pocos; un gobierno que basa su política en el engaño y la desinformación; un gobierno que no da respuesta a los problemas sociales, económicos y medioambientales; un gobierno que, en definitiva, da la espalda a la ciudadanía no es un gobierno democrático en sus formas. Y ese es el modelo nacionalista de Coalición Canaria. Todo lo demás, cuento.
(*) Diputada del Grupo Socialista en el Parlamentario canario
GUACIMARA MEDINA PÉREZ (*)
Ésta fue la pregunta formulada por el PSC-PSOE al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el Pleno de la Cámara de Parlamento en diciembre de 2009.
Y la respuesta del consejero Domingo Berriel en los medios de comunicación no tiene desperdicio alguno: "sólo los grupos que se oponen a la creación de nuevas infraestructuras están en contra del nuevo catálogo de especies protegidas". Es decir, que el Gobierno de Canarias tiene como prioridad absoluta la construcción de infraestructuras por encima de todo y poco le importan sus consecuencias desde el punto de vista social y medioambiental. Y ¿ustedes se autodenominan nacionalistas? Cuando no escuchan la voz de los canarios, cuando en vez de proteger el principal recurso de estas islas, que es el territorio, lo destruyen en beneficio de unos intereses particulares y en contra del interés general de Canarias.
Mire usted, no nos oponemos a las infraestructuras. Simplemente consideramos que algunas se realizan en beneficios de intereses muy concretos de unos pocos y que afectan gravemente al patrimonio medioambiental de estas islas, como han puesto de relieve los máximos expertos y científicos con datos contundentes. Sin embargo el fundamento de su Gobierno se basa en la mentira y en el engaño, alentando la desinformación y fomentando la confusión social. Sirvan dos ejemplos entre miles:
1.-Hace unos días la diputada del PP, María Australia Navarro, aseguraba que tenía informes de expertos que avalaban el Catálogo de Especies Protegidas. Si eso es así, señora Navarro, ¿por qué no proporciona esos supuestos informes, por qué no expone públicamente sus consideraciones y por qué no es capaz de poner nombres y apellidos de esos expertos? Tengo la impresión que ese oscurantismo es simplemente la excusa de otra mentira más.
2.-CC, a través de su diputado José Miguel González, ha justificado la modificación del actual Catálogo a la aportación realizada por un colectivo científico en 2004. Sin embargo, esas afirmaciones han sido desmentidas por la comunidad científica canaria, que denuncia que el Catálogo está planteado más como un sistema de descatalogación que de protección –y que si fuera aprobado dejaría fuera de protección a 226 especies protegidas desde 2001, a otras 131 se les rebajaría el grado de protección y 94 se protegerían "de forma perversa"– y, además, han resaltado que el Catálogo contempla la posibilidad de que los espacios protegidos puedan dejar de estarlo por motivos de interés general.
El descaro del Gobierno de Canarias es tan desmedido que han surgido voces de quienes han desempeñado cargos públicos con CC, contrarias a la aprobación de la nueva Ley. Así, Faustino García Márquez –ex director general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, nombrado por el propio Paulino Rivero– ha llegado a manifestar que en Canarias "para lograr unos intereses privados se manipula y se expolia nuestro patrimonio de una manera descarada" y que "la consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la de Infraestructuras´´. O también las declaraciones de Fernando Redondo Rodríguez –presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias y ex consejero de Política Territorial de CC– que junto a otros 14 expertos firma un manifiesto donde se critica duramente la intención de CC y PP de aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas que "rebasa los límites de la propia acción parlamentaria".
El PSC-PSOE comparte y coincide con la comunidad científica canaria, las asociaciones ecologistas y los colectivos sociales en que esta ley no nace con la idea de proteger la biodiversidad de las Islas, sino con la finalidad de destruirla. Y que la misma tiene como única finalidad desbloquear, contra las leyes estatales y europeas, la construcción del puerto en Granadilla, que es su principal interés. Por tanto, para el PSC no es suficiente con introducir medidas correctoras en la Proposición de Ley impulsada por CC sobre el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Hay que enmendarla en su totalidad.
Un gobierno que impide que una proposición de ley de iniciativa popular con el aval de más 50.000 firmas sea discutida en el Parlamento; un gobierno sordo ante las demandas sociales de miles de canarias que se han lanzado a la calle reivindicando sus derechos; un gobierno incapaz de establecer diálogos y confrontar ideas; un gobierno que desprecia y castiga a la comunidad científica; un gobierno que defiende un sistema electoral antidemocrático; un gobierno que atenta contra la conservación del medio ambiente; un gobierno que fomenta la especulación y prima los intereses particulares de unos pocos; un gobierno que basa su política en el engaño y la desinformación; un gobierno que no da respuesta a los problemas sociales, económicos y medioambientales; un gobierno que, en definitiva, da la espalda a la ciudadanía no es un gobierno democrático en sus formas. Y ese es el modelo nacionalista de Coalición Canaria. Todo lo demás, cuento.
(*) Diputada del Grupo Socialista en el Parlamentario canario
miércoles, 20 de enero de 2010
El Colegio Oficial de Biólogos se adhiere al Manifiesto de los Científicos canarios
POR UN CATÁLOGO CANARIO DE ESPECIES PROTEGIDAS CON RIGOR CIENTÍFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MANIFIESTAN
1.Consideramos que el actual catálogo, que data del año 2001, necesita una revisión para adaptarse a las categorías de amenaza y especificaciones establecidas por la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y para que la lista de taxones sea confeccionada en función del conocimiento actual, superior al de hace una década.
2.No obstante, consideramos que no es adecuada la vía utilizada para la actualización del referido catálogo, con una propuesta de Ley de un grupo parlamentario. Sin duda, la vía correcta sería la acción directa del Gobierno de Canarias, utilizando el rango jurídico de Decreto u Orden, al igual que ha hecho el Gobierno central y la totalidad del resto de Comunidades Autónomas del Estado, ya que de esta forma no se hace una utilización partidista de la conservación, se usan los servicios técnicos que posee el Gobierno para la realización de la propuesta y se aplican herramientas jurídicas de más fácil actualización que una Ley.
3.Igual de importante es contar con la participación ciudadana a la hora de elaborar un documento de tanta trascendencia para el futuro de Canarias. Esta participación ciudadana, recogida en la normativa básica estatal (Ley 42/2007) y en el Convenio de Aarhus, se ha obviado en lo concerniente a esta propuesta, y en ningún momento el grupo parlamentario de CC ha solicitado mantener sesiones de consulta con la comunidad científica que representamos, para propiciar el pertinente asesoramiento y contrastar con rigor la propuesta de Ley.
