Vía: www.willymeyer.es
06-07-2010
Esta tarde ha tenido lugar en el pleno del Parlamento Europeo el debate sobre el Informe anual sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2009, elaborado por Carlos Iturgaiz. Willy Meyer ha señalado la importancia de las peticiones "como instrumento efectivo al servicio de la ciudadanía".
El eurodiputado de Izquierda Unida ha valorado este informe que recoge de forma clara la actividad de la Comisión de Peticiones durante el 2009 y agrupa las principales cuestiones objeto de las peticiones presentadas: problemas medioambientales, derechos fundamentales, justicia y mercado interior. Se trata de una herramienta cuantitativa de análisis de su actividad que reclama una simplificación de los procedimientos de presentación de una petición y señala la mejora que supone la posibilidad de presentar las peticiones vía Internet. Según Meyer, "nos encontramos ante un informe detallado que recoge el intenso trabajo de la Comisión en el año 2009 y que demuestra que las peticiones deben convertirse en un instrumento cada vez más efectivo al servicio de los ciudadanos".
"Las peticiones son una herramienta útil para resolver los problemas de los ciudadanos, sin embargo, existen algunos aspectos por corregir. Hay que simplificar el procedimiento de las peticiones, la respuesta de la Comisión Europea en los temas en los que la UE tiene competencias propias, como en la gestión de los ecosistemas. Cuando llegan las cartas de apercibimiento a los Estados miembros, muchas veces el daño medioambiental ya es irreversible", ha señalado Meyer. "Por ello, resulta importante crear mecanismos mucho más rápidos que aceleren los procedimientos"
En el caso de España, Willy Meyer ha señalado los casos que han tenido más repercusión: "los problemas de la proliferación del urbanismo incontrolado, como se recoge en el Informe Auken, el Puerto de Granadilla o la aprobación de la reciente visita a Huelva".
El Informe Auken, aprobado por el pleno del Parlamento Europeo en marzo de 2009, recoge una parte de los daños colaterales del modelo de desarrollo aplicado en España, tanto por el PP como por el PSOE. Todas las administraciones son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, además de sociales y económicas.
El Puerto de Granadilla (Tenerife) ejemplifica la "legislación a la carta" denunciada en el Informe Auken. El año pasado los tribunales ordenaron la paralización de las obras de esta macroinfraestructura necesaria. Anularon una decisión del Gobierno de Canarias que eliminaba los sebadales de la lista de especies protegidas, obstáculo para la construcción del puerto de Granadilla. Sin embargo, el pasado mes de mayo se aprobó mediante un procedimiento peculiar un nuevo Catálogo de Especies Protegidas que desprotege los sebadales, junto con otras 88 especies. Sin embargo, para Meyer "la UE, sensibilizada por los desmanes urbanísticos y el modelo de desarrollo insostenible que ha proliferado en España, como se plasma en el trabajo de la Comisión de Peticiones, no puede dar luz verde a la construcción del Puerto de Granadilla".
En el caso de Huelva, la Comisión de Peticiones aprobó el envío de una delegación de eurodiputados a la zona para analizar la contaminación. En la Ría de Huelva se encuentran depositadas 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos peligrosos, como reconoce la Comisión Europea, y no subproductos industriales, como afirma la empresa, además de 7.000 toneladas de cenizas radioactivas a sólo unos cientos de metros del casco urbano. El trabajo de la delegación concluyó con la elaboración de un informe que recoge las demandas de los peticionarios y pide a Fertiberia la descontaminación de la Ría de Huelva según el principio de ?quien contamina paga? y que propone realizar un estudio epidemiológico que determine la causalidad por los altos índices de cáncer y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Este informe previsiblemente será aprobado la próxima semana.
"Las peticiones son una herramienta útil para resolver los problemas de los ciudadanos, sin embargo, existen algunos aspectos por corregir. Hay que simplificar el procedimiento de las peticiones, la respuesta de la Comisión Europea en los temas en los que la UE tiene competencias propias, como en la gestión de los ecosistemas. Cuando llegan las cartas de apercibimiento a los Estados miembros, muchas veces el daño medioambiental ya es irreversible", ha señalado Meyer. "Por ello, resulta importante crear mecanismos mucho más rápidos que aceleren los procedimientos"
En el caso de España, Willy Meyer ha señalado los casos que han tenido más repercusión: "los problemas de la proliferación del urbanismo incontrolado, como se recoge en el Informe Auken, el Puerto de Granadilla o la aprobación de la reciente visita a Huelva".
El Informe Auken, aprobado por el pleno del Parlamento Europeo en marzo de 2009, recoge una parte de los daños colaterales del modelo de desarrollo aplicado en España, tanto por el PP como por el PSOE. Todas las administraciones son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, además de sociales y económicas.
El Puerto de Granadilla (Tenerife) ejemplifica la "legislación a la carta" denunciada en el Informe Auken. El año pasado los tribunales ordenaron la paralización de las obras de esta macroinfraestructura necesaria. Anularon una decisión del Gobierno de Canarias que eliminaba los sebadales de la lista de especies protegidas, obstáculo para la construcción del puerto de Granadilla. Sin embargo, el pasado mes de mayo se aprobó mediante un procedimiento peculiar un nuevo Catálogo de Especies Protegidas que desprotege los sebadales, junto con otras 88 especies. Sin embargo, para Meyer "la UE, sensibilizada por los desmanes urbanísticos y el modelo de desarrollo insostenible que ha proliferado en España, como se plasma en el trabajo de la Comisión de Peticiones, no puede dar luz verde a la construcción del Puerto de Granadilla".
En el caso de Huelva, la Comisión de Peticiones aprobó el envío de una delegación de eurodiputados a la zona para analizar la contaminación. En la Ría de Huelva se encuentran depositadas 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos peligrosos, como reconoce la Comisión Europea, y no subproductos industriales, como afirma la empresa, además de 7.000 toneladas de cenizas radioactivas a sólo unos cientos de metros del casco urbano. El trabajo de la delegación concluyó con la elaboración de un informe que recoge las demandas de los peticionarios y pide a Fertiberia la descontaminación de la Ría de Huelva según el principio de ?quien contamina paga? y que propone realizar un estudio epidemiológico que determine la causalidad por los altos índices de cáncer y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Este informe previsiblemente será aprobado la próxima semana.
