jueves, 3 de junio de 2010

La fauna canaria amenazada por sus políticos



Juan Carlos Atienza
Esta semana pasada Coalición Canaria y el Partido Popular aprobaron, en las Cortes de Canarias, una ley con la que se descatalogan decenas de especies amenazadas. Probablemente, se trata del recorte más importante que se ha llevado a cabo en materia de conservación del medio ambiente en España desde la democracia.

Todo viene de los problemas que les produjo el hecho de tener catalogada un alga, la seba (Cymodocea nodosa), en la construcción del puerto de Granadilla. El primer paso que dio el Gobierno de Canarias fue eliminarla del catálogo canario de especies amenazadas por decreto, pero los tribunales anularon tal pretensión recordándoles que no se puede descatalogar una especie porque venga bien a unos intereses económicos o políticos sino que la descatalogación debía venir motivada por una mejora en el estado de conservación de la especie. Situación que no ocurre ya que la especie se encuentra en un estado de conservación preocupante y una de sus amenazas es justamente la construcción de puertos. Un buen ejemplo de ello es que tras la ampliación, en 2002, del muelle de Las Galletas (Tenerife) el sebadal asentado a la entrada del puerto se redujo en un 97% de su superficie.

A alguna mente preclara se le ocurrió que si descatalogaban la especie por Ley no podría ninguna ONG recurrir ante los tribunales (muerto el perro se acabó la rabia).Y ya que estaban, porqué solo descatalogar la seba si hay muchas especies que pueden ser un estorbo para los desarrollos económicos? Así que se quitaron de en medio todas ellas. Pues eso, una ley que reforma el catálogo canario de especies amenazadas y se acabó el problema ¿o no?

Tanto las ONG como la comunidad científica denunciaron la barbaridad de esta acción y los medios de comunicación se han hecho eco de ello, lo que sin duda habrá restado apoyo a los grupos que apoyaron la iniciativa legislativa. Pero además, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que recurriría la Ley al Tribunal Constitucional.

Esto de aprobar recortes en la protección ambiental vía leyes está empezando a hacerse una costumbre en las Comunidades Autónomas. Es un camino preocupante que habrá que tomarse en serio. SEO/BirdLife y WWF ya han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y al PSOE que analicen el tema y emprendan acciones legislativas que limiten estos abusos de poder.

Recientemente una responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea me decía que es necesario hacer más educación ambiental en los colegios para que los ciudadanos sepan lo que es la biodiversidad. Yo le comenté que me conformaba con que lo supiesen nuestros representantes políticos. Creo que ella en ese momento no me entendió, pero seguro que hoy pensará más como yo.