martes, 20 de julio de 2010

El Puerto de Granadilla arrasará con millones de metros de especies autóctonas


El Coordinador del área de Medio ambiente de Compromiso por Gran Canaria, Miguel Morales Vizcaíno, ha asegurado este viernes que la construcción del Puerto de Granadilla arrasará con 1,7 millones de metros cuadrados de “varias especies autóctonas, como los sebadales, las tortugas bobas y las piñas de mar”.

Al respecto aseveró que “el litoral canario es patrimonio de todos y no sólo de unos políticos que intentan lucrarse con él”, tras el reinicio de las obras del Puerto de Granadilla y la aprobación por CC y PP del nuevo catálogo de especies protegidas en el Parlamento de Canarias.

Morales recordó que “Canarias junto a Hawai son los dos puntos más ricos en biodiversidad del planeta y que, en la actualidad, el valor de un territorio se mide por su biodiversidad, y la actuación del gobierno de CC y PP está destruyendo la nuestra”.

“El proyecto de construcción del Puerto de Granadilla va en contra  de una de nuestras principales fuentes de vida, el Turismo, un turismo frágil, y condicionado  por el entorno privilegiado en el que vivimos, que se deteriorará  aún más con esta actuación”, dijo el coordinador de medioambiente.

A juicio de Morales, “el proyecto es aberrante y está generado por una justificación económica, lo que constituye un engaño más a los ciudadanos, ya que intentan ocultar una y otra vez los verdaderos intereses que conlleva una construcción faraónica como esta”.

Comunicado de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla

Vía: www.nopuertodegranadilla.com


La plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla emite este comunicado con el deseo de alentar a los defensores de una democracia auténtica a que se opongan al anunciado inicio de las obras del puerto de Granadilla.

Es triste y vergonzante ver como la clase política presente en el parlamento de nuestras Islas está intentando acabar con el estado de derecho de una democracia que tanta sangre sudor y lagrimas ha costado sacar adelante. La aplicación de la doctrina Berlusconi en nuestras Islas, basada en cambiar aquellas leyes que no beneficien los intereses de los políticos, nos ha de motivar a iniciar un periodo de reflexión a todos los niveles, ya que esta sociedad y especialmente los que gobiernan el barco en el que todos estamos subidos han perdido totalmente el rumbo.

Nos encontramos ante la política de lo absurdo, de los hechos consumados a golpe de decretazo, obviando incluso las resoluciones del máximo representante judicial que los Canarios nos hemos dado para aplicar nuestras leyes, ya que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) dicto un auto de paralización de las obras, este auto no ha sido levantado, por lo que el inicio de las obras, al amparo de una ley de reciente creación y con visos mas que evidentes de inconstitucionalidad, es un atentado a los fundamentos mas básicos de la democracia.

La plataforma ciudadana contra el puerto de Granadilla no se da por vencida, ya que está en juego mucho más que un puerto, o un sebadal, nos jugamos el futuro de Canarias, no podemos dejar que triunfen las maneras mafiosas de hacer política. Para ello seguiremos haciendo lo que mejor sabemos, contar la verdad donde se nos quiera escuchar.

En el parlamento Europeo no se ha dicho la última palabra, y desmentimos que se vaya a discutir mañana el archivo de la queja que tenemos abierta en el comité de peticiones, como ha salido publicado en algunos medios. Es cierto que hay muchos políticos a los que les gustaría acallarnos en Europa y Madrid, pero no lo tienen fácil. Y aunque la mayoría de los medios de comunicación de nuestras islas estén “intervenidos” por nuestro gobierno, sus tentáculos no llegan a todos lados, contamos con numerosos apoyos de representantes públicos que conocen la verdad sobre este proyecto, y las enormes carencias del mismo, empezando por la financiación que Europa no concederá, y pasando por las dificultades técnicas en su construcción, como los áridos, medidas compensatorias etc.

Hoy es la enésima vez que se anuncia a bombo y platillo el comienzo de las obras, y por enésima vez hacemos un llamamiento para volver a poner en su sitio a los depredadores de nuestro territorio, a los viles que se quieren enriquecer con lo que pertenece a los hombres y mujeres de nuestras Islas, y a los políticos indeseables que se saltan a la torera leyes y resoluciones judiciales, por todo ello, una vez más, todos juntos hagamos que se escuche nuestro grito ¡NO AL PUERTO DE GRANADILLA!

El PSC cree que Puertos activa la obra por temor a perder fondos europeos


El diputado Manuel Fajardo considera que el reinicio de los trabajos es una temeridad

NAIMA PÉREZ / SANTA CRUZ DE TENERIFE 
El Grupo Parlamentario Socialista sospecha de que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha reactivado las obras del muelle de Granadilla por temor a perder los fondos procedentes de la Unión Europea. Esta denuncia fue expresada ayer por el diputado Manuel Fajardo, portavoz del PSC en materia medioambiental. Éste consideró que Puertos ha actuado de forma "temeraria" por ordenar el reinicio de estos trabajos, cuando aún está vigente la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la descatalogación de los sebadales, motivo por el que esta infraestructura se paralizó en febrero de 2009.

"La prudencia con la que actuó en su momento la Autoridad Portuaria al paralizar las obras (en febrero de 2009) es la que ahora no ha tenido", afirmó. Fajardo explicó que si el Catálogo de Especies Protegidas se declara inconstitucional, como así considera éste, la ley quedaría en suspenso y, por tanto, los sebadales volverían a estar protegidos en esta zona. La preservación de la biodiversidad es "más importante" que los proyectos de interés general, recordó el diputado socialista.

"Si se reinician las obras los daños pueden ser irreversibles", dijo. Además, apuntó que la Autoridad Portuaria podría tener problemas no sólo con el Estado sino también con la Unión Europea, ya que el Catálogo de Especies "vulnera dos directivas comunitarias".