Por todo esto,
Solicitamos
la retirada de esta propuesta de catálogo del grupo parlamentario de CC, e instamos al Gobierno de Canarias a que realice su trabajo en relación con un nuevo catálogo canario de especies amenazadas, así como a que cumpla con su obligación de consultar tan importante documento con la comunidad científica y con la ciudadanía en general
Manifiesto de la Comunidad Científica Canaria
Manifiesto del Colegio de Biólogos de Canarias
Integrantes del espacio alternativo de izquierdas en Canarias rechazan la proposición de Ley de CC para la descatalogación del patrimonio natural.
Vía: sisepuedecambiar.blogspot.com
Las organizaciones Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, Los Verdes de Fuerteventura e Iniciativa por El Hierro, reunidos en Gran Canaria, han hecho público un comunicado en el que manifiestan su rechazo por la propuesta de descatalogación y recalificación a la baja de la categoría de protección de muchos taxones, hasta ahora protegidos, y muchos de ellos emblemáticos de nuestro patrimonio natural.
Toman como argumento para hacer esta crítica lo que han puesto de manifiesto las voces más autorizadas de las comunidades científicas de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, amén de otros instituciones de investigación y tildan esta iniciativa legislativa, “como carente de rigor científico y con el único objetivo de allanar el terreno para que los planes desarrollistas que Coalición Canaria y sus socios en el Gobierno, el Partido Popular han planeado para las islas puedan seguir desarrollándose sin que puedan ser puestos en evidencia por las autoridades judiciales, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos tiempos, a raíz de denuncias de colectivos ecologistas, por vulnerar los principios más elementales de las leyes emanadas del propio parlamento”.
Los portavoces de estas organizaciones políticas manifestaron que “nos parece del todo impresentable que los que se autoproclaman como defensores de lo canario quieran descatalogar o rebajar la categoría de protección de una parte muy significativa del patrimonio natural canario, internacionalmente reconocido como único y excepcional, hasta el punto de situar al nuevo Catálogo Canario por debajo del Catálogo Estatal en lo que a la protección de las especies canarias se refiere”, añadiendo que, “por si ello fuera poco atrevido, la proposición de ley incluye además el despropósito de crear una nueva figura de protección, las especies de interés para los ecosistemas canarios, que sólo mantienen su estatus de protección cuando se encuentran en espacios protegidos, es decir, que su protección no será efectiva nunca fuera de los espacios protegidos y por lo tanto no será impedimento alguno para llevar a cabo las infraestructuras o urbanizaciones que consideren necesarias para sus particulares intereses inmobiliarios”.
Las organizaciones Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, Los Verdes de Fuerteventura e Iniciativa por El Hierro, reunidos en Gran Canaria, han hecho público un comunicado en el que manifiestan su rechazo por la propuesta de descatalogación y recalificación a la baja de la categoría de protección de muchos taxones, hasta ahora protegidos, y muchos de ellos emblemáticos de nuestro patrimonio natural.
Toman como argumento para hacer esta crítica lo que han puesto de manifiesto las voces más autorizadas de las comunidades científicas de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, amén de otros instituciones de investigación y tildan esta iniciativa legislativa, “como carente de rigor científico y con el único objetivo de allanar el terreno para que los planes desarrollistas que Coalición Canaria y sus socios en el Gobierno, el Partido Popular han planeado para las islas puedan seguir desarrollándose sin que puedan ser puestos en evidencia por las autoridades judiciales, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos tiempos, a raíz de denuncias de colectivos ecologistas, por vulnerar los principios más elementales de las leyes emanadas del propio parlamento”.
Los portavoces de estas organizaciones políticas manifestaron que “nos parece del todo impresentable que los que se autoproclaman como defensores de lo canario quieran descatalogar o rebajar la categoría de protección de una parte muy significativa del patrimonio natural canario, internacionalmente reconocido como único y excepcional, hasta el punto de situar al nuevo Catálogo Canario por debajo del Catálogo Estatal en lo que a la protección de las especies canarias se refiere”, añadiendo que, “por si ello fuera poco atrevido, la proposición de ley incluye además el despropósito de crear una nueva figura de protección, las especies de interés para los ecosistemas canarios, que sólo mantienen su estatus de protección cuando se encuentran en espacios protegidos, es decir, que su protección no será efectiva nunca fuera de los espacios protegidos y por lo tanto no será impedimento alguno para llevar a cabo las infraestructuras o urbanizaciones que consideren necesarias para sus particulares intereses inmobiliarios”.
Cuidado con los Parques Nacionales
Vía: www.laprovincia.es
ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA
Cuando el Estado y la Comunidad Autónoma llegaron a un acuerdo para traspasar a Canarias los Parques Nacionales, muchos sentimos un escalofrío. Hay que considerar que con razones de peso: basta con mirar alrededor y ver lo que se ha hecho utilizando al urbanismo como caja registradora y tractor al servicio de los intereses creados, o por crear. No se puede confiar en casi nadie. El mismo gobierno nacionalista no repara en el daño tremendo que se le ha hecho, y se le sigue haciendo, a la nacionalidad regional en los más variados órdenes: el paisajístico, el monumental, el ecológico y medioambiental... En todos.
Canarias se ha sumergido en un océano de despropósitos, donde los remedios siempre generan nuevas enfermedades. Ante el machaqueo de las costas, a la chita callando o a las bravas, por especuladores o por vecinos que construyen en una zona de dominio público indiscutible y elemental, la alternativa de CC está siendo la de sucesivas leyes y normas de punto final, para legalizar lo que es ilegal e ilegalizable. Uno de los trucos es la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que, insisto en el ejemplo, viene a ser a la arquitectura lo que la cagarruta de cabra es a la gastronomía. Con el BIC se pretende puentear las leyes de Costas, cuyo cumplimiento es por lo general eficaz gracias a que está en manos de funcionarios que trabajan en el Ministerio, alejados de las presiones del entorno, y con delegados que no están a las órdenes o bajo el temor al chanchullero de turno. Sin que les llegue el compadreo, los efluvios del paraíso chachón, el y qué más da, que tanto está contribuyendo a hacer irreconocibles a las Islas, per saecula saeculorum, su intransigencia -puro cumplimiento de sus obligaciones- no sólo no se agradece, en nombre nuestro y de las venideras generaciones, sino que da lugar a variados intentos de neutralización. Si se pretenden multiplicar los BIC, allá donde haya un puñado de votos, si se utilizan las facultades legislativas otorgadas para complementar la protección de la fauna y la flora contemplada en el catálogo europeo, y lo que se hace es contrarrestar la protección y, en consecuencia, poner en peligro de extinción a especies que se desprotegen... ¿Nos podemos fiar de que el Gobierno regional y los cabildos, no olvidemos la irresponsabilidad de ciertos cabildos, se hagan cargo de los parques nacionales? Si el litoral está teóricamente controlado, y el suelo agrícola, y el paisaje, y los animales y plantas que ha catalogado la UE, y pasa lo que pasa....¿quién garantiza que en alguna circunstancia no se dé una dentellada a unas dunas, al valle de Ucanca, al Nublo, a las cercanías de Timanfaya, alegando interés colectivo y la necesidad de inversiones?
