lunes, 28 de junio de 2010

Morán ha declinado por el momento la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción


Vía: web de juventudes socialistas de Tenerife

El portavoz de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del PSOE en el Congreso de los Diputados, Hugo Morán; ha asegurado que la Ley del Catálogo de Especies Protegidas aprobada en el Parlamento no tendrá “un final feliz” para sus precursores, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

Morán ofreció una rueda de prensa junto a la senadora del PSOE por Tenerife y vicesecretaria Insular de los socialistas tinerfeños, Patricia Hernández, junto a la secretaria general de Juventudes Socialistas de Tenerife, Olga Gabino, sobre la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.

Sobre ella, afirmó que “bajo ningún concepto la Ley que aprueba el Parlamento de Canarias se sujeta a los límites que marca la directiva europea” de protección medioambiental, por lo que “el recorrido que esto pueda tener será más largo o más corto” pero que no tendrá “un final feliz” para CC y PP.

Y esto es así porque a su juicio estos grupos han hecho “una interpretación lo suficientemente retorcida como para entender que eso de ninguna de las maneras pueda tener un final feliz en los términos en los que se plantea”, apuntando a que la justificación hay que buscarla más en la necesidad de “llevar adelante determinadas obras e infraestructuras de interés para la Comunidad Autónoma”.

Aún respetando la necesidad de que estas obras sigan adelante, Morán considera que en ningún caso “se puede hurtar a la ciudadanía su derecho reconocido de participación” en leyes que legislan sobre patrimonio común, como se ha hecho con la presente ley.

Es por eso que invita a CC a “una reflexión” y a que revierta todo el proceso dando espacio a la participación de la ciudadanía, ya que prevé que no pase los controles de legalidad del Estado español ni los de la Unión Europea (UE). 



Iniciativas

Precisamente por eso, Morán ha declinado por el momento la petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción de que cuarenta senadores o diputados socialistas de las Cortes Generales presenten un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley, porque cree que “este no es el momento”.


En todo caso, reserva la adopción de esta medida (cuya solicitud confirma que le ha llegado personalmente) a lo que pudieran dictaminar los controles de legalidad de los servicios jurídicos del Congreso de Los Diputados.

Hay que recordar que los ecologistas se quejaron de que los ciudadanos no tengan forma de recurrir ante una ley aprobada en un parlamento autonómico, y sólo deja como vías para ello que sea el propio Gobierno central, 40 senadores o diputados o el Diputado del Común quienes planteen un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).