En concreto, indicó que la ley canaria no puede desproteger especies que están recogidas en el catálogo nacional. "En cualquier caso, puede proteger más especies, pero nunca menos", añadió. Para los socialistas, que votaron en contra de la norma canaria el pasado mes de mayo en el Parlamento, el Gobierno "no hizo caso a la comunidad científica", que le advertía de su error al desproteger los sebadales.

Fajardo informó de que su grupo ha pedido al Gobierno central y a su partido en Madrid que convoquen la comisión bilateral Canarias-Estado para resolver estas "graves discrepancias", o bien que presenten directamente un recurso de inconstitucionalidad contra el Catálogo canario. Estas son las dos vías que se contemplan en el artículo 33 de la Ley del Tribunal Constitucional.

Fajardo abogó en cualquier caso por intentar primero el acuerdo con el Gobierno regional, a través de la citada comisión bilateral. Sin embargo, tanto el presidente canario, Paulino Rivero, como su consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, están convencidos de la legalidad de su ley y aseguraron el pasado jueves que el Ministerio del ramo "no se entera".

Los socialistas canarios manejan un informe del Gobierno central en el que se justifican las actuaciones para la inconstitucionalidad de la norma. Fuentes del propio Ministerio informaron también recientemente de que se estudia presentar un recurso en este sentido.

"Tonto útil"

Sobre las recientes declaraciones de Paulino Rivero en las que afirmaba que es "casi imposible" que el Catálogo de Especies Protegidas sea inconstitucional, Manuel Fajardo dijo que el presidente canario "no se entera". "Nunca estuvo presente en el debate parlamentario sobre el Catálogo de Especies Protegidas", afirmó el diputado socialista, quien consideró que Rivero "es el tonto útil de Soria (presidente del PP), que lo usa en estas maniobras para que se desgaste".

El parlamentario socialista añadió que aunque fue Coalición Canaria quien presentó la iniciativa en la Cámara "es el Partido Popular quien la está celebrando".

Morales defiende que el catálogo de especies protegidas es constitucional

Vía: abc.es

La presidenta de Coalición Canaria (CC), Claudina Morales, dijo hoy que su partido defiende que la ley del catálogo de especies protegidas de Canarias se ajusta a las leyes nacionales y a la Constitución, y acusó al PSOE de enturbiar el debate al pedir la reunión de la comisión mixta.

Claudina Morales declaró en rueda de prensa posterior a la reunión del comité permanente de CC que para comprobar que la ley es constitucional hay mecanismos sin necesidad de recurrir a la comisión mixta Estado-Canarias.

La presidenta de los nacionalistas canarios manifestó que de todos modos su partido no evitará reunión alguna sobre que se aclare la cuestión.

En cuanto a la reanudación de las obras del puerto de Granadilla, en Tenerife, Claudina Morales recordó que la petición la ha hecho la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que no depende del Gobierno canario sino del español. 

domingo, 18 de julio de 2010

El dictamen pericial pone en duda la operatividad de Granadilla


El puerto de Granadilla estaría inoperativo 212 días, el 58 por ciento del año, para casi todos los buques por causa del fuerte viento que azota la zona. Así lo asegura el dictamen pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el marco del proceso judicial que ha impulsado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la Declaración de Impacto Ambiental que avaló esta infraestructura, promovida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El dictamen destaca que el 58 por ciento de los días del año, cuatro de los cinco tipos de buques que se han estudiado no podrían operar porque la fuerza del viento supera el quinto nivel en la escala Beaufort. El otro tipo de buque, los portacontenedores de una eslora máxima de 198 metros, «sólo» se verían inhabilitados para la operación el 29 por ciento de los días del año, es decir 106.
La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz ha difundido este viernes los datos sobre la inoperatividad de la infraestructura que se pretende construir por parte de la Autoridad Portuaria. El presidente de los defensores del puerto capitalino, Cándido Quintana, criticó el puerto de Granadilla como «un disparate» a la vista de estos datos. Según Quintana, el puerto de Granadilla, si finalmente se llegara a construir, «no serviría para nada». Los opositores a esta infraestructura recordaron que el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, tampoco ha tenido apenas uso y que pesa sobre él la amenaza de baja en el catálogo nacional de puertos y de devolución de los fondos europeos otorgados para su construcción.
Cándido Quintana planteó que el dictamen pericial, realizado por el capitán de la marina mercante Fernando Lucas Correa, recuerda diversos accidentes que tuvieron como consecuencia el exceso de viento. En esa línea, retó al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, a que responda con su patrimonio cuando se produzcan accidentes en la nueva infraestructura.
Los defensores del puerto de Santa Cruz alegaron que la creación de puestos de trabajo, tan socorrida por los defensores de esta infraestructura, «es una falacia». Así, el miembro de la plataforma Juan Martín planteó que para la operación de este puerto «trasladarán a gente desde el de Santa Cruz, que perderá cuota de mercado, y no crearán trabajo en la zona». El puerto de Granadilla, según criticó Justo Fernández, otro de los opositores, sólo servirá para enriquecer a unos pocos. «Fíjense quienes son los propietarios de los terrenos», alegó Fernández, que no quiso entrar a dar nombres, aunque sí recordó que los terrenos que ocupa ahora el centro de distribución de Mercadona en el Polígono Industrial de Granadilla, «pertenecían a Maher», empresa del ex dirigente de Coalición Canaria Manuel Hermoso.
En definitiva, pues, el dictamen pericial añade aún más leña al fuego de una polémica que aumenta cada día, toda vez que los opositores no dan su brazo a torcer.

sábado, 17 de julio de 2010

"Un ejemplo de irracionalidad"

Vía: www.eldia.es

¡No se trata de un error, aquí esta la captura de pantalla! ¡Gran momento histórico, El Día difundiendo tesis contrarias al puerto de Granadilla!