A tenor de los antecedentes, lo juicioso sería alejar el urbanismo, y todo lo que tenga que ver con el territorio, de cualquier tentación que pueda convertirse en pecado. A los ciudadanos lo que les debe importar es que Canarias -y cualquier autonomía- conserve sus señas de identidad, sus paisajes y horizontes, sus montañas, sus monumentos naturales o arquitectónicos, su flora y su fauna, su costa... y lo de menos debiera ser, en especial cuando hay tantos antecedentes familiares de esa patología, que las competencias se transfieran por elevación a Bruselas o al Cuartel General de la OTAN en Mons. A no ser que en la comisión que se cree figure una representación de la Fiscalía y de los Juzgados.
Con las zonas protegidas -cualquiera que sea el grado de la tutela- no se puede jugar. Lo que sí hay que hacer es facilitar la tramitación de los expedientes donde haya que hacerlo, y que cualquier iniciativa no se convierta en un laberinto burocrático del que sólo se consigue salir, no se sabe cómo, al cabo de años de esfuerzos, y cuando ya se han perdido muchas oportunidades. Éste es el quid de la cuestión: que unas veces se ponen demasiados obstáculos, se inventan reglamentos abstrusos y perfectamente innecesarios, para lo que debería ser una gestión eficaz, rápida y transparente, en sintonía con las directivas UE, y otras no se respetan las normas básicas de las reglas del juego, y salen demasiados ases de las bocamangas.
ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA
Cuando el Estado y la Comunidad Autónoma llegaron a un acuerdo para traspasar a Canarias los Parques Nacionales, muchos sentimos un escalofrío. Hay que considerar que con razones de peso: basta con mirar alrededor y ver lo que se ha hecho utilizando al urbanismo como caja registradora y tractor al servicio de los intereses creados, o por crear. No se puede confiar en casi nadie. El mismo gobierno nacionalista no repara en el daño tremendo que se le ha hecho, y se le sigue haciendo, a la nacionalidad regional en los más variados órdenes: el paisajístico, el monumental, el ecológico y medioambiental... En todos.
Canarias se ha sumergido en un océano de despropósitos, donde los remedios siempre generan nuevas enfermedades. Ante el machaqueo de las costas, a la chita callando o a las bravas, por especuladores o por vecinos que construyen en una zona de dominio público indiscutible y elemental, la alternativa de CC está siendo la de sucesivas leyes y normas de punto final, para legalizar lo que es ilegal e ilegalizable. Uno de los trucos es la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que, insisto en el ejemplo, viene a ser a la arquitectura lo que la cagarruta de cabra es a la gastronomía. Con el BIC se pretende puentear las leyes de Costas, cuyo cumplimiento es por lo general eficaz gracias a que está en manos de funcionarios que trabajan en el Ministerio, alejados de las presiones del entorno, y con delegados que no están a las órdenes o bajo el temor al chanchullero de turno. Sin que les llegue el compadreo, los efluvios del paraíso chachón, el y qué más da, que tanto está contribuyendo a hacer irreconocibles a las Islas, per saecula saeculorum, su intransigencia -puro cumplimiento de sus obligaciones- no sólo no se agradece, en nombre nuestro y de las venideras generaciones, sino que da lugar a variados intentos de neutralización. Si se pretenden multiplicar los BIC, allá donde haya un puñado de votos, si se utilizan las facultades legislativas otorgadas para complementar la protección de la fauna y la flora contemplada en el catálogo europeo, y lo que se hace es contrarrestar la protección y, en consecuencia, poner en peligro de extinción a especies que se desprotegen... ¿Nos podemos fiar de que el Gobierno regional y los cabildos, no olvidemos la irresponsabilidad de ciertos cabildos, se hagan cargo de los parques nacionales? Si el litoral está teóricamente controlado, y el suelo agrícola, y el paisaje, y los animales y plantas que ha catalogado la UE, y pasa lo que pasa....¿quién garantiza que en alguna circunstancia no se dé una dentellada a unas dunas, al valle de Ucanca, al Nublo, a las cercanías de Timanfaya, alegando interés colectivo y la necesidad de inversiones?
A tenor de los antecedentes, lo juicioso sería alejar el urbanismo, y todo lo que tenga que ver con el territorio, de cualquier tentación que pueda convertirse en pecado. A los ciudadanos lo que les debe importar es que Canarias -y cualquier autonomía- conserve sus señas de identidad, sus paisajes y horizontes, sus montañas, sus monumentos naturales o arquitectónicos, su flora y su fauna, su costa... y lo de menos debiera ser, en especial cuando hay tantos antecedentes familiares de esa patología, que las competencias se transfieran por elevación a Bruselas o al Cuartel General de la OTAN en Mons. A no ser que en la comisión que se cree figure una representación de la Fiscalía y de los Juzgados.
Con las zonas protegidas -cualquiera que sea el grado de la tutela- no se puede jugar. Lo que sí hay que hacer es facilitar la tramitación de los expedientes donde haya que hacerlo, y que cualquier iniciativa no se convierta en un laberinto burocrático del que sólo se consigue salir, no se sabe cómo, al cabo de años de esfuerzos, y cuando ya se han perdido muchas oportunidades. Éste es el quid de la cuestión: que unas veces se ponen demasiados obstáculos, se inventan reglamentos abstrusos y perfectamente innecesarios, para lo que debería ser una gestión eficaz, rápida y transparente, en sintonía con las directivas UE, y otras no se respetan las normas básicas de las reglas del juego, y salen demasiados ases de las bocamangas.
martes, 19 de enero de 2010
Las protectoras de animales y plantas se oponen al nuevo catálogo de especies
Vía: www.canarias24horas.com
EFE Santa Cruz de Tenerife
La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas mostró hoy su rechazo total y unánime al nuevo tratado de especies protegidas promovido por Coalición Canaria en el Parlamento regional, por suponer un "grave retroceso" en la preservación de la biodiversidad.
