domingo, 2 de mayo de 2010

CC y PP ''pretenden'' impedir que se pueda recurrir el catálogo

El PSC-PSOE exige un procedimiento legislativo especial para la tramitación de iniciativas que incidan en el medio ambiente.

El diputado Socialista Santiago Pérez ha solicitado este lunes que se establezca un procedimiento legislativo especial a través de la reforma del Reglamento de la Cámara para la tramitación de todas aquellas iniciativas con incidencia en el medio ambiente, en los recursos naturales y en la ordenación del territorio.

En un comunicado se asegura que en ese procedimiento legislativo, deberá haber un periodo de participación de los ciudadanos, que se tramitará en una fase temprana cuando todas las opciones estén abiertas y poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para que puedan estudiar el alcance del proyecto o proposición de ley.

Para Santiago Pérez, "CC y PP, con la proposición de Ley del Catálogo de Especies van en la dirección opuesta a la que marcan los convenios internacionales y las normas europeas, los cuales reconocen el derecho de los ciudadanos a la participación en la elaboración de todas las normas, incluso las de rango legal, que inciden en el medio ambiente".

Aseguró que dichas normas internacionales y europeas garantizan a los ciudadanos, además, el acceso a los tribunales de justicia para defender la legalidad medioambiental.

El diputado resalta que esta PNL es "la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a la maniobra de CC y PP de tratar de modificar el Catálogo Canario de Especies Protegidas por medio de una ley -en la actualidad, regulado por un Decreto-, con el fin de evitar que los ciudadanos participen, de ahí las protestas de la comunidad científica y de las organizaciones no gubernamentales".

Santiago Pérez indicó que CC y PP "pretenden impedir que se pueda recurrir el nuevo catálogo, porque al regularlo por ley, sólo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional y sólo pueden interponer recurso el Gobierno de España, 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, el Gobierno de Canarias o el propio Parlamento.