M.G., S/C de Tenerife

La historia del puerto industrial de Granadilla es, para Greenpeace, "el ejemplo mismo de la irracionalidad, un proyecto que pretende destruir seis kilómetros de costa en excelente estado de conservación", según indica su informe. Este proyecto es, para la ONG internacional, una muestra de "desprecio por el medio ambiente".

"Abandonada por las autoridades ambientales, hoy Granadilla depende de la Justicia", se lamentan los ecologistas. Sin embargo, el informe "Destrucción a toda costa" no incluye los últimos acontecimientos: la orden de reanudar las obras de la infraestructura portuaria después de que el Parlamento canario aprobase el nuevo Catálogo de Especies Protegidas, que descataloga los sebadales -praderas submarinas- presentes en la zona.

Canarias, la región con más imputados por corrupción urbanística


Greenpeace coloca a las Islas a la cabeza en número de alcaldes y concejales en el punto de mira de la Justicia. La edificación en el litoral del Archipiélago creció un 54% en sólo cinco años.

Canarias ostenta el dudoso honor de ser, junto a Andalucía, la comunidad autónoma con más alcaldes y concejales imputados por su implicación en casos de corrupción urbanística. El dato corresponde al año 2008 y ha sido incluido por Greenpeace en su noveno informe "Destrucción a toda costa", en el que el colectivo ecologista hace un repaso por el grado de deterioro que sufre el litoral español por la actuación o inacción de las administraciones públicas. "La corrupción política ha sido la batuta que ha dirigido el urbanismo", sentencia la organización.
Las instituciones canarias no salen nada favorecidas bajo la lupa de aumento a la que Greenpeace ha sometido a la costa del Archipiélago. La ONG considera "demoledores" los datos de destrucción del litoral en los últimos años, y apunta que, pese a que únicamente el 40% de su extensión es urbanizable, en sólo cinco años -entre 1997 y 2002- la superficie construida creció un 54%, "y nada indica que este ritmo vaya a parar", advierte el informe.
El fenómeno se produce en todas las islas, pero se da con especial intensidad en los tramos vírgenes de costa. En este sentido, destacan las cifras de Fuerteventura, donde la superficie urbanizada ha aumentado un 159%; Lanzarote, con un 60%, y Tenerife, con un 51%.

"Papel mojado"

Los instrumentos arbitrados por la Administración para poner freno a la devastación del litoral no han surtido efecto, según Greenpeace, que describe como "papel mojado" la moratoria turística aprobada en 2003. Y añade datos: 50.000 nuevas camas aprobadas antes de la entrada en vigor de la norma, 20.000 más al año siguiente, 380.000 plazas residenciales y turísticas planificadas en 2007 junto a 21 campos de golf y 31 puertos deportivos. "Un lavado de cara escandaloso", aseguran los ecologistas.

A tenor de las estadísticas que maneja la ONG, cinco municipios lideran el incremento de la superficie urbanizada en los últimos 17 años: Antigua (270%), Pájara (241%), Adeje (194%), San Miguel de Abona (172%) y Tuineje (109%). Entre 2002 y 2007 se construyeron en las Islas 108.000 residencias, lo que para Greenpeace constituye otra muestra de esta "sinrazón urbanística".

Las autoridades canarias no son las únicas responsables de esta situación. "La depredación de la costa ha estado avalada por el Ministerio de Medio Ambiente", según el informe del colectivo ambientalista, que acusa al Estado de invertir diez veces más en obras en el litoral de las Islas que en la adquisición de terrenos para protegerlos de su destrucción en toda la costa española.

La propia industria turística resulta perjudicada por el "maltrato" a los espacios costeros. Para avalar esta afirmación, Greenpeace se remite al empeoramiento de las cifras de ocupación, pese a las cuales islas "con menor desarrollo urbanístico y un mejor estado de conservación" -como La Palma o La Gomera- han optado por seguir "el mismo camino".

"Destrucción a toda costa" traza una panorámica, isla por isla, de los principales problemas que afectan a la costa del Archipiélago: en Tenerife, la construcción de puertos, con especial referencia al de Granadilla; en Gran Canaria, los campos de golf; en Fuerteventura, el "desmedido" crecimiento de la planta alojativa, unida a la especulación en los "escasos espacios naturales costeros en buen estado"; en Lanzarote, el "ninguneo" de algunos ayuntamientos a las "supuestas buenas intenciones del Cabildo"; en La Palma, la construcción y la ampliación de infraestructuras de transporte"; en La Gomera, las previsiones del Plan Insular de Ordenación. Sólo El Hierro se salva de la quema. "La declaración de la Isla como Reserva Marina y Red Natura 2000 ha sido la herramienta más eficaz para controlar no sólo el urbanismo salvaje sino la pesca descontrolada", celebra Greenpeace que, sin embargo, precisa que El Hierro sí presenta puntos descontrolados de vertidos en su perímetro costero.

Los vertidos son, precisamente, "la constante de la contaminación" en Canarias en los últimos diez años, según los ecologistas. Pese a que la cifra de los puntos no autorizados habían bajado de 267 en 2006 a 208 en 2007, Tenerife continúa "destacando por su crítica situación de contaminación", alerta el informe. Según datos de 2009, en la Isla sólo se recogía el 61,6% de las aguas residuales y únicamente el 36% de ellas recibieron el tratamiento adecuado.

Ocho estadios al día

El trabajo presentado ayer por la ONG indica que España degrada 7,7 hectáreas de costa cada día que pasa para crear urbanizaciones. El informe recoge que en los últimos 20 años se ha destruido en el litoral español la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Greenpeace agrega que "no existe ningún indicio de abandono" de la construcción masiva en el litoral, ni tampoco del "fin del acoso" a los espacios vírgenes.