A este catálogo se han opuesto también colectivos ecologistas, ciudadanos y de la comunidad científica.
La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas ha comunicado su posición al Parlamento de Canarias, en donde está previsto que se tramite la proposición de ley a partir de febrero.
Las asociaciones protectoras de animales y plantas no entienden que con la preocupante pérdida de biodiversidad y el deterioro medioambiental que sufre Canarias "se adopten medidas que ahondan en los males que deberíamos atajar".
"Queremos dejar patente nuestro total desacuerdo con el grave retroceso que representa esta proposición de ley", señala un comunicado de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, que exige que por el contrario se apliquen todas las medidas necesarias para la preservación de vida animal y vegetal.
En opinión de esta federación, el catálogo de especies protegidas "debe ser impulsado y refrendado por la comunidad científica".
EFE Santa Cruz de Tenerife
La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas mostró hoy su rechazo total y unánime al nuevo tratado de especies protegidas promovido por Coalición Canaria en el Parlamento regional, por suponer un "grave retroceso" en la preservación de la biodiversidad.
A este catálogo se han opuesto también colectivos ecologistas, ciudadanos y de la comunidad científica.
La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas ha comunicado su posición al Parlamento de Canarias, en donde está previsto que se tramite la proposición de ley a partir de febrero.
Las asociaciones protectoras de animales y plantas no entienden que con la preocupante pérdida de biodiversidad y el deterioro medioambiental que sufre Canarias "se adopten medidas que ahondan en los males que deberíamos atajar".
"Queremos dejar patente nuestro total desacuerdo con el grave retroceso que representa esta proposición de ley", señala un comunicado de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, que exige que por el contrario se apliquen todas las medidas necesarias para la preservación de vida animal y vegetal.
En opinión de esta federación, el catálogo de especies protegidas "debe ser impulsado y refrendado por la comunidad científica".
Nosotros, los ciudadanos
Vía: www.eldia.es
EL GONGO
NACHO MARTÍN NEGRÍN*
Tengo bien claro que los políticos llevan la razón cuando aseguran que no hablan el lenguaje de la calle, una afirmación que hace apenas unos días escuchaba por boca del portavoz nacional del PP, Esteban González Pons, en unas declaraciones sensatas. Pero es casi peor cuando los políticos, algunos, buscan abrir debates sobre temas que consideran adecuados para quienes constituimos el gran público. Es en esas ocasiones cuando alumbran las ideas más asombrosas, como la creación en el Parlamento de Canarias de una comisión, primero de investigación, luego de estudio, sobre la desaparición de niños en las Islas. Son esas ideas extrañas que trastean en el populismo ante su incapacidad, y a veces desinterés, para que aquellos que les votan sean capaces de acceder a la información realmente trascedente que ellos gestionan: desde los presupuestos a las construcción de grandes infraestructuras pasando por las decisiones urbanísticas, la eliminación de la moratoria turística o un catálogo de especies que no sólo rebaja los niveles de protección, sino que da a las instituciones una enorme discrecionalidad ante la aparición de categorías nuevas y poco definidas. Son estos asuntos, y no otros, los que en realidad van a incidir en nuestra vida, en nuestro entorno, en aquello que legaremos a nuestros hijos. Y me conformaría con que en nuestra sociedad se abrieran auténticos debates sobre estas cuestiones. Que se defiendan y se rechacen con transparencia, en lugar de hacernos creer que hablar nuestro lenguaje tiene que ver con la creación de comisiones como aquella. Hemos llegado a ver, incluso, a políticos que un día votaban a favor de una iniciativa y poco después se manifestaban en la calle en su contra. Y eso, en realidad, es lo que los aleja. Que ni ellos mismos quieren que los entendamos.
*Jefe de sección de EL DÍA
EL GONGO
NACHO MARTÍN NEGRÍN*
Tengo bien claro que los políticos llevan la razón cuando aseguran que no hablan el lenguaje de la calle, una afirmación que hace apenas unos días escuchaba por boca del portavoz nacional del PP, Esteban González Pons, en unas declaraciones sensatas. Pero es casi peor cuando los políticos, algunos, buscan abrir debates sobre temas que consideran adecuados para quienes constituimos el gran público. Es en esas ocasiones cuando alumbran las ideas más asombrosas, como la creación en el Parlamento de Canarias de una comisión, primero de investigación, luego de estudio, sobre la desaparición de niños en las Islas. Son esas ideas extrañas que trastean en el populismo ante su incapacidad, y a veces desinterés, para que aquellos que les votan sean capaces de acceder a la información realmente trascedente que ellos gestionan: desde los presupuestos a las construcción de grandes infraestructuras pasando por las decisiones urbanísticas, la eliminación de la moratoria turística o un catálogo de especies que no sólo rebaja los niveles de protección, sino que da a las instituciones una enorme discrecionalidad ante la aparición de categorías nuevas y poco definidas. Son estos asuntos, y no otros, los que en realidad van a incidir en nuestra vida, en nuestro entorno, en aquello que legaremos a nuestros hijos. Y me conformaría con que en nuestra sociedad se abrieran auténticos debates sobre estas cuestiones. Que se defiendan y se rechacen con transparencia, en lugar de hacernos creer que hablar nuestro lenguaje tiene que ver con la creación de comisiones como aquella. Hemos llegado a ver, incluso, a políticos que un día votaban a favor de una iniciativa y poco después se manifestaban en la calle en su contra. Y eso, en realidad, es lo que los aleja. Que ni ellos mismos quieren que los entendamos.
*Jefe de sección de EL DÍA
¿Los huevos de quién?
Vía: www.laopinion.es
AURELIO CRUZ RAMOS
En una entrevista realizada en el programa El Espejo Canario de 7.7 Radio, el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Jorge Bonnet, manifestó que "para hacer una tortilla antes hay que partir huevos", en referencia a la actuación que se debería ejercer en el futurible Puerto de Granadilla y, en especial, en cuanto a la desaparición de las praderas marinas que conforman las fanerógamas (más conocidas como sebadales) que han forzado a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) paralicen las obras de dicha infraestructura portuaria. Es curioso el planteamiento que realiza este biólogo, de amplia trayectoria profesional dentro del Cabildo de Tenerife, ya que si fuera por esta máxima no haría falta ningún tipo de protección especial del ecosistema porque siempre se puede presentar la posibilidad de cocinar una tortilla, en un momento determinado, y no siempre para saciar el hambre sino como mero deleite o antojo particular.
