El portavoz municipal denuncia que Salvador Delgado no incluyó una propuesta socialista contra la tramitación del nuevo catálogo de especies amenazadas de Canarias.
El PSC-PSOE en el Ayuntamiento de Tuineje denuncia que el alcalde del municipio, Salvador Delgado, incumplió la legalidad vigente al no incluir en una sesión plenaria de la Corporación una moción socialista, presentada en tiempo y forma, contraria a la tramitación del nuevo catálogo de especies amenazadas de Canarias.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Sosa Sánchez, explica que, con registro de entrada número 1138, del 9 de febrero de 2010, su grupo presentó en el Consistorio, para ser llevada a pleno, la citada moción, que el grupo de gobierno de la institución no incluyó en la posterior sesión plenaria.
Pedro Sosa expone que la Ley de Administraciones Públicas de Canarias de 1990, Ley 14/1990, de 26 de julio, contempla, en su Artículo 129 que “Es inexcusable obligación del presidente [alcalde-presidente] incluir entre los asuntos del orden del día las mociones y propuestas de acuerdo por escrito que los concejales presenten hasta tres días antes de haberse confeccionado el mismo”
El portavoz socialista detalla que en la citada moción se solicitaba al Gobierno de Canarias que retirara inmediatamente la proposición de ley del nuevo catálogo de especies amenazadas.
Asimismo, añade, que también se requería que se elaborase un nuevo catálogo canario, que contara con el respaldo y asesoramiento de técnicos, científicos, responsables de universidades, asociaciones, etcétera; para así conseguir un texto cargado de independencia y máxima solvencia.
El tercer punto de la moción socialista instaba a los organismos pertinentes a mantener el actual catálogo de especies amenazadas mientras se tramitan los catálogos nacionales y autonómicos.
Asimismo, el texto consideraba que el proceso de catalogación implicará que la protección de las especies amenazadas no consista tan solo en medidas pasivas, de carácter preventivo, sino que incorpore medidas positivas por parte de esas administraciones públicas para remediar los factores de amenaza sobre las especies de flora y fauna y sobre sus hábitats.
Como último punto, también se instaba a hacer extensible al resto de los ayuntamientos de Canarias y grupos políticos presentes en las instituciones públicas canarias, a respaldar y hacer suya esta propuesta, como contribución de la sociedad canaria al mantenimiento y protección de la biodiversidad de nuestro entorno.