Así, desde 1987 a 2005 se han destruido un total de 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario). Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%.

Este fenómeno "imparable" en la última década se ha extendido hacia los últimos rincones bien conservados del litoral.

Granadilla supera la mitad del año el viento aconsejado para maniobrar sin riesgo

El límite de viento aconsejable para hacer maniobras sin peligro potencial para buques y tripulaciones se supera en el litoral de Granadilla de Abona en el 58 por ciento de los días del año, según un informe difundido hoy por la Plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Estos datos figuran en el informe pericial solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y elaborado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, en concreto por el capitán Fernando Lucas Correa, en febrero de 2009, con los datos relativos a la velocidad del viento en el litoral de Granadilla de 1995 a 2005.
Según los datos extraídos del informe y que hoy difundieron miembros de la Plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz, en Granadilla de Abona hay vientos de fuerza 5 el 19,50 por ciento de los días del año, de fuerza 6 el 30,93 y de fuerza 7 el 22, 36.
Los datos han sido recopilados de las estaciones dotadas de anemómetro de Puertos del Estado, el Instituto Nacional de Meteorología y el aeropuerto Tenerife Sur.
En el informe se indica que para maniobrar cualquier tipo de buque de gran obra muerta (la parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la borda) es aconsejable hacerlo como máximo con vientos de fuerza 5, según los límites establecidos por Puertos del Estado.
Intentar maniobrar con fuerza 6 y superiores puede entrañar un peligro potencial de accidentes en los buques y en la tripulación, así como en los remolcadores y el personal de los muelles, y daños materiales en barcos, remolcadores, lanchas de prácticos y de amarradores, según los datos difundidos por la plataforma.
También serían inviable el 58 por ciento del año las maniobras con buques gaseros y portacontenedores, y las grúas no podrían operar a pleno rendimiento el 40 por ciento de los días, tendrían límites graves de rendimiento en la manipulación de contenedores e la bodega de un barco el 31 por ciento y estarían fuera de servicio el 29 por ciento de las jornadas.
Según la plataforma, el dictamen pericial sobre el régimen de vientos y su afección al transporte marítimo en el litoral de Granadilla explica de forma suficiente la imposibilidad de realizar, durante al menos el 50 por ciento del año, maniobras portuarias o de estiba en condiciones adecuadas.
"No procede una millonaria inversión en tiempos de aguda crisis económica en un puerto que no podrá operar de forma mínimamente aceptable, por mucho que diga lo contrario la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife", argumentó Juan Jesús Bermúdez.
A su juicio, en una isla no pueden coexistir dos puertos a menos de 60 kilómetros de distancia y menos construir una segunda infraestructura en una zona donde el régimen de vientos impide la operación durante la mitad de los días y el fondeo en la rada todo el año.
Puntualizó que el hecho de que la viabilidad operativa y comercial del puerto de Granadilla está descartada lo demuestra el que no hay "ni una sola empresa armadora que haya mostrado su interés por el proyecto".
Cándido Quintana, presidente de la plataforma, afirmó que detrás del puerto de Granadilla no hay un argumento veraz, sino "una pura especulación y el enriquecimiento fácil".
Al respecto, Justo Fernández, también miembro de la plataforma, apuntó que en este proyecto participan "unos desvergonzados políticos que han llevado al Parlamento unos intereses de unos cuantos con nombres y apellidos".
Odalys Padrón reclamó un debate público sobre el proyecto en el que participen todos los sectores porque, a su juicio, se está engañando al pueblo de Santa Cruz al afirmar que se defiende este recinto y no será perjudicado por el de Granadilla, cuando la realidad es que ha perdido tráfico de contenedores. EFE 

Greenpeace alerta de que la superficie urbana de Canarias creció un 54 por ciento en siete años


El análisis de Greenpeace señala que la superficie edificada en Fuerteventura ha crecido un 159 por ciento en los últimos 17 años, en Lanzarote un 60 y en Tenerife un 51 por ciento



Greenpeace ha denunciado “la destrucción” de las costas canarias, señala que en el periodo entre los años 1997 y 2004 la superficie urbana aumentó en las Islas un 54 por ciento. Estos datos los ha presentado en un informe que analiza y recopila los datos sobre la situación del litoral español durante la última década y se propone una hoja de ruta para proteger “la poca costa que nos queda en buen estado”.

El informe recoge que la presión urbanística se ha centrado particularmente en Fuerteventura, donde la superficie edificada ha crecido un 159 por ciento en los últimos 17 años, en Lanzarote, donde ha aumentado un 60 y en Tenerife, con un 51 por ciento. El mismo modelo se fue trasladando a las Islas menos saturadas, como en La Palma que, en 2004, se proyectaron 25.000 nuevas camas. “La locura urbanística alcanzó su cenit en 2007, en pleno boom del ladrillo se aprobaron planes para construir 380.000 nuevas viviendas”, dicen los ecologistas.

“La fiebre de los puertos deportivos ha sido imparable en el litoral”, apunta Greenpeace y añade que en Tenerife se ha proyectado un crecimiento del 500 por ciento en número de amarres desde 2007. “La proyección desmesurada en Gran Canaria se iniciaba mucho antes, en 2001 se pretendía aumentar la oferta de amarres a 2.000”, indica.

Greenpeace señala en un comunicado algunas asignaturas pendientes en la gestión del litoral, como que el Gobierno de Canarias “abandone todos los intentos por legalizar los hoteles de Lanzarote”; que los proyectos de plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria se rechacen, “pues suponen un foco de contaminación térmica y química muy importante”; o que Canarias cumpla "de manera estricta" con la directiva europea de depuración de aguas residuales. 

La organización ecologista destaca que “el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día”. Asimismo, alerta “del acoso que sufren los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección”. 