Este pronunciamiento del director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, coincide con el intento del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) de tramitar por vía de urgencias la proposición de ley del nuevo catalogo autonómico de especies amenazadas, según el cual se rebajará la protección al 50% de las especies en peligro del Archipiélago: elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94. El Ejecutivo canario trató de habilitar el mes de enero –periodo inhábil en el Parlamento– para adelantar el pleno de aprobación de la norma, pero no logró la mayoría suficiente para ello. Al mismo tiempo, desde el 1 de enero, una orden del Ministerio de Medio Ambiente otorga a los sebadales la categoría de Zona Especial de Conservación, junto a otros 26 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en las costas canarias. La orden es consecuencia de la Ley 42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez desarrolla una normativa comunitaria.
La mayor tragedia que han sufrido estas islas en las últimas décadas, sin lugar a dudas, ha sido el destrozo medioambiental provocado por el ambicioso y desenfrenado desarrollo urbanístico; a pesar de contar con un amplio glosario de normativas y leyes que pretenden preservar la integridad paisajística. Ahora bien, gracias a esta afirmación del máximo responsable del desarrollo sostenible canario, sabemos que las cosas se han realizado por una cuestión de huevos; es decir, si hay una catalogación que imposibilita que se construya en dicho lugar y la tortilla que se pretende conseguir es lo suficientemente golosa, pues nada, a partir huevos y la catalogación se descataloga. Evidentemente, todo por el bien de los ciudadanos, aunque hayan sido ellos los que han puestos los huevos; como siempre.
AURELIO CRUZ RAMOS
En una entrevista realizada en el programa El Espejo Canario de 7.7 Radio, el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Jorge Bonnet, manifestó que "para hacer una tortilla antes hay que partir huevos", en referencia a la actuación que se debería ejercer en el futurible Puerto de Granadilla y, en especial, en cuanto a la desaparición de las praderas marinas que conforman las fanerógamas (más conocidas como sebadales) que han forzado a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) paralicen las obras de dicha infraestructura portuaria. Es curioso el planteamiento que realiza este biólogo, de amplia trayectoria profesional dentro del Cabildo de Tenerife, ya que si fuera por esta máxima no haría falta ningún tipo de protección especial del ecosistema porque siempre se puede presentar la posibilidad de cocinar una tortilla, en un momento determinado, y no siempre para saciar el hambre sino como mero deleite o antojo particular.
Este pronunciamiento del director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, coincide con el intento del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) de tramitar por vía de urgencias la proposición de ley del nuevo catalogo autonómico de especies amenazadas, según el cual se rebajará la protección al 50% de las especies en peligro del Archipiélago: elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94. El Ejecutivo canario trató de habilitar el mes de enero –periodo inhábil en el Parlamento– para adelantar el pleno de aprobación de la norma, pero no logró la mayoría suficiente para ello. Al mismo tiempo, desde el 1 de enero, una orden del Ministerio de Medio Ambiente otorga a los sebadales la categoría de Zona Especial de Conservación, junto a otros 26 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en las costas canarias. La orden es consecuencia de la Ley 42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez desarrolla una normativa comunitaria.
La mayor tragedia que han sufrido estas islas en las últimas décadas, sin lugar a dudas, ha sido el destrozo medioambiental provocado por el ambicioso y desenfrenado desarrollo urbanístico; a pesar de contar con un amplio glosario de normativas y leyes que pretenden preservar la integridad paisajística. Ahora bien, gracias a esta afirmación del máximo responsable del desarrollo sostenible canario, sabemos que las cosas se han realizado por una cuestión de huevos; es decir, si hay una catalogación que imposibilita que se construya en dicho lugar y la tortilla que se pretende conseguir es lo suficientemente golosa, pues nada, a partir huevos y la catalogación se descataloga. Evidentemente, todo por el bien de los ciudadanos, aunque hayan sido ellos los que han puestos los huevos; como siempre.
domingo, 17 de enero de 2010
Debate sobre el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias
Desde AVAFES Canarias queremos informar sobre un importante evento que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de enero a las 20:00 en el Club Prensa Canaria, calle León y Castillo 39 bajo, de Las Palmas de Gran Canaria donde se llevará a debate el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias.
El director del jardían botánico Viera y Clavijo, David Bramwell; el catedrático de Derecho Urbanístico y ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Carmelo Padrón y el biólogo veterinario Pascual Calabuig Miranda expresan sus opiniones sobre la proposición de ley que Coalición Canaria ha llevado al Parlamento con el fin de reducir el número de especies protegidas en la legislación actualmente vigente por medio de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas. Presenta y modera el acto Eugenio Reyes, representante de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que es quien organiza el acto.
El director del jardían botánico Viera y Clavijo, David Bramwell; el catedrático de Derecho Urbanístico y ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Carmelo Padrón y el biólogo veterinario Pascual Calabuig Miranda expresan sus opiniones sobre la proposición de ley que Coalición Canaria ha llevado al Parlamento con el fin de reducir el número de especies protegidas en la legislación actualmente vigente por medio de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas. Presenta y modera el acto Eugenio Reyes, representante de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que es quien organiza el acto.