Según este informe, en todo el Estado, desde 1987 a 2005, “se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera -este dato no incluye a Canarias-; 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial”.

"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral; lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", ha asegurado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde. 

Asimismo, dice que "es lamentable que por intereses partidistas como los de Coalición Canaria se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".

PUERTO DE GRANADILLA

Greenpeace advierte de que, “históricamente, tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos”. 

Para los ecologistas, Tenerife “acoge uno de los peores ejemplos de desprecio al medio ambiente, con la proyección del puerto de Granadilla, la historia de los intereses especulativos con este puerto es la historia que se inicia en 2003 con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en una zona completamente virgen hasta la paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la descatalogación a la carta de los sebadales
protegidos donde se proyecta el puerto”. 

El colectivo recuerda que en este año, el Gobierno de Canarias “desprotege en el Catálogo Canario de Especies Protegidas el sebadal para saltarse el bloqueo judicial”. 

Según Greenpeace, “la única alternativa posible al Puerto de Granadilla es la ordenación portuaria de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, el Gobierno de España debe anular la declaración de impacto ambiental favorable que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 y denunciar por inconstitucionalidad el Catálogo Canario de Especies Protegidas”.

Compromiso por Gran Canaria dice que el Puerto de Granadilla arrasará con millones de metros de especies autóctonas


El Coordinador del área de Medio ambiente de Compromiso por Gran Canaria, Miguel Morales Vizcaíno, ha asegurado este viernes que la construcción del Puerto de Granadilla arrasará con 1,7 millones de metros cuadrados de "varias especies autóctonas, como los sebadales, las tortugas bobas y las piñas de mar".

Al respecto aseveró que "el litoral canario es patrimonio de todos y no sólo de unos políticos que intentan lucrarse con él", tras el reinicio de las obras del Puerto de Granadilla y la aprobación por CC y PP del nuevo catálogo de especies protegidas en el Parlamento de Canarias.

Morales recordó que "Canarias junto a Hawai son los dos puntos más ricos en biodiversidad del planeta y que, en la actualidad, el valor de un territorio se mide por su biodiversidad, y la actuación del gobierno de CC y PP está destruyendo la nuestra".

"El proyecto de construcción del Puerto de Granadilla va en contra  de una de nuestras principales fuentes de vida, el Turismo, un turismo frágil, y condicionado  por el entorno privilegiado en el que vivimos, que se deteriorará  aún más con esta actuación", dijo el coordinador de medioambiente.

A juicio de Morales, "el proyecto es aberrante y está generado por una justificación económica, lo que constituye un engaño más a los ciudadanos, ya que intentan ocultar una y otra vez los verdaderos intereses que conlleva una construcción faraónica como esta".

Rivero está seguro de que las denuncias contra el Catálogo no dificultarán el puerto


El consejero de Ordenación Territorial está convencido de que Medio Ambiente "no tiene informes" para recurrir

NAIMA PÉREZ / DANIEL MILLET SANTA CRUZ DE TENERIFE
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, mostró ayer su convicción de que los posibles recursos de inconstitucionalidad anunciados contra el Catálogo de Especies Protegidas no obstaculizarán la construcción del puerto de Granadilla, a pesar de que fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consultadas por este diario informaron el pasado miércoles de que se prepara un recurso en esta línea contra la ley canaria, aprobada en mayo y que cuenta con el rechazo de la comunidad científica y otros colectivos sociales.

"No tenemos conocimiento de nada de eso; cuando se presente, si se hace, lo analizaremos, pero ahora mismo no tenemos información alguna", se limitó a responder Rivero. Sin embargo, a la pregunta de si le preocupa al Gobierno un posible recurso en este sentido, el líder del Ejecutivo regional aseguró que es "casi imposible". El dirigente canario hizo la siguiente comparativa: "¿Me preocuparía que mañana llovieran 50 litros por metro cuadrado en Canarias? Pues con el sol que hace, es casi imposible. Pues lo mismo ocurre con este asunto: es casi imposible".

Rivero, quien presentó ayer en la capital tinerfeña un proyecto junto a la empresa pública Gesplan para contratar a 481 personas durante seis meses, rehusó manifestarse sobre la orden dada por la Autoridad Portuaria a las empresas adjudicatarias para el reinicio de las obras del puerto de Granadilla, paralizadas desde febrero de 2009 por orden judicial. Esta petición de reanudación de los trabajos se produjo el pasado martes, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla, donde está prevista esta obra.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, reforzó las palabras de Rivero en este asunto. "No nos preocupa para nada; estamos seguros de la constitucionalidad del Catálogo de Especies", dijo el responsable autonómico, quien añadió que el Ministerio de Medio Ambiente "no tiene ni idea de esto ni informes que avalen un recurso de inconstitucionalidad" contra la ley. "Son fuegos de artificio", concluyó.

Desde los grupos parlamentarios, que tramitaron el Catálogo de Especies, apoyaron también esta norma, salvo los socialistas, que llevan dos días analizando la situación y no han querido pronunciarse al respecto, a pesar de que votaron en contra del Catálogo, porque lo consideran "un ataque contra la biodiversidad".

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, manifestó que su grupo no tiene comunicación oficial alguna del Ministerio de Medio Ambiente sobre un posible recurso de inconstitucionalidad. "El Estado no presenta este tipo de recursos sin antes mantener una reunión bilateral con la Comunidad", aseguró. 

En relación con la orden de reinicio de las obras, el diputado del PP Carlos Ester dijo que le extraña que la Autoridad Portuaria "mueva un hilo sin estar segura" de sus actuaciones. Recordó, en cualquier caso, que el Catálogo cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

Ben Magec Ecologistas en Acción ya ha anunciado, mientras, una ofensiva judicial para evitar la construcción del puerto. Su abogado, el dirigente del también verde Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, ha pedido al TSJC que presente una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el Catálogo de Especies Protegidas, así como elevará en breve una denuncia ante la Fiscalía nacional de Medio Ambiente, por prevaricación y delito medioambiental, contra Domingo Berriel, su antecesora Milagros Luis Brito, el presidentes de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, y su antecesor, Luis Suárez Trenor.

Rivero afirma que no le preocupa que el Gobierno central recurra el catálogo de especies en el TC


El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, aseguró este miércoles que no tiene conocimiento de un posible recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, “no me preocupa porque no hay recurso de inconstitucionalidad”, matizó.

En declaraciones a los medios, el ‘jefe’ del Ejecutivo apuntó que “no soy adivino, no me gusta hablar de algo que no se ha producido”. Reiteró que “no me preocupa porque no hay recurso de inconstitucionalidad”.

En esta tesitura, se preguntó “¿me preocupa que mañana llueva 50 litros por metro cuadrado?, con el sol que hace es casi imposible, pues igual, es casi imposible”, zanjó.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informó este martes de que ha cursado las correspondientes órdenes a las UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicatarias para que retomen los trabajos de construcción del proyectado puerto de Granadilla, después de que se haya publicado en el Boletín Oficial de Canarias el nuevo Catálogo de Especies Protegidas.

''Seguir con las obras de Granadilla sería un desacato''


Quienes animen a que se reanude la construcción del puerto también podrían incurrir en un delito, asegura la organización ecologista.

Eugenio Reyes de Ben Magec-Ecologistas en Acción ha asegurado este viernes que el expediente judicial sobre las obras del puerto de Granadilla en Tenerife "sigue vivo". Por lo tanto, a su juicio seguir con las obras como se ha venido anunciando tras la aprobación por parte del Parlamento canario del nuevo Catálogo de Especies "sería un desacato".

Según Reyes, "los sebadales siguen protegidos: hay leyes nacionales e informes". 

Este representante de Ben Magec aludió a la "protección cautelar" de esta especie para justificar que no se lleve a cabo la construcción del puerto.

Del mismo modo, Eugenio Reyes advirtió que declaraciones que animan a que se reanuden las obras podrían también "ser delito" al incitar a ese supuesto desacato.

PSC: CC y PP manipulan Canarias como si fuera el sumidero de la política


El diputado regional del grupo Socialista Santiago Pérez calificó hoy de "auténtico bochorno" la orden de reanudar la construcción del puerto de Granadilla, y afirmó que CC y PP han efectuado "una manipulación chapucera" porque actúan como si Canarias fuera "el sumidero de la política".
Santiago Pérez dijo a Efe que es "un espectáculo realmente bochornoso" la orden de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de reanudar los trabajos de construcción del puerto, suspendidos por orden judicial, antes incluso de que termine el plazo para la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el catálogo de especies protegidas.
Esta maniobra pone al descubierto definitivamente cómo CC y PP han manipulado la potestad legislativa del Parlamento de Canarias en un tema tan delicado como la protección de la biodiversidad simplemente para intentar desbloquear la decisión judicial de suspender la construcción de una gran infraestructura, añadió.
A Santiago Pérez también le llama la atención el hecho de que los uno de los argumentos utilizados por el PP en su recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña se basaba en que se habían incluido en el texto aspectos propios de normas reglamentarias para intentar evitar el control jurisdiccional por parte de los ciudadanos.
Esto que el PP denuncia en Cataluña es exactamente lo que hace en Canarias, aprobar por medio de una ley lo que en el resto de comunidades autónomas y a nivel nacional se aprueba por reglamento, el catálogo de especies amenazadas o protegidas, apuntó.
"El objeto de esta maniobra es poner fuera del alcance de los ciudadanos y las asociaciones que velan por el medio ambiente la posibilidad de recurrir el catálogo", advirtió Pérez.
Y ello ocurrió el mismo mes en que el Gobierno regional aprobó una "descafeinada y ridícula" ley de participación ciudadana que el parlamentario socialista considera "una maniobra" para pervertir el concepto de la ley, pues lo que pretende es obstaculizar la participación y los derechos de la ciudadanía.
En resumen, dijo Santiago Pérez, lo que CC y PP denuncian a nivel nacional lo hacen en Canarias en una muestra de "doble rasero, como si esto fuera el sumidero de la política".
"Esta manipulación es tan chapucera que pone de manifiesto que quienes la han ideado ni entienden ni creen en las garantías jurídicas que contiene el sistema democrático, y se creen que con una operación de pata de banco se han puesto a buen recaudo, pero hay más vías de las que ellos creen para someter a control esta maniobra", advirtió. EFE

IUC afirma que los dirigentes del Gobierno de Canarias están corriendo demasiado rápido para los ritmos que les permiten sus propias trampas y sus propios abusos


Las actuaciones en relación con el puerto de Granadilla son una antología del disparate

Ramón Trujillo, coordinador general de IUC en Tenerife, valoró en el programa La Trapera de Radio San Borondón la orden por parte de la Autoridad Portuaria de reiniciar las obras del puerto de Granadilla, paralizadas por orden judicial y afirma que la Administración se ha apresurado a dar la orden a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto para que las reinicien en función de la Ley de especies protegidas de Canarias puesto que el TSJC no ha levantado la orden que las suspendió de forma cautelar, lo que provocaría una nueva suspensión cautelar en caso de que comenzaran. 

Ramón Trujillo afirma que la Autoridad Portuaria se ha apresurado a dar la orden a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto para que las reinicien en función de la Ley de especies protegidas de Canarias puesto que el TSJC no ha levantado la orden que las suspendió de forma cautelar, máxime porque el clavo ardiendo al que se aferra Puertos, el catálogo de especies, presenta problemas legales importantes, dadas las anomalías habidas en su tramitación, bloqueando la participación ciudadana exigida por Ley para este tipo de normas. 