El riesgo de descatalogar la democracia
Vía: www.diariodeavisos.com
Alfonso González Jerez
A la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico la realidad le trae a menudo muy sin cuidado. Han llegado a un grado de tibetanización casi perfecto, y de hecho, con unos treinta o cuarenta kilos más, Antonio Castro podría pasar por un Dalai Lama reencarnado en palmero, aunque en su mismo partido algunos dudan de su progenie divina. La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico actúa como un programador de televisión en un espacio donde sólo emitiera una cadena de televisión. Desde años se está cociendo, en la Cámara regional, una creencia poco menos que taumatúrgica según la cual la soberanía popular no reside en el pueblo, sino en los glúteos de sus señorías apoltronadas; las protestas y demandas de la sociedad civil no deben ser atendidas jamás, por el simple hecho de que la sociedad civil no tiene acta de diputada; las denuncias y críticas de organismos, entidades o asociaciones científicas, académicas o ecologistas son ejercicios que graciosamente tolera el sistema democrático, siempre y cuando no intenten materializarse políticamente. El Parlamento, cualquier parlamento, quebranta así su propia naturaleza política y deliberativa, erosiona su legitimidad cívica, se enclaustra en un titiritero concepto de soberanía que cabe cómodamente en una mayoría aritmética. La democracia no es únicamente una cuestión procedimental, una metodología reglamentaria para la convivencia, si pretende hablarse, realmente, de una democracia representativa. Nuestros parlamentos se está convirtiendo en una institución política abstracta, carente de relaciones de representación de intereses con los electores, vacío de poderes decisionales y cada vez más limitado en sus funciones de control, deslizándose a toda velocidad de órgano de decisión legislativa, debate y fiscalización a instrumento de ratificación y propaganda de la acción del Gobierno. El grupo parlamentario como privilegiada infantería gubernamental.
Por ejemplo, el grupo parlamentario de Coalición Canaria, dispuesto a que el Gobierno no se ensucie las manos en el desarrollo de un nuevo Catálogo de Especies Protegidas, de manera que para evitar que el Ejecutivo se quede solito en la aprobación de una orden o un decreto, introducen el malhadado catálogo en una ley: el peor instrumento, desde un punto de vista técnico-administrativo, para establecer un listado de especies amenazadas que, de repente, ya no lo son tanto. Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, ATAN y Ben Magec-Ecologistas en Acción han rechazado tajantemente el nuevo Catálogo de Especies Protegidas, que retira la protección, a través de varios estándares, a 341 de las especies reconocidas en el vigente Decreto Legislativo 151/2001. A las críticas se han unido dos antiguos consejeros de Política Territorial y Medio Ambiente (el economista Antonio González Viéitez y Fernando Redondo, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias); el ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diversas entidades canarias y españolas. Según las organizaciones ecologistas, "muchas de las especies a las que se pretende rebajar su categoría de protección han visto empeorar su estado de conservación y sus hábitats en los últimos años", y citan como ejemplos el gorrión chillón, la abubilla, el guincho, el drago o la seba, "cuyo hábitat corre tal peligro que la urgencia de su protección motivó la movilización de los más prestigiosos científicos canarios, cristalizada en la solicitud de reconocimiento como ’hábitat de interés prioritario’", dirigida al Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas aseguran que la falta de rigor científico en avalar este feroz tijeretazo resulta particularmente escandalosa. La propuesta de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias "carece de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Ejecutivo regional, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad y solvencia para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios". Escuchando a la portavoz parlamentaria del PP, la señora María Australia Navarro, habrá que darles la razón. El PP ha anunciado que apoyará la proposición de ley de los coalicioneros, y al ser preguntada por los criterios científicos, Navarro explicó que los su partido había consultado, por supuesto, a expertos en la materia, y que no había ningún problema. Semejante mentecatez, sin embargo, adquiere unas proporciones modestas si se la compara con la defensa emprendida por el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ha sido incapaz de explicitar los nombres de científicos y empresas que avalan, con sus informes técnicos, la decisión del Gobierno autonómico, aunque haya reconocido que han costado "muchísimo dinero", sin especificar tampoco la supuesta morterada pagada con nuestros impuestos.
En su asombrosa andanada, el señor Berriel ha justificado la ausencia de cualquier consulta con los investigadores universitarios o las asociaciones ecologistas argumentando que la ley no es una iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, "por lo que no tenemos que consultar con nadie porque ni los universitarios ni los ecologistas pueden cambiar la voluntad del Parlamento". ¿Los gobiernos están obligados a atender a la sociedad civil y establecer en su caso relaciones y protocolos de colaboración, pero los grupos parlamentarios no? ¿Dónde ha cultivado su exquisita educación democrática Domingo Berriel? ¿Y por qué habla en primera persona del plural, si ni siquiera es diputado? Berriel se limita a escudarse, bastante groseramente, en un artificioso conflicto de legitimidades. Porque no se trata de cambiar la voluntad del Parlamento -que por el momento, se limita a la tramitación inicial de la ley, aunque el consejero parece darla ya por votada y sancionada-, sino de que el Parlamento tome en cuenta, cumplimiendo con su función en la división de poderes, la voluntad de los electores, que no se agota en el acto mismo de elegirlo. No se trata de la pueril algarabía de grupúsculos chillones y desaprensivos, sino de una oposición crítica y argumentada de instituciones públicas, asociaciones locales y nacionales, personalidades científicas y universitarias, altos cargos y ex altos cargos, biólogos, economistas, juristas, ingenieros, funcionarios. Es simplemente insultante, en una sociedad democrática, incluso entre gente adulta, este tipo de desplantes y piruetas verbales, que asimismo han abonado los diputados González y Barragán, alegando que el grupo parlamentario de CC está encantado de hablar con estas señoras y señores, pero sin interrumpir ni por un minuto la tramitación de la ley. Estamos dispuestos a oírlos, por supuesto, pero no esperen ustedes que les escuchemos. Ni todo el monte es orégano ni toda la plataforma marina sebadales.
No se trata de incurrir en el catastrofismo, ni en el catastrofismo alarmista de un Gobierno supuestamente ecocida ni en el catastrofismo despectivo hacia una oposición social evangélicamente conservacionista, sino de explicar y explicarse, de actuar como una fuerza política de gobierno responsable después de un cuarto de siglo de trayectoria autonómica, de no considerar a la sociedad civil como un ceñudo enemigo en cuanto algunos de sus agentes o sectores toma partido político, con plena legitimidad, por lo que se consideran y argumentan como razones de interés general. ¿Cómo y, sobre todo, por qué una misma fuerza política guillotina un catálogo que apenas ha estado vigente durante ocho años? ¿Con qué asesoramiento científico ha contado la Consejería de Medio Ambiente, internos y externos? ¿Es cierto que el nuevo catálogo incumple la normativa española al reducir la protección de especies marinas incluidas en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y en algunos convenios internacionales, como el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre? Y una pregunta más cercana, ¿la nueva ley facilitará la construcción del puerto industrial de Granadilla, esquivando normativamente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? No vale gruñir que el vigente catálogo no fue consultado con nadie, en un gesto de asombrosa torpeza, porque critica y desprecia, precisamente, lo mismo que se ha hecho ahora. No puede valer, ni siquiera, simular el ligero pero muy perceptible varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, cuyos reparos, desde la mera formalidad normativa, al proyecto de ley no son precisamente menores: el nuevo catálogo no contiene previsión alguna respecto al régimen sancionador de referencia, presenta sombras o vaguedades en las excepcionalidades por razón de interés público, la fórmula seguida no es la óptima para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la participación pública y peca de "escasa concordancia" con el catálogo establecido en el ámbito español. No son precisamente minucias.