Desde su punto de vista, si se reinician las obras del puerto de Granadilla sin que el TSJC se haya pronunciado sobre la suspensión cautelar, se encontrarán con una nueva actuación que volverá a suspender las obras, porque en estos momentos no disponen de una base legal como para hacer efectiva esta orden con la rapidez con la que la intentan hacer. 

El dirigente de IUC afirma que los dirigentes del Gobierno de Canarias están corriendo demasiado rápido para los ritmos que les permiten sus propias trampas y sus propios abusos de la Ley, porque al final, con la promulgación del catálogo de especies que han hecho se evidencia que en el fondo usan la Ley para cometer abusos, con la intencionalidad de acabar desprotegiendo una gran cantidad de especies y un abuso en relación a las arcas públicas, que forman parte de la antología del disparate, porque cuando estamos hablando de tantas carencias económicas, los dirigentes del ejecutivo autonómico se muestran ansiosos por estallarse una millonada en un muelle que no hace falta. 

Trujillo recuerda que el ejemplo mejor de lo inservible que será el puerto de Granadilla lo encontramos en el puerto de Arinaga (Gran Canaria), un muelle que costó muchísimos millones de euros, en el que no se ha producido tráfico y para darle alguna utilidad han optado por llenarlo de de barcos chatarra provenientes del puerto de La Luz para no tener que devolver alguna de las subvenciones europeas concedidas. 

Advierte que es muy escandaloso que se intente construir en un momento de crisis como el actual un puerto que no hace falta, que supone un regalo económico a una serie de empresarios cercanos al poder político para que ganen mucho dinero haciendo unas obras que no se necesitan y que no servirán para generar puestos de trabajo, puesto que si el dinero que cuesta la construcción del puerto de Granadilla se empleara en cualquier otro ramo de la construcción que no sea el de grandes infraestructuras, que requiere de gran maquinaria y la minimización del uso de mano de obra, probablemente en lugar de los 45 puestos de trabajo que crearían las obras del muelle de abrigo, se crearían alrededor de 700 empleos. 

Considera que esta orden de la Autoridad Portuaria es una tentativa más de regalar dinero público a unos pocos empresarios, para que los millonarios de siempre sean más ricos, saltándose la Ley, razones por los que sospecha que no prosperará esta celeridad que tienen para poner en marcha las obras. 

viernes, 16 de julio de 2010

Sí se puede por Tenerife afirma que las obras del puerto de Granadilla están “desautorizadas por la población”


Alternativa Sí se puede por Tenerife considera “un desafío a la razón y al sentimiento mayoritario de la población tinerfeña” el comienzo de las obras del Puerto de Granadilla.

Para el Portavoz insular de Sí se puede, Fernando Sabaté, las obras están desautorizadas por la inmensa mayoría de la población tinerfeña”.

El portavoz insular de la organización ecosocialista califica en un comunicado el anuncio del comienzo de las obras del puerto de Granadilla por parte de la Autoridad Portuaria como un auténtico “culebrón”. En apariencia, según apunta Sabaté, la autoridad portuaria ha ganado la supuesta legalidad institucional, pero ha perdido cualquier legitimidad ante la población de la isla.

Para Sí se puede la aprobación del nuevo catálogo de especies por parte del Gobierno de Canarias ha supuesto un “espaldarazo a los oscuros intereses que se encuentran detrás de la construcción del Puerto de Granadilla”. Para Sabaté “queda demostrado que con el anuncio de las obras que al Gobierno de Canarias y a la Autoridad Portuaria, le importa poco lo que piense una mayoría social de la isla de Tenerife”.

Según Sabaté, “las proclamas de Pedro Rodríguez Zaragoza suponen un fraude a la democracia y al sentimiento mayoritario del pueblo tinerfeño y canario”. Asimismo, el portavoz insular de Sí se Puede considera que la autoridad portuaria ha podido ganar la batalla de la supuesta legalidad institucional que en parte se justifica en las numerosas “tropelías” que se han fraguado desde los despachos de la Consejería de Medio Ambiente, pero que “en absoluto –considera el portavoz de Si se puede–, han podido con la mayoría de tinerfeños y tinerfeñas que de forma sistemática han rechazado de forma democrática y libre los improperios y las arbitrariedades de las instituciones canarias, asegura el portavoz de Sí se puede”.

Y por último, Sí se Puede hace un llamamiento a la población de la isla a que haga caso omiso a las proclamas de la Autoridad Portuaria, y anima a la población a que “manifieste su oposición frontal al proyecto más destructivo y depredador de toda la historia de Canarias”.

Ben Magec: "Sólo las asquerosas triquiñuelas permiten reanudar las obras del Puerto de Granadilla"


Ben Magec Ecologistas en Acción anunció que adoptará medidas jurídicas para evitar que se construya el puerto de Granadilla, en Tenerife, que considera ilegal y que, a su juicio "sólo las más asquerosas triquiñuelas políticas, típicas de auténticos gobiernos despóticos, es lo que permite la reanudación" de las obras.

La organización ecologista se ha pronunciado de este modo un día después de que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anunciase que ha ordenado a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto de Granadilla que retomen los trabajos de construcción de este puerto, paralizados desde febrero de 2009 tras una resolución judicial.

Ben Magec Ecologistas en Acción considera "totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y sobre todo, ilegal como es éste".

Afirma que el proyecto es el que suscita mayor oposición por parte de la ciudadanía en la historia de Canarias y añade que es mayoritaria la oposición al mismo, por lo que opina que reanudar las obras "es un hecho antidemocrático sin precedentes".

Según la organización ecologista en un momento de tan grave crisis del sector turístico, convertir en "chocolate" las aguas del sur de Tenerife y "arruinar" la mejores playas naturales que hay en la isla es una "irresponsabilidad" de la que habrá que pedir responsabilidades, en el supuesto de que se reinicien las obras.

También señala Ben Magec Ecologistas en Acción que "todo el discurso" del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el PSOE sobre la crisis general y la forma de luchar contra ella perderán cualquier sentido.

Perderán sentido si desde el Gobierno central se permite el reinicio de estas obras, "que sin duda, de todas los disparates de infraestructuras proyectado en Canarias, es el más irracional de todos (recordar, una vez más, el proyecto gemelo y fantasma del puerto de Arinaga en Gran Canaria)", advierten los ecologistas.

Además, indica que el "empecinamiento" de CC y PP en este proyecto solo responde a la "prepotencia de no digerir que los movimientos ciudadanos tienen la razón, y aún a sabiendas de que el proyecto es ilegal y nunca se terminará, básicamente por falta de fondos, prefieren hacer el destrozo en la zona con esta reanudación que dar su brazo a torcer frente a los ciudadanos y los ecologistas".

Cejas pide que la obra incorpore a vecinos de Granadilla


Nota de la redacción: Jaime González Cejas está actualmente siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el agujero que dejó en el ayuntamiento de Granadilla tras haber sido desalojado del poder.

"El puerto del polígono industrial de Granadilla favorecerá a la riqueza de la comarca y de la Isla. Ahora bien, la obra también dará trabajo a los vecinos del municipio, así como a empresas locales", comentó ayer Jaime González Cejas, portavoz del PSC en el Ayuntamiento granadillero, tras mantener un encuentro con responsables de la Autoridad Portuaria.

El ex alcalde y jefe de la oposición señala que "se debe firmar el correspondiente convenio con el Gobierno de Canarias" para lograr este objetivo. Además, exige al gobierno municipal que "cumpla con los acuerdos y agilice los planes para que la obra del puerto no sufra retrasos".
"Llegó la hora de la verdad para el tripartito municipal y estaremos vigilantes para que no haga ninguna triquiñuela. Es más, propondremos al Pleno que se cree una comisión de seguimiento" para un mayor control de las obras "y del cumplimiento de los condicionantes medioambientales que han sido acordados", expresa el edil de la oposición.

Ecologistas

Por su parte, Fernando Sabaté, portavoz insular de Alternativa Sí Se Puede, considera "un desafío a la razón y al sentimiento mayoritario de la población tinerfeña" el comienzo de las obras del puerto granadillero.

"En apariencia, la Autoridad Portuaria ha ganado la supuesta legalidad institucional, pero ha perdido cualquier legitimidad ante la población de la Isla", explica el ecologista.

Por su parte, Ben Magec-Ecologistas en Acción considera "totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y, sobre todo, ilegal".
Explican que "en un momento de tan grave crisis del sector turístico, convertir en chocolate las aguas del Sur de Tenerife y arruinar la mejores playas naturales que hay en la Isla es una irresponsabilidad de la que habrá que pedir responsabilidades, en el supuesto de que se retomen las obras" que han sido diseñadas.

La mitad de los espacios protegidos costeros en España están amenazados


Los proyectos urbanísticos y los campos de golf operativos, las principales amenazas
La mayoría de las zonas carecen de planes de ordenación o de planes rectores
Las Comunidades rebajan requisitos para aprobar urbanizaciones

Nuestro litoral tiene 223 espacios naturales protegidos, una cantidad nada despreciable sobre el papel que hablaría de un gran interés para proteger el litoral, pero la realidad es muy distinta es que muchos de estos espacios están amenazados, directa o indirectamente, así más de la mitad 120 ya sufren de ataques.

En ellos existen campos de golf completamente operativos, proyectos de cientos de viviendas, industrias que vierten sus aguas residuales o proyectos de macropuertos industriales sobre hábitats y especies protegidas.

Nula planificación

Muchas de las áreas protegidas carecen de las oportunas herramientas de planificación y gestión (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión) y de los recursos humanos y materiales pertinentes.

Así mientras los gestores y políticos presumen públicamente del número de kilómetros de costa protegidos en sus respectivas comunidades autónomas. Puede que la declaración del espacio protegido le sirva a determinada Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente, elaborando incluso una normativa regional específica. Pero años después, cuando descubren que esa norma es incompatible con algún proyecto de la comunidad, siempre asistimos al mismo proceso: las administraciones intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron.

Legislaciones a medida

Los casos más graves son, sin duda, la elaboración y promulgación de leyes que sirven para disminuir niveles de protección, o directamente desproteger las áreas más apetecibles para usos residenciales y la instalación de infraestructuras.
Claros ejemplos son la descatalogación de las praderas marinas (sebadales) de Granadilla (Tenerife) o la retirada de la protección a una parte del Espacio Natural Protegido de Cabo Cope (Murcia) para construir una macro-ciudad de vacaciones.
Ambas actuaciones están pendientes de la decisión de la justicia. El término anglosajón paper parks, parques de papel, define perfectamente la situación de nuestro litoral, donde, en muchas ocasiones, la declaración de un Espacio Natural Protegido, sólo sirve para declararlo sobre un mapa, sin medidas de gestión reales que las acompañen por parte de las administraciones.

Otra forma de agresión a los Espacios Naturales Protegidos es la formación de cinturones de edificaciones que los asfixian, y anulan la existencia de imprescindibles áreas de “preparque” (perímetros de protección) que deben ejercer una función amortiguadora y de corredores biológicos entre entornos protegidos adyacentes. La amenaza es muy grave porque se trata de franjas de terreno que prácticamente carecen de instrumentos de protección.

La descentralización en materia normativa, de declaración, planificación y gestión de los ENP es cada vez mayor, y se traduce en una complejidad notable para el seguimiento de la situación de estos territorios en el conjunto del Estado español. Existe un amplio abanico de figuras y categorías de protección internacionales, estatales y autonómicas en nuestra costa.