Quizás no sea una cuestión de vida o muerte para los próximos años. Pero este nuevo episodio de disonancia cognitiva protagonizado por Coalición y Partido Popular se suma a una ya larga lista de desaguisados de banalizan, abaratan y debilitan el papel consensual del Parlamento, contribuyendo así a la desafección creciente hacia el sistema democrático. A la progresiva, grave e indiferente descatalogación del sistema político canario como especie de modelo convivencial y participación política cada vez más amenazada donde más firmemente parecía asentada: la democracia.
Alfonso González Jerez
A la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico la realidad le trae a menudo muy sin cuidado. Han llegado a un grado de tibetanización casi perfecto, y de hecho, con unos treinta o cuarenta kilos más, Antonio Castro podría pasar por un Dalai Lama reencarnado en palmero, aunque en su mismo partido algunos dudan de su progenie divina. La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico actúa como un programador de televisión en un espacio donde sólo emitiera una cadena de televisión. Desde años se está cociendo, en la Cámara regional, una creencia poco menos que taumatúrgica según la cual la soberanía popular no reside en el pueblo, sino en los glúteos de sus señorías apoltronadas; las protestas y demandas de la sociedad civil no deben ser atendidas jamás, por el simple hecho de que la sociedad civil no tiene acta de diputada; las denuncias y críticas de organismos, entidades o asociaciones científicas, académicas o ecologistas son ejercicios que graciosamente tolera el sistema democrático, siempre y cuando no intenten materializarse políticamente. El Parlamento, cualquier parlamento, quebranta así su propia naturaleza política y deliberativa, erosiona su legitimidad cívica, se enclaustra en un titiritero concepto de soberanía que cabe cómodamente en una mayoría aritmética. La democracia no es únicamente una cuestión procedimental, una metodología reglamentaria para la convivencia, si pretende hablarse, realmente, de una democracia representativa. Nuestros parlamentos se está convirtiendo en una institución política abstracta, carente de relaciones de representación de intereses con los electores, vacío de poderes decisionales y cada vez más limitado en sus funciones de control, deslizándose a toda velocidad de órgano de decisión legislativa, debate y fiscalización a instrumento de ratificación y propaganda de la acción del Gobierno. El grupo parlamentario como privilegiada infantería gubernamental.
Por ejemplo, el grupo parlamentario de Coalición Canaria, dispuesto a que el Gobierno no se ensucie las manos en el desarrollo de un nuevo Catálogo de Especies Protegidas, de manera que para evitar que el Ejecutivo se quede solito en la aprobación de una orden o un decreto, introducen el malhadado catálogo en una ley: el peor instrumento, desde un punto de vista técnico-administrativo, para establecer un listado de especies amenazadas que, de repente, ya no lo son tanto. Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, ATAN y Ben Magec-Ecologistas en Acción han rechazado tajantemente el nuevo Catálogo de Especies Protegidas, que retira la protección, a través de varios estándares, a 341 de las especies reconocidas en el vigente Decreto Legislativo 151/2001. A las críticas se han unido dos antiguos consejeros de Política Territorial y Medio Ambiente (el economista Antonio González Viéitez y Fernando Redondo, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias); el ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diversas entidades canarias y españolas. Según las organizaciones ecologistas, "muchas de las especies a las que se pretende rebajar su categoría de protección han visto empeorar su estado de conservación y sus hábitats en los últimos años", y citan como ejemplos el gorrión chillón, la abubilla, el guincho, el drago o la seba, "cuyo hábitat corre tal peligro que la urgencia de su protección motivó la movilización de los más prestigiosos científicos canarios, cristalizada en la solicitud de reconocimiento como ’hábitat de interés prioritario’", dirigida al Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas aseguran que la falta de rigor científico en avalar este feroz tijeretazo resulta particularmente escandalosa. La propuesta de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias "carece de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Ejecutivo regional, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad y solvencia para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios". Escuchando a la portavoz parlamentaria del PP, la señora María Australia Navarro, habrá que darles la razón. El PP ha anunciado que apoyará la proposición de ley de los coalicioneros, y al ser preguntada por los criterios científicos, Navarro explicó que los su partido había consultado, por supuesto, a expertos en la materia, y que no había ningún problema. Semejante mentecatez, sin embargo, adquiere unas proporciones modestas si se la compara con la defensa emprendida por el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ha sido incapaz de explicitar los nombres de científicos y empresas que avalan, con sus informes técnicos, la decisión del Gobierno autonómico, aunque haya reconocido que han costado "muchísimo dinero", sin especificar tampoco la supuesta morterada pagada con nuestros impuestos.
En su asombrosa andanada, el señor Berriel ha justificado la ausencia de cualquier consulta con los investigadores universitarios o las asociaciones ecologistas argumentando que la ley no es una iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, "por lo que no tenemos que consultar con nadie porque ni los universitarios ni los ecologistas pueden cambiar la voluntad del Parlamento". ¿Los gobiernos están obligados a atender a la sociedad civil y establecer en su caso relaciones y protocolos de colaboración, pero los grupos parlamentarios no? ¿Dónde ha cultivado su exquisita educación democrática Domingo Berriel? ¿Y por qué habla en primera persona del plural, si ni siquiera es diputado? Berriel se limita a escudarse, bastante groseramente, en un artificioso conflicto de legitimidades. Porque no se trata de cambiar la voluntad del Parlamento -que por el momento, se limita a la tramitación inicial de la ley, aunque el consejero parece darla ya por votada y sancionada-, sino de que el Parlamento tome en cuenta, cumplimiendo con su función en la división de poderes, la voluntad de los electores, que no se agota en el acto mismo de elegirlo. No se trata de la pueril algarabía de grupúsculos chillones y desaprensivos, sino de una oposición crítica y argumentada de instituciones públicas, asociaciones locales y nacionales, personalidades científicas y universitarias, altos cargos y ex altos cargos, biólogos, economistas, juristas, ingenieros, funcionarios. Es simplemente insultante, en una sociedad democrática, incluso entre gente adulta, este tipo de desplantes y piruetas verbales, que asimismo han abonado los diputados González y Barragán, alegando que el grupo parlamentario de CC está encantado de hablar con estas señoras y señores, pero sin interrumpir ni por un minuto la tramitación de la ley. Estamos dispuestos a oírlos, por supuesto, pero no esperen ustedes que les escuchemos. Ni todo el monte es orégano ni toda la plataforma marina sebadales.
No se trata de incurrir en el catastrofismo, ni en el catastrofismo alarmista de un Gobierno supuestamente ecocida ni en el catastrofismo despectivo hacia una oposición social evangélicamente conservacionista, sino de explicar y explicarse, de actuar como una fuerza política de gobierno responsable después de un cuarto de siglo de trayectoria autonómica, de no considerar a la sociedad civil como un ceñudo enemigo en cuanto algunos de sus agentes o sectores toma partido político, con plena legitimidad, por lo que se consideran y argumentan como razones de interés general. ¿Cómo y, sobre todo, por qué una misma fuerza política guillotina un catálogo que apenas ha estado vigente durante ocho años? ¿Con qué asesoramiento científico ha contado la Consejería de Medio Ambiente, internos y externos? ¿Es cierto que el nuevo catálogo incumple la normativa española al reducir la protección de especies marinas incluidas en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y en algunos convenios internacionales, como el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre? Y una pregunta más cercana, ¿la nueva ley facilitará la construcción del puerto industrial de Granadilla, esquivando normativamente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? No vale gruñir que el vigente catálogo no fue consultado con nadie, en un gesto de asombrosa torpeza, porque critica y desprecia, precisamente, lo mismo que se ha hecho ahora. No puede valer, ni siquiera, simular el ligero pero muy perceptible varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, cuyos reparos, desde la mera formalidad normativa, al proyecto de ley no son precisamente menores: el nuevo catálogo no contiene previsión alguna respecto al régimen sancionador de referencia, presenta sombras o vaguedades en las excepcionalidades por razón de interés público, la fórmula seguida no es la óptima para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la participación pública y peca de "escasa concordancia" con el catálogo establecido en el ámbito español. No son precisamente minucias.
Quizás no sea una cuestión de vida o muerte para los próximos años. Pero este nuevo episodio de disonancia cognitiva protagonizado por Coalición y Partido Popular se suma a una ya larga lista de desaguisados de banalizan, abaratan y debilitan el papel consensual del Parlamento, contribuyendo así a la desafección creciente hacia el sistema democrático. A la progresiva, grave e indiferente descatalogación del sistema político canario como especie de modelo convivencial y participación política cada vez más amenazada donde más firmemente parecía asentada: la democracia.
Nos vuelven a enlazar
Nos enlazan desde estos tres sitios, el blog de Mirando Plantas, Julube Consultoría Ambiental y El Malpais Las Islas. Se agradece profundamente la difusión.
viernes, 15 de enero de 2010
''La consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la de Infraestructuras''
Vía: www.canariasahora.com
MÁRQUEZ ARREMETE CONTRA LA CONSEJERÍA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. -THALÍA RODRÍGUEZ
Faustino García Márquez asegura que en Canarias "se manipula para lograr unos intereses privados".
Faustino García Márquez, ex director general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, y uno de los 15 firmantes de un manifiesto que se opone tajantemente a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas, propuesta por CC, afirmó este viernes en El Correíllo que en Canarias “para lograr unos intereses privados se manipula y se expolia nuestro patrimonio de una manera descarada”.
El ex director de la Agencia Canaria Contra el Cambio Climático aseguró que “la Consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la Consejería de Infraestructuras” ya que normalmente este tipo de iniciativas son defendidas por las empresas y no por las consejerías. “Lo curioso de esto es que es la consejería es la que está en primer plano y no las empresas cementeras” afirmó Márquez.
Con respecto a las declaraciones realizadas por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, lamentando "la pasividad total" de los ayuntamientos de Las Palmas para perseguir los delitos urbanísticos, Márquez aseguró que el fiscal tiene razón, “a los Ayuntamientos no les interesa denunciar porque esa es su fuente de financiación y su fuente de poder” y añadió que “cuando salen a la luz este tipo de delitos todos nos echamos las manos a la cabeza, pero luego no hay reacción política”.
El ex director afirmó que con el manifiesto, titulado “Llamamiento ciudadano en defensa de las especies amenazadas”, lo que pretenden es “llamar la atención a los ciudadanos porque si seguimos así Canarias se convertirá en un lugar muy poco habitable”.
En el manifiesto, firmado por 15 expertos en medio ambiente, se critica que la proposición de ley “elimina o rebaja la protección a la mitad de las especies catalogadas en 2001” y recuerda que “se está hablando de especies, no de política”.
MÁRQUEZ ARREMETE CONTRA LA CONSEJERÍA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. -THALÍA RODRÍGUEZ
Faustino García Márquez asegura que en Canarias "se manipula para lograr unos intereses privados".
Faustino García Márquez, ex director general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, y uno de los 15 firmantes de un manifiesto que se opone tajantemente a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas, propuesta por CC, afirmó este viernes en El Correíllo que en Canarias “para lograr unos intereses privados se manipula y se expolia nuestro patrimonio de una manera descarada”.
El ex director de la Agencia Canaria Contra el Cambio Climático aseguró que “la Consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la Consejería de Infraestructuras” ya que normalmente este tipo de iniciativas son defendidas por las empresas y no por las consejerías. “Lo curioso de esto es que es la consejería es la que está en primer plano y no las empresas cementeras” afirmó Márquez.
Con respecto a las declaraciones realizadas por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, lamentando "la pasividad total" de los ayuntamientos de Las Palmas para perseguir los delitos urbanísticos, Márquez aseguró que el fiscal tiene razón, “a los Ayuntamientos no les interesa denunciar porque esa es su fuente de financiación y su fuente de poder” y añadió que “cuando salen a la luz este tipo de delitos todos nos echamos las manos a la cabeza, pero luego no hay reacción política”.
El ex director afirmó que con el manifiesto, titulado “Llamamiento ciudadano en defensa de las especies amenazadas”, lo que pretenden es “llamar la atención a los ciudadanos porque si seguimos así Canarias se convertirá en un lugar muy poco habitable”.
En el manifiesto, firmado por 15 expertos en medio ambiente, se critica que la proposición de ley “elimina o rebaja la protección a la mitad de las especies catalogadas en 2001” y recuerda que “se está hablando de especies, no de política